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Los más afectados son quienes viven en el nororiente del país, en donde se ubica Huehuetenango, el tercer departamento con mayor reporte de niños menores de cinco años con desnutrición aguda. El registro del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan) señala que allí hay 2 mil 115 infantes en dicha condición, datos hasta el 16 de agosto pasado.
“Son indicadores crudos y claros de que hay un impacto directo en la alimentación de las familias y, por supuesto, de los que están en situación vulnerable, que probablemente ya tenían una situación de pobreza y de desnutrición infantil”, menciona Carlos Carrera, representante de Unicef en Guatemala.
La pandemia vino a exacerbar las precariedades entre la población infantil y de los adolescentes. Si para el 2014 la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -Encovi- señalaba que 68 de cada cien menores de 18 años vivía entre carencias, Carrera no descarta que en estos meses la cifra haya aumentado, pues esta es una crisis en “cámara lenta” y el impacto se acumula, al verse golpeada la actividad económica y social del país.
No solo se trata de la escasez de alimentos, otro efecto secundario del covid-19 es la migración. Dejar su tierra en busca de mejores condiciones de vida es una opción para muchos, y entre los entrevistados, el 15 por ciento dice que han escuchado de personas que migrarán debido a la situación económica, y se harán acompañar de sus familias. La mayoría de los que piensa dejar Guatemala se ubican en la región de Petén.
Un informe de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni) indica que entre marzo y agosto de este año la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo 2 mil 307 niños y adolescentes guatemaltecos migrantes no acompañados en su frontera sur, pese a que en marzo el gobierno de Guatemala cerró las fronteras.
Pero esto no termina allí, el sacerdote Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, sentenció hace unos días que el flujo de personas hacia territorio estadounidense aumentará cuando las fronteras se abran.
De las personas que reciben remesas en sus hogares -16 por ciento-, ocho de cada 10 utilizan el dinero para suplir gastos básicos como consumo de alimentos y vestuario.
Evalúan programas sociales
De acuerdo con Unicef, los programas de protección social buscan ser un alivio para las familias en medio de crisis como la desatada por la pandemia del covid-19. Son una solución para abordar la vulnerabilidad infantil y la pobreza, así como para prevenir la transmisión intergeneracional de esta última.
Aunque los programas son señalados de generar dependencia y de disminuir el trabajo de las familias, Alejandra Contreras, especialista Política Social de Unicef, menciona que estos pueden aliviar la situación de emergencia que atraviesa el país, y abonar a evitar el hambre y, con ello, que los niveles de desnutrición aumenten en Guatemala, donde uno de cada dos niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica.
El análisis Estado de las redes de protección social 2018, del Banco Mundial, desarrollado en 79 países, concluye que el 36 por ciento de las personas en pobreza que recibieron beneficios de una red de proyección social salieron de la pobreza extrema.
A través de este estudio, Unicef buscó medir el alcance de algunos programas de asistencia social que el Gobierno implementó como respuesta a la pandemia del covid-19. De esa cuenta se establece que entre el total de entrevistados, 36 por ciento de los hogares recibió el Bono Familia -dato hasta julio pasado, cuando se desarrolló la encuesta-.
Este consiste en una transferencia monetaria de Q1 mil a las familias afectadas por el nuevo coronavirus. A través del decreto 13-2020 se destinaron Q6 mil millones para apoyar a los hogares vulnerables con tres desembolsos.
Ya comenzó la entrega del segundo, que será de otros Q1 mil, pero el tercero podría ser de un monto menor, ya que aumentó el número de beneficiarios.
Otro de los programas sociales implementados en la pandemia fue el del Fondo de protección al empleo con el que se entrega Q75 diarios a los trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos, este lo recibió el 5 por ciento de los encuestados. Mientras que el 12 por ciento de las personas dijo que fue beneficiado con la bolsa de alimentos.
Según el Ministerio de Finanzas Públicas, hasta el 14 de septiembre pasado la ejecución del Bono familia era del 78 por ciento, en tanto que del Fondo de protección al empleo alcanzó el 65 por ciento, del relacionado con la entrega de alimentos no se tiene el reporte de cuánto se ha ejecutado.
Con relación a la alimentación escolar, esta llegó a uno de cada cuatro hogares que tienen niños inscritos en escuelas públicas, lo cual, según Carrera, motiva a las familias a que sus hijos finalicen el ciclo escolar.
Hasta ahora el Ministerio de Educación (Mineduc) ha realizado cuatro entregas de alimentos a 2.5 millones de estudiantes de preprimaria y primaria. Son víveres por 100 días de alimentación escolar, Q4 por día, por lo que cada niño ha recibido Q400 en productos no perecederos, la última dotación incluye verduras.
“Creemos que la estrategia de protección social que puso en marcha el Estado ha sido amplia, llegando al menos a dos tercios de las familias, lo cual es significativo en un período de tiempo corto”, refiere Carrera.
Contreras agrega: “En una crisis o en una emergencia es fundamental este tipo de programas. Guatemala por el alto nivel de vulnerabilidad que tiene -a desastres de origen climático y otros-, se requiere que haya un sistema de protección listo para atender a las familias”.
Apoyo a largo plazo
Los programas sociales implementados por el Gobierno para contrarrestar los efectos del covid-19 en la población fueron concebidos por un corto período de tiempo, y a criterio de Carrera la crisis continuará por más tiempo. Aún se vuelva a la “normalidad”, la situación de los hogares no será la misma que a principios del año, por lo que será necesario continuar con el apoyo a los más vulnerables.
Tomando la experiencia y las buenas prácticas de los programas implementados por la emergencia se deben diseñar otros que sean sostenidos en el tiempo. Una sugerencia es la creación de un registro único de hogares, que sea utilizado por todas las instituciones encargadas de dar la asistencia.
Entre los avances alcanzados, Contreras refiere el uso de tecnología, pues en el pago del Bono familia las personas pueden ir a un cajero o banco para retirar el dinero, o bien utilizar un POS para hacer sus pagos en comercios. También resalta la mejora de procesos internos como lo hizo el Mineduc al coordinar con las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) la compra y distribución de los alimentos.
“En estos meses se han visto avances, que no se habían dado en muchos años de trabajo”, dice la especialista de Unicef, con relación a los programas sociales.
