Hace un año, el 13 de octubre de 2019, la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones debieron renovar sus autoridades por mandato constitucional.
Sin embargo, aún no existen los consensos necesarios en el Congreso para el proceso de elección, y las fuerzas legislativas reconocen que la integración de las nuevas cortes no se concretará con prontitud.
En los últimos 12 meses muchos sectores se han ido sumando para exigir que se proceda a la elección y advierten del mensaje que se da al país, que uno de los tres poderes del Estado haya tenido que dilatar su mandato.
Los efectos negativos de retrasar la renovación de cortes van desde la incertidumbre jurídica hasta problemas de institucionalidad.
