Según las estimaciones a agosto del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones como The Economist y el Banco Mundial, la economía global caerá -4.3%. Aunque todavía son lamentables, muestran un mejor panorama de lo que se creía iba a ser la economía global en junio.

En nuestro país los programas de recuperación no han logrado activarse al nivel que se necesitan y será muy difícil pensar que lo hagan, sin cambios estructurales al modelo con que el Gobierno ejecuta el gasto público y si no se da mayor certeza jurídica para aumentar la inversión pública y privada.

Estimaciones recientes sobre el panorama de gestión pública que realiza Cacif, muestran cómo la ejecución presupuestaria de emergencia covid-19 en varios ministerios al 28 de agosto, está por debajo del 40%: el Ministerio de Relaciones Exteriores con 33.25% de ejecución, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 24.6% de ejecución, el Ministerio de Educación con 22.46%, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con 15.24% y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación con 0% ejecutado de dichos fondos.

En redes y en varias manifestaciones recientes se pregunta ¿dónde está el dinero? Pues simplemente la evidencia demuestra que el sistema de contrataciones no es eficiente para garantizar un aumento del gasto público, especialmente durante esta emergencia, que los fondos deberían haberse invertido en aumentar pruebas, ampliar la red hospitalaria, equipar de mejor forma los centros de salud y hospitales existentes, mejorar los servicios sociales y brindar asistencia técnica a pequeños y medianos productores. En cuanto al empleo formal, según cifras del IGSS a junio 2020, la caída en la afiliación interanual es de -8.3% lo cual implica una pérdida de 112,120 empleos formales en todo el país. Estos datos son más críticos en los departamentos de Sacatepéquez, que perdió el 17.16% de afiliación, El Progreso 11.33%, Guatemala 11.32% y Zacapa 8.62%. Un dato interesante es que Retalhuleu aumentó el número de afiliados en 6.04% al igual que Alta Verapaz en un 4.18%, gracias a los esfuerzos tanto de Guatemágica como de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz, que han sido promotores de atracción de inversión en ambos departamentos.

No cabe la menor duda que para reactivar la economía, el Estado guatemalteco debe ser un facilitador de la inversión, especialmente en sectores estratégicos. Según la firma de consultoría McKinsey para que un país pueda lograr flujos de inversión y escala que catalicen el crecimiento económico y la generación de empleo, nuestro país debe enfocarse en infraestructura, sectores con foco en el mercado doméstico, sectores exportadores, una agenda de competitividad y de seguridad para el inversionista y el desarrollo de un sistema de soporte para promover y atraer inversión extranjera directa.

Mientras que el PIB per cápita (PPA) en los últimos años ha crecido por encima del promedio de Latinoamérica a un 3%, todavía persiste una brecha económica y social con respecto a la región, (US$8,996 para Guatemala vs US$15,140 en promedio para Latinoamérica). La tasa de inversión guatemalteca es una de las más bajas del mundo, únicamente 14% del PIB, de los cuales la inversión pública es apenas el 1.54%. Para cambiar este modelo es urgente retomar la agenda de reactivación económica, aprobando iniciativas como la Ley General de Infraestructura Vial, derogar el ISO, aprobar la ley de insolvencias, la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda y una reforma a la ley de zonas francas.