Desde la campaña electoral el presidente Alejandro Giammattei ofreció cerrar la SAAS como un gesto de austeridad. El plan, luego de desaparecerla, es delegar las funciones administrativas y de seguridad a la GP, según confirmó Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia.
“(Las funciones de la SAAS) podrían trasladarse a la GP del Ejército, ya que se trata de una fuerza élite que actualmente participa en la seguridad perimetral del mandatario y tiene como misión proporcionar seguridad al señor presidente constitucional de la República y comandante general del Ejército, señor vicepresidente y sus familias, con el fin de preservar su integridad física y mantener la institucionalidad del país”, respondió Masek en un mensaje de texto al preguntarle quién se encargará de las atribuciones que actualmente tiene SAAS.
Actualmente, la GP tiene un presupuesto de Q19 millones, de lo cual se ha ejecutado el 81.60 por ciento, es decir, Q15 millones 503 mil 874. No obstante, fiscalizar cómo se erogan estos recursos es una tarea llena de obstáculos.
En principio, la GP es un Comando Militar Especial del Ministerio de la Defensa (Mindef). Sin embargo, cuando se pide información a la Unidad de Información Pública (UIP) del Mindef, ésta se excusa y redirige al solicitante a un número telefónico de la GP (44966679) que está fuera de servicio, tal como se pudo constatar.
La GP tampoco tiene una UIP constituida. Esta debería fungir como el órgano interno que, entre otras atribuciones, tramite las solicitudes de información pública y oriente a las personas que las requieran.
Al consultar sobre esto, Rubén Téllez, vocero del Mindef, dijo que el presupuesto de Q19 millones de la GP depende de la Presidencia de la República. Por ese motivo en el portal electrónico del Mindef únicamente se encuentra “información operacional” de la GP, justificó Télllez.
Por su parte, la SAAS, que se encarga de los asuntos administrativos de la Presidencia, tampoco rinde cuentas sobre Guardia Presidencial y aseguran que es el Mindef el encargado de hacerlo.
Al cierre de esta nota se logró tramitar una solicitud de información ante la GP por medio del correo gp@mindef.mil.gt, que fue proporcionado por medio de la Secai.
Un portal deficiente
En abril de este año, la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública (Secai), la dependencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que supervisa el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip), verificó si la GP cumplía con publicar la información pública de oficio que establecen los artículos 10 y 11 de dicho cuerpo legal.
El informe de la SECAI le otorgó un punteo de 7.32 sobre 100 a la GP, una calificación deficiente según los criterios de la PDH. Esto se debió a que, de 29 aspectos que debía publicar según el artículo 10, solo cumplió con tres, que eran: el directorio de la entidad, el marco normativo y el ítem de otra información de utilidad o relevancia, donde colocaron la historia de la institución.
La GP recién habilitó un portal (guardiapresidencial.mindef.mil.gt) para publicar su información de oficio. Sin embargo, al revisar este portal se corroboró que 24 de los 29 items que establece la Laip no tenían información.
Lilian Sierra, titular de la Secai, dijo que se otorgará un margen de dos semanas a la GP para que enmiende estas faltas y termine de constituir su UIP. Si esto no ocurre se podrían iniciar acciones legales ante el Departamento de Procuración de la PDH.
María Angélica Morales, directora de Rendición de cuentas e información pública de la Comisión contra la Corrupción del Ejecutivo, dijo que ya se percataron de las debilidades respecto a la falta de cumplimiento de la Laip en GP y actualmente brindan acompañamiento para mejorar su cumplimiento.
Morales dijo que, aunque la GP trabaja de manera coordinada algunas tareas con el Mindef, son una unidad ejecutora y administran un presupuesto. Por esta razón deben conformar una UIP adicional a la del Mindef, comentó.
La funcionaria espera que en el próximo ranquin de transparencia de la PDH la GP tenga una mejor puntuación.
Sin garantía
Silvio Gramajo, consultor en temas de acceso a información pública, explica que mientras las autoridades del Mindef y GP generan acuerdos sobre quién es el responsable de rendir cuentas, se está vulnerando el derecho de las personas a acceder a información pública, afirma Gramajo.
“Nosotros no tenemos por qué esperar la posibilidad de tener información mientras ellos se ponen de acuerdo. Alguien tiene que garantizar el derecho a las personas en este momento. Estos momentos de incertidumbre evitan que se garantice el derecho de acceso a la información”, dijo el entrevistado.
Por su parte, Edgar Celada, analista en temas de seguridad, considera que si el plan es delegar funciones de seguridad a GP, una entidad militar, esto supone un retroceso al espíritu de los Acuerdos de Paz que aspiraban a supeditar el poder militar al poder civil.
Además, se corre el riesgo de que al estar la seguridad en control militar se obstaculice la fiscalización de los recursos públicos. “Todo eso se acaba con esos modelos de conducción del Estado”, advirtió Celada.
