Óscar Argueta, diputado y quien disputa en las cortes la secretaría general del partido con Torres, dijo en rueda de prensa la auditoría está aún en desarrollo y se espera que termine en las próximas tres o cuatro semanas.
Pero esa investigación ya arroja resultados. Según Argueta, el gasto de por lo menos Q3 millones no tienen contrato o productos que haya sido en beneficio para el partido.
El dinero corresponde a la deuda política. La Ley Electoral y de Partidos Políticos dice que el Estado contribuirá al financiamiento de los partidos con el equivalente en quetzales de US$2 por cada voto a su favor. Esto abarca solo a los que hayan conseguido el 5% del total de sufragios válidos o que hayan logrado una curul en el Congreso.
Esa deuda política tiene destinos específicos: el 30% debe ser para la formación y capacitación de afiliados, el 20% para actividades nacionales y el funcionamiento de la sede central y el 50% para el pago de funcionamiento y otras actividades del partido en los departamentos y municipios en los que tenga organización partidaria vigente.
Argueta sostuvo que una vez estén los resultados de la auditoría se hará la denuncia ante el Ministerio Público (MP), se informará al TSE que esos fondos fueron desviados unilateralmente y sin conocimiento del comité ejecutivo, y demandará su reintegro.
