Hace más de un año que venció el período constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin que ni siquiera se vea una luz de una próxima elección de sus sustitutos. Varias organizaciones de la sociedad civil, gremiales, cámaras empresariales y otros grupos manifestaron en aquél entonces, 2019, su preocupación por que continuaran los magistrados en su cargo cuando su período ya había vencido.

En aquel momento, algunos analistas y grupos manifestaban que no había tal cosa como un rompimiento del orden constitucional, pues a pesar de que el plazo de los magistrados de la CSJ establecido en la propia Constitución había vencido, el proceso para elegir a nuevos magistrados se encontraba viciado. Esto lo conoció la Corte de Constitucionalidad y resolvió que el proceso debía repetirse y estableció la forma —que en la práctica llevará meses, si no años— en que debía hacerse. Más de un año después, sigue sin haber elección de nuevos magistrados.

Ahora, aquellos que en algún momento manifestaron su total anuencia y apoyo a que los actuales magistrados siguieran en su cargo hasta que se eligieran nuevos, o sea por tiempo indefinido, no solo se encuentran preocupados y molestos de que no haya nuevos magistrados, sino que además se oponen a que estos (los actuales magistrados de la CSJ) designen a nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, como explico más adelante. No hay que perder de vista el hecho de que la actual CSJ tuviera que elegir a dos magistrados de la CC no era algo que dichos analistas y grupos se imaginaron en octubre del año pasado, imposible de prever; quizá este nuevo factor sea el que los haya hecho cambiar de opinión, y no tanto su autoproclamado deseo de justicia y Estado de Derecho.

La Corte de Constitucionalidad se integra por diez magistrados, de los cuales actualmente solo siete se encuentran en funciones: el magistrado Neftaly Aldana se encuentra ausente por enfermedad, la exmagistrada Consuelo Porras dejó de serlo cuando fue nombrada Fiscal General, y el exmagistrado Bonerge Mejía (QEPD) dejó de serlo por fallecimiento. Así, de los diez magistrados que deberían integrar la Corte de Constitucionalidad, según la propia Constitución, solo la integran siete. Lo procedente entonces, no solo legalmente sino por mero sentido común, es que se proceda a elegir a quienes deban llenar tales magistraturas vacantes.

Resulta curioso que varios analistas y grupos se opongan a que se declare la cesantía del magistrado Neftaly Aldana por enfermedad, después de que su esposa e hijos lo solicitaron con base a una opinión médica, sino que además se elijan nuevos magistrados, sin mencionar el silencio del Procurador de Derechos Humanos, ¿que acaso el acceso a la justicia no es un derecho por el que debería velar? ¿Se viola este derecho? ¿Por qué esa oposición, silencio o tibieza? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el interés en que la CSJ, la misma que ellos hace un año dijeron que debía continuar en funciones indefinidamente y ahora apresuran su elección, no designe magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Interpretar y aplicar la Constitución a conveniencia resulta contraproducente para toda la ciudadanía; su texto se debe aplicar independientemente de los tiempos políticos.

La ciudadanía merecemos respuestas por parte de nuestros funcionarios públicos. Y respuestas apegadas a Derecho, según nuestra legislación vigente. Opiniones y análisis honestos. Los guatemaltecos debemos trabajar más, exigir más, y velar más por la construcción de un estado de Derecho.