Ambos abogados fueron elegidos el 10 de noviembre por la Suprema y durante la noche fueron juramentados por el Congreso para ocupar las vacantes de los magistrados Neftaly Aldana, titular, quien fue cesado del cargo por enfermedad, y María Consuelo Porras, suplente, quien renunció en 2018 para ser fiscal general. La elección servirá para culminar la magistratura 2016-2021.
La CC aún no ha emitido resolución en torno a las tres peticiones.
Consultado por Prensa Libre, Molina Barreto dijo que él cumplió con todos los requisitos de la convocatoria, no está sujeto a proceso penal ni ha sido condenado por violación de derechos humanos, y prueba de la legalidad de su nombramiento es que los magistrados de la CC le dieron posesión del cargo, algo que no habría ocurrido si hubiera ilegalidad en el proceso.
Resaltó que los grupos que se oponen a su nombramiento solo buscan impedir que las cortes se integren y recordó que en años anteriores las organizaciones han impugnado las elecciones de esos órganos estatales. Esas agrupaciones, dijo, “buscan que la corte sea un ring donde se diluciden sus situaciones confrontativas”. Agregó que no se pronunciará sobre si integrará el pleno en el momento que se conozcan las solicitudes de amparo en su contra puesto que desconoce si el tribunal les dará trámite.
CALDH
El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) también presentó este 16 de noviembre un amparo contra la elección de Molina Barreto con el argumento de que el abogado no cumple con el principio de reconocida honorabilidad y no es idóneo para el cargo.
Se le señala de que, cuando fue magistrado de ese tribunal en 2013, “emitió resoluciones contrarias a la ley en el caso por genocidio contra Efraín Ríos Montt”, exjefe de Estado de facto, y también porque participó como candidato a la Vicepresidencia de la República en 2019, lo cual podría otorgar beneficios personales pero contrarios a las prohibiciones constitucionales.
Además, CALDH plantea que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no conoció tachas contra Molina Barreto y otros aspirantes al cargo.
Alianza por las Reformas
Alianza por las Reformas presentó el 13 de noviembre amparo contra irregularidades en la elección de la CSJ en la que fueron nominados Molina Barreto y Rosales Mirón.
La organización expuso que los magistrados de la Suprema no firmaron el acuerdo 45-2020 en el que establecían las reglas para la elección de magistrados titular y suplente, asimismo no conocieron las tachas que organizaciones sociales presentaron contra los aspirantes -Alianza presentó dos dos tachas contra Molina Barreto-.
Para esta agrupación, Molina Barreto no cuenta con honorabilidad ni independencia porque es parte del partido político Valor, fue candidato nominado a la Vicepresidencia en 2019 por ese partido.
Primera acción
El abogado Marco Vinicio Mejía presentó el 12 de noviembre un amparo contra la convocatoria de la Suprema del 30 de octubre porque considera que no tiene fundamento legal. Considera que la Suprema actuó con “notoria ilegalidad” contrariando preceptos constitucionales.
