La prensa cubrió incesantemente la pandemia y escasamente las hambrunas. De allí que reaccionemos con escepticismo cuando nos dicen que más personas mueren de hambre que de covid-19.

Sin embargo, Oxfam, la ONG de izquierda, sacó un estudio titulado El virus del hambre: cómo el covid-19 promueve el hambre en un mundo hambriento. Según Oxfam, el número de personas hambrientas venía en aumento desde 2019, pero hoy 82% más están al borde de la inanición. Los “puntos calientes” de la crisis alimentaria son Yemen, República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, la región de Sahel, en África occidental, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Haití.

En el sitio Worldometer constaté que al 5 de septiembre, 7,613,427 personas habían muerto de hambre, comparado con 881,360 fallecidos por covid-19. La diferencia entre las cifras es apabullante. Sin embargo, inquieta el giro que le da Oxfam al dato: la ONU podría haber combatido el hambre con los miles de millones de dividendos que las grandes empresas alimentarias pagan a sus accionistas. No les da pausa confiscar dividendos que no les pertenecen.
Ignoran los desincentivos para los productores de alimentos que acarrean tales medidas. Son partidarios de usar antojadizamente el poder político, y por eso culpan al Gobierno de las hambrunas y el Gran Encierro. El resultado deseado —cero hambre— no se cosechará apilando regulaciones sobre regulaciones, porque solo los mercados no intervenidos producen y distribuyen alimentos suficientes.

Si el hambre fuera culpa del capitalismo, el mayor número de personas famélicas estaría en los países con economías abiertas. Ninguno de los países listados por Oxfam es libre. Ocupan los últimos puestos dentro del ranquin de 180 países incluidos en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage. Venezuela está en penúltimo lugar, después de Corea del Norte, que, por cierto, debería figurar prominentemente en la lista de Oxfam. Todos pierden el examen: el punteo más alto de este grupo de países corresponde a Mali, en Sahel, con un 55.9. Sumidos en el caos de la guerra, Yemen y Siria ni siquiera pueden ser calificadas. En Etiopía, el movimiento socialista Derg mató a 400,000 personas de hambre entre 1983 y 1985. El hambre se asocia con la represión, la guerra y la ausencia de libertad económica.

El Gran Encierro, no el virus, produjo una catástrofe económica y, por consiguiente, hambre. Muchos gobiernos clausuraron los mercados, comedores y otros negocios de comida, y frecuentemente limitaron el transporte y la distribución de alimentos. Al entorpecer la actividad económica, incluso sectores considerados esenciales sufrieron pérdidas.

Donald Luskin, de TrendMacro, escribió en Wall Street Journal que la imposición del Gran Encierro fue un error porque causó elevados costos económicos y sanitarios. Oiga esto: la investigación de TrendMacro concluye que ningún grado de encierro colectivo es efectivo, porque entre más encerradas y distanciadas estuvieron las personas, más contagios se produjeron, en tanto las aperturas no provocaron picos de contagio. El resultado no varía si “el análisis incluye otros factores explicativos como la densidad poblacional, edad, etnia, prevalencia de asilos de ancianos, salud general o temperatura”, agrega.

En Guatemala, expertos advierten de que el Gran Encierro también agravó las situaciones de desnutrición y hambre. Espero que tengamos claro que la mejor forma de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas no es con paquetes de estímulo, precios tope y otras intervenciones estatales, sino desregulando y liberando mercados.