Pero algunos sectores de la sociedad civil consideran que la CSJ desechará los antejuicios promovidos contra 92 diputados, más siete que integran la comisión permanente, 13 magistrados de Apelaciones que integraron la CSJ, no obstante, los que sí procederían son contra los seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) -cuatro titulares y dos suplentes-.
No obstante, las diligencias de antejuicio contra los magistrados de la CC, llegaría a un Congreso sin los votos -107- para desaforarlos, pero algunos diputados consideran que los podrían reunir si llegan a comprar a algunos legisladores, ya que al menos 60 diputados no están a favor de tomar esa medida.
Algo que cambia con el anterior proceso para definir la comisión pesquisidora es que se debe hacer un sorteo entre los 159 diputados, en este caso se excluye al presidente del Congreso, Allan Rodríguez y serán ellos los que recomienden retirarle o no la inmunidad a los magistrados del tribunal constitucional.
El jefe de bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) considera que los antejuicios solicitados por el MP son parte de la estrategia de lo que se ha llamado el “Pacto de Corruptos”, y lo hecho por la fiscal general no es ajena a esa estrategia sino parte y lo quiso ocultar con la gran cantidad de antejuicios presentados contra diputados y magistrados de Apelaciones.
“Ya lo tienen calculado, trabajado y no serpia nada raro que vía la corrupción que hay en el país y a la que el Congreso no es ajeno estén ajustando los votos para que cuando llegue ya solo sea de trámite, pero en el Congreso hay bancadas y diputados que no nos prestamos a ese tipo de maniobras sucias en contra de los intereses del país, lo que hace la fiscal es a orillar al país en un mayor enfrentamiento”, indicó Félix.
El parlamentario añade que desconoce hasta cuando el pueblo de Guatemala va a seguir aguantando las maniobras de este pacto, porque todo va encaminado a deshacerse de la CC que es la única piedra en el zapato que queda para tener el control absoluto de la institucionalidad del Estado para poder operar con impunidad.
La jefa de bancada de Winaq, Sonia Gutiérrez considera que la alianza oficialista está muy hermética, solo con el hecho de no saber de la salud del presidente, hay mucha intriga entre ellos, esto creo que serían unos factores que estarían pendientes de que si tiene la suma de los votos si se llegara a conocer el antejuicio contra los magistrados.
“Mi percepción es que ellos no están cohesionados, porque si ya tuvieran los 107 votos ya nos hubieran convocado para ir conociendo otros temas como las reformas a la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional y por ser autónoma necesitan los 107, entonces ellos están ajustando los votos para este tipo de reformas”, explicó Gutiérrez.
La parlamentaria añade que 50 diputados estamos claros que no los apoyaríamos, pero hay unas a las que les costaría obtener los votos como la bancada de Creo y Victoria quienes no se prestarían a este tipo de juegos según los hemos visto actuar.
El jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo), Rodolfo Neutze considera que todos los diputados están muy preocupados por lo que se ha desatado en el tema jurídico, yo no creo que se consigan los 107 votos, ya que hay mucha nebulosa sobre la legalidad de este procedimiento y estoy seguro de que los diputados van a cuidarse de no cometer alguna ilegalidad que los pueda meter en problemas.
“El partido creo ya fue claro en marcar su posición hace algunas semanas cuando se estuvo especulando sobre este tema, consideramos que hay decisiones que faltan a la ética de algunos magistrados de la CC, pero que según nuestro análisis no son ilegales, por lo que no hay razón para desaforar a los magistrados de la CC y nosotros no nos vamos a poner en riesgo que sería ilegal hacerlo”, señaló Neutze.
El jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Manuel Conde Orellana cree que sería especular, afirmar si tenemos o no los votos, además de arriesgado es irresponsable, en todo caso hay un trabajo de una comisión pesquisidora, porque los votos en todo caso serán consecuencia favorable o desfavorable luego del trabajo de la pesquisidora.
“La comisión pesquisidora determinada si hay elementos o no para retirar la inmunidad, el Congreso no tipifica, no juzga, no condena, la labor de la comisión es única y exclusivamente determinar si se mantiene o no una inmunidad, pero decir tenemos o no tenemos los votos es irresponsable. Porque en todo caso la votación tendrá que ser a consecuencia de un informe de una comisión que debe determinar si la denuncia es espurio, político o ilegitimo”, dijo Conde Orellana.
Acciones del MP
Las acciones contra los 92 diputados se derivan por reglamentar la elección de cortes que tiene previsto realizar el Congreso, obviando el amparo otorgado por la CC al MP en el que define que se debe de excluir a los candidatos que tiene comprometida su idoneidad.
La denuncia contra los siete de la Comisión Permanente fue por desobedecer una sentencia de la CC en la que solicitaban el expediente original par frenar el proceso de antejuicio en su contra. Las acciones contra los 13 magistrados suplentes de la CSJ se dan por dar trámite al retiro de antejuicio contra magistrados de la CC, y los seis magistrados de la CC por autoampararse ya que la Ley de Amparo establece que no pueden ser perseguidos por sus resoluciones.
No obstante, la cadena de denuncias entre los diputados, magistrados de Apelaciones y de la Corte de Constitucionalidad, se origina por el amparo en definitiva que el tribunal constitucional otorgó al Ministerio Público en el que establece el procedimiento de como el Congreso debe elegir a los magistrados de CSJ y Apelaciones, excluyendo a todo profesional que tiene comprometida su independencia e idoneidad.
En este caso la Feci ya presentó solicitudes de retiro de inmunidad contra 16 magistrados y jueces señalados por los cargos de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita.
Las sospechas del MP ubican a este grupo de jueces y magistrados en una serie de reuniones no oficiales con el privado de libertad Gustavo Alejos, cuyo fin, según investigadores, sería pactar la lista de candidatos que en ese momento trabajaban las comisiones de postulación para las cortes de Apelación y la CSJ.
