Según la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), casi dos mil niñas que fueron víctimas de violencia sexual quedaron embarazadas durante este 2020.
Las consecuencias de estos embarazos son también para el Estado a nivel económico, social y en indicadores de Desarrollo. Según estimaciones, el costo para el país de los embarazos en niñas y adolescentes es de Q1, 627.5 millones anuales.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realizó un estudio para cuantificar los costos de un país al no prevenir los embarazos tempranos.
Uno de los datos más reveladores es que apenas el 2 por ciento de las niñas que resultan embarazadas pueden llegar a estudiar en la universidad, cuando el porcentaje de mujeres que llegan a tener estudios superiores en el país es del 9 por ciento.
Guatemala todavía está por debajo de los países de Latinoamérica ya que el promedio a nivel regional de las madres adolescentes que llegan a la universidad es del 3 por ciento. El promedio en México de las mujeres con maternidad temprana que llega a los estudios superiores es del 6 por ciento, en Colombia es del 14 por ciento y en Argentina es del 5 por ciento.
En la mayoría de casos, cuando una niña queda embarazada sus estudios quedan suspendidos para dedicarse al cuidado del bebé. Esto se traduce en que sus oportunidades laborales se reducen al mínimo.
Según el estudio realizado por UNFPA “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Guatemala”, debido a que las niñas que se han convertido en madres no pueden optar a un buen trabajo por falta de escolaridad, provoca una brecha salarial del 30% respecto a las mujeres que han sido madres en edad adulta y que, por consiguiente, han podido continuar con su plan de vida.
“El hecho que las mujeres estén menos preparadas reduce sus oportunidades de acceder a un trabajo bien remunerado”, explica por su parta Ana Luisa Rivas, oficial de UNFPA Guatemala.
Al no poder optar a un trabajo digno, esto se traduce también a menor poder adquisitivo, menor consumo y menor pago de impuestos.
Esto último es lo que afecta directamente al Estado. “El Estado deja de recaudar anualmente alrededor de Q148.05 millones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR), debido a la disminución de ingresos que implican el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana”, menciona el referido documento.
Cada año los servicios públicos de salud de Guatemala destinan más de US$21.5 millones en la atención del embarazo y el parto en adolescentes. Esta cifra incluye US$8.2 millones por la atención de los cuidados prenatales y durante el parto; US$4.2 millones por la atención de partos espontáneos y US$9.1 millones por las intervenciones en recién nacidos.
De esta forma, el costo global de los embarazos en adolescentes en la actividad productiva asciende a Q1,627.5 millones que equivale al 0.28% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Una adolescente madre no tendrá las mismas oportunidades a lo largo de la vida para la inserción en el mercado laboral y por ende para una independencia económica. Esto aumenta las probabilidades de dependencia e inactividad en términos laborales y la ubica principalmente en el rol de cuidadora dentro de los hogares de forma involuntaria, con mayor probabilidad de ubicarse dentro del trabajo informal y con escaso o nulo acceso a la seguridad social”, indican.
Falta de atención durante la pandemia
La doctora Mirna Montenegro del Observatorio para la Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), explicó que ante el confinamiento decretado por la pandemia, la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes se agudizó.
“Lo que hemos visto es que las niñas han perdido lo poco que tenían. Todos los partos de niñas de 14 años deben ser atendidos en los hospitales, pero con la pandemia, las niñas ya no llegan a los hospitales por temor a contagiarse entonces tienen el parto en casa y eso es más riesgoso”, indicó.
Los departamentos de Quiché (7,078), Huehuetenango (9,830, San Marcos (6,887), Guatemala (6,235), Alta Verapaz (8,559) y Petén (5,278) son los que más casos registran en este año y hasta el momento los servicios de salud reportan una muerte materna en una niña menor de 15 años y 25 muerte maternas en adolescentes de 15 a 19 años.
Montenegro agregó que también se ha perdido el seguimiento y la atención psicológica a las niñas con embarazos tempranos debido a que los servicios se han concentrado en atender a pacientes covid-19.
Ante esto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) indicó que los servicios no se han suspendidos y que los promotores de salud a nivel local están trabajando en campañas para incentivar a las niñas y adolescentes a que se acerquen a hacer sus controles prenatales.
“El costo psicológico, emocional y físico de las propias niñas al sufrir un embarazo a temprana edad es un costo alto porque se truncan sus proyectos de vida, sus metas y es muy difícil retomarlas. Son costos no cuantificables”, puntualizó Rivas.
