En el documento, firmado por Porras y por el secretario general del MP, Rony López Contreras, se detalla que el 11 de octubre de 2017 el Ministerio Público (MP), a través de la Jefatura Administrativa suscribió el contrato de compra-venta del edificio, ubicado en la Diagonal 14, bulevar de La Asunción 21-32, Colonia Arrivillaga, zona 5, de la ciudad de Guatemala.
Refiere que la compra-venta del inmueble se encuentra contenida en escritura pública número 336 de fecha 11 de octubre de 2017 y escritura pública de ampliación número 354 de fecha 31 de octubre de 2017, ambas autorizadas en esta ciudad por el Notario Carlos Enrique Rivera Gallardo, con la entidad denominada Bertram, Sociedad Anónima.
Según el MP, se declara lesivo a los intereses del Ministerio Público y como consecuencia a los intereses del Estado de Guatemala el contrato de compra-venta de bien inmueble celebrado con la entidad Bertram, Sociedad Anónima.
Además, se instruye y faculta al Departamento Jurídico del MP para que promueva y ejecute todas las acciones legales que en derecho correspondan con la finalidad de que se declare lesivo el contrato y por ende se deje sin efecto tal contratación.
Entre las consideraciones que tomó el MP para declarar lesivo el contrato está el dictamen número DAJ-Opinión-163-2019, de fecha 3 de octubre de 2019, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas, en el que se concluye “que existieron irregularidades antes, durante y después, en la gestión de la compra del edificio ubicado en la zona 5 de la capital.
Según la publicación, este acuerdo entra en vigor inmediatamente.
El caso
El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.
La orden contra Aldana se justifica, porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley, lo cual no ocurrió, dijo el fiscal Marlon Pacheco en conferencia de prensa ese 13 de septiembre.
Dijo que la compra se concretó pese a que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y que algunos hallazgos es que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.
El bien estaba en obra gris, no tenía acabados; no tenía agua propia, tenía una hipoteca de Q10 millones y la zona no es segura para este tipo de instalaciones.
Lo anterior quedó consignado en dictámenes de una jefa del departamento jurídico, quien fue removida del cargo. La sucesora sí dio luz verde para concretar la compra, de acuerdo con la pesquisa.
La responsabilidad de Aldana, según Pacheco, radicó en el hecho de que ella firmó una resolución del 27 de diciembre de 2017 donde aprueba la compra y delega a la jefa administrativa esa gestión, lo cual es ilegal, según Pacheco.
La negociación del MP fue a través de la entidad Invermo Corp., la cual no está registrada, y estaba representada por William Balz Gallardo, por lo que la entidad Beltram, S.A. a cargo de la venta del edificio, fue utilizada como un medio anómalo para negociar el edificio, cuyo representante legal era Mynor Lobos Agustín.
Además, según una auditoría de la Contraloría, hubo una sobrevaloración de Q3.5 millones en el avalúo que hizo el Departamento de Sección de Avalúos Oficiales, del Ministerio de Finanzas.
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Procesados
El 8 de octubre del 2019, el Juzgado Undécimo resolvió ligar a proceso por fraude a las tres exempleadas del Ministerio Público por el caso de las supuestas irregularidades en la compra del edificio en la zona 5 por Q35 millones.
Se trata de Miriam Salazar y Patricia Beatriz Guzmán que eran acusadas por abuso de autoridad y fraude, pero les fue retirado el primero de los delitos. Mientras que Diana Benavides estaba señalada de incumplimiento de deberes y fraude, también solo quedó ligada por fraude. Las tres quedaron en arresto domiciliario.
El 23 de octubre del 2019, quedó ligado a proceso Mynor Enrique Lobos Agustín por testaferrato. Él fue el vendedor del edificio de la zona 5 al Ministerio Público.
