Aquellos países lo pidieron, pero el Gobierno guatemalteco —encabezado por el expresidente Álvaro Arzú— prefirió no hacerlo, con lo cual dejó pasar la oportunidad de evitar la deportación de cientos de connacionales.
Veintidós años más tarde, otros desastres naturales han golpeado a Guatemala, y aunque el beneficio se ha pedido, no solo por parte del Gobierno, sino incluso por algunos congresistas estadounidenses, ese país no lo ha otorgado.
Al mismo, durante estos años el TPS se ha renovado a Honduras y Nicaragua, mientras que a El Salvador se le otorgó en el 2001 por los terremotos de enero y febrero de ese año.
Intentos fallidos
Bien sea por incapacidad para cabildear o porque las solicitudes se han planteado en momentos políticos inadecuados, lo cierto es que Guatemala ha efectuado de manera oficial la petición por lo menos en cinco ocasiones, después de 1998.
El 12 e octubre del 2005 el gobierno del entonces presidente Óscar Berger pidió el TPS por los daños y muertes que dejó en el país la tormenta tropical Stan. Por un fenómeno similar, la tormenta Ágatha, la administración de Álvaro Colom hizo la misma petición el 4 de junio del 2010.
Luego, el 9 de noviembre de 2012, el Gobierno de Otto Pérez Molina volvió a pedirlo tras el terremoto que dos días antes había golpeado al país, sobre todo a los departamentos del occidente. En esa ocasión, el exmandatario llegó a decir de que era cuestión de días para que lo otorgara la administración de Barack Obama.
En mayo del 2016, cuando Jimmy Morales tenía meses de haber asumido el Gobierno insistió infructuosamente en la petición de sus antecesores.
Dicha solicitud tampoco fue tomada en cuenta dos años más tarde cuando Guatemala resultó seriamente afectada por la erupción del Volcán de Fuego, ni siquiera porque esta petición fue respaldada mes y medio más tarde por un grupo de 44 congresistas estadounidenses.
¿Qué es el TPS y a quiénes se otorga?
El TPS fue creado en 1990 para conceder permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales u “otras condiciones extraordinarias de carácter temporal”.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., es un beneficio que extiende el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para ciudadanos de determinado país que no pueden estar en su nación de origen de forma segura.
Los beneficiarios no pueden ser deportados de EE. UU. y pueden acceder a permisos de trabajo y de viaje. Además, tampoco podrá ser detenida por el DHS debido a su estatus migratorio.
Poco viable
Analistas en temas migratorios coinciden en que, al menos durante lo que resta del mandato del presidente Donald Trump, es muy difícil que Guatemala pueda ser beneficiado con el TPS.
Pedro Pablo Solares, analista, explicó que dicho beneficio migratorio fue creado por el Gobierno de EE. UU. justo para situaciones como la que atraviesa Guatemala en estos momentos.
Sin embargo, debido a la agenda antimigrante del presidente Trump, sumado a que una probable concesión de este beneficio es vista por el Departamento de Seguridad Interna como una probable herramienta para que traficantes de personas incentiven la migración irregular, hace difícil que Guatemala salga favorecida.
Para Solares, queda la duda en el ambiente de si acaso no era mejor esperar unos meses más para plantear la solicitud ya con Joe Biden al frente del Ejecutivo estadounidense.
“Yo no le veo ningún futuro —a la solicitud— porque el gobierno de Trump ha sido claro respecto a la migración y Biden tendrá que retomar aspectos de política migratoria integral, pero no creo que vaya por la vía del TPS”, expuso Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales de la Universidad Rafael Landívar.
La académica Úrsula Roldán, añadió que el Gobierno de Guatemala ahora debe preocuparse pero por contar con un plan integral de inversión y fortalecimiento institucional del país para aprovechar posibles fondos que la cooperación internacional dará por la tormenta Eta, ya que por el momento tiene muchos aspectos en contra en cuanto a transparencia y efectividad.
“Hoy, el Gobierno no tendría ni la autoridad moral ni política para esperar un apoyo de EE. UU. cuando aquí no se ha hecho nada para detener la corrupción y la cooptación de las cortes”, afirmó Roldán, quien considera que la política de las próximas autoridades estadounidenses irá en esa línea.
Lineamientos
En ese sentido, el sitio de internet de la campaña del presidente electo Joe Biden dedica importantes espacios para la política a implementarse para Centroamérica a partir del próximo año, cuando asuma el poder, con el fin de reducir la migración irregular. Ninguno de los puntos habla del TPS, o algún tipo de beneficio migratorio para los países.
Dicha política consta de cinco ejes y el objetivo es que los países sean capaces de dar oportunidades de desarrollo a su propia gente. El primero, es acerca de un plan de cuatro años y US$4 mil millones para abordar los factores que impulsan la migración desde el istmo.
Además, la movilización de inversión privada a Guatemala, El Salvador y Honduras; el mejoramiento de la seguridad y el estado de derecho; la lucha contra la corrupción “endémica” de estos países, y combate a la pobreza mediante el desarrollo económico.
El presidente electo también ofrece acabar “de inmediato con las draconianas políticas de inmigración de la administración Trump” y reencauzar los millonarios recursos destinados para las prisiones de inmigrantes para ayudar a las personas a sentirse seguras en sus países de origen.
Esperanza
Leticia Baran, migrante que radica en EE. UU. y presidenta de la Asociación Primaveral, expuso que está de acuerdo con la solicitud del TPS que hizo Guatemala y considera que “no hay que perder la esperanza” de que pueda ser concedida, aunque reconoce que probablemente haya más posibilidades después de que Biden tome posesión del cargo.
No obstante, considera que el éxito o fracaso de la solicitud dependerá de la capacidad de cabildeo y de negociación que tenga Guatemala, porque en otras oportunidades se ha solicitado, pero con muy poca fuerza.
“Las autoridades guatemaltecas deben hacerles saber al Gobierno de EE. UU. que todo lo que está ocurriendo por allá en Guatemala es verídico”, enfatizó.
