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Estas conclusiones se desprenden del informe “Procedimientos para la selección y nombramiento de magistradas y magistrados en las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica”, elaborado por el Proyecto Estado de la Región del Consejo Nacional de Rectores (de universidades públicas) de Costa Rica.
El estudio afirma que en la mayoría de países de Centroamérica no existen reglas claras y explícitas sobre el perfil de las personas a elegir ni sobre los criterios objetivos a utilizar para evaluar y calificar a las personas postulantes para los cargos de magistrados.
Mora detalló que los criterios de evaluación de las candidaturas son de orden general, lo que facilita que en las instancias políticas puedan ser modificados y que haya un “nivel de discrecionalidad amplio”.
“La experiencia y la formación académica a veces no tienen tanto peso a la hora de calificar”, lamentó.
Otra de las debilidades del sistema es que el nombramiento de los magistrados en la región está cargo de órganos políticos.
“En Centroamérica, en la mayor parte de los países los procesos de selección y nombramiento están altamente politizados porque son instancias políticas las que eligen a estas personas, pero, sobre todo, en algunos casos la estructura y procedimientos definidos propicia la intervención de actores externos que no están facultados necesariamente por el ordenamiento jurídico”, dijo Mora.
El investigador aseguró que en estos procesos la influencia política y económica permite muchas veces que se favorezca a cierto perfil de candidato, lo que causa un daño a la independencia judicial.
Mora comentó que el Poder Judicial es uno de los pilares institucionales de cualquier democracia y que para Centroamérica es urgente garantizar la transparencia y publicidad de los procesos de selección de los magistrados.
“Entre los retos en rendición de cuentas y transparencia se encuentran hacer públicas las sesiones de votación para seleccionar a los candidatos de la nómina que se remite al Congreso, y la sesión del Congreso en las que se eligen a los magistrados”, declaró.
Según el informe, en la mayor parte de los países centroamericanos estas sesiones son secretas.
“La transparencia y rendición de cuentas ha mejorado en todos los países debido a una mayor priorización de estos temas en la agenda de la opinión pública, la vinculación de actores de observación de los procesos, y también se ha constatado el tráfico de influencias, la intromisión de intereses políticos, partidistas y de otra naturaleza”, comentó Mora.
Otra debilidad señalada por el informe es que en países como Guatemala y Honduras se limita la posibilidad de capitalizar la experiencia de los magistrados, pues la totalidad de los cargos se renuevan cada 5 y 7 años, respectivamente.
El estudio indica que en Honduras y Guatemala se da la participación de amplios sectores sociales, disminuyendo la opacidad de los procesos, pero ello “no ha implicado el apego a los estándares internacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas”.
En Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá se cumple con el principio de publicidad de las convocatorias a los cargos, pero el informe recomienda que ello cubra las diferentes etapas del proceso hasta la elección definitiva de las magistraturas.
La investigación del Proyecto Estado de la Región constató que la sociedad civil ha presentado recientemente propuestas de reforma en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, pero que solo en este último país la iniciativa busca modificar de manera integral el proceso de selección, lo que implicaría una reforma constitucional.
En los otros casos las propuestas se refieren a temas puntuales para resolver solo algunas de las deficiencias.
