En diversos puntos del país se han vivido los últimos días manifestaciones ciudadanas que detonaron tras la aprobación del presupuesto para el 2021, el cual se impulsó de urgencia nacional por la alianza oficialista en el Congreso luego de negociaciones a puerta cerrada.
Diversos sectores, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), los países donantes del G13 o la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), reconocieron que la mayoría de la población guatemalteca protestó de forma pacífica y que los actos de violencia contra las instalaciones del Congreso de la República no representan el rostro de la jornada de manifestaciones.
El gobierno de Guatemala, por su lado, decidió centrar su atención en este último escenario e invocó la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, argumentando que existe una intención de dar golpe de Estado por parte de “grupos minoritarios”, los cuales no identificó.
“Los actos de violencia sistemática en contra de las instituciones nacionales, de los cuales hemos sido testigos todos los guatemaltecos en los últimos días, no representan formas legítimas de ejercer la libertad de expresión. Por el contrario, dichos actos no son sino un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado”, afirmó en un comunicado el gobierno.
Decisión prematura
La Carta Democrática Interamericana, en sus artículos 17 y 18, establece que cuando el gobierno de un Estado Miembro, en este caso Guatemala, considere que esté en riesgo su legítimo ejercicio del poder puede recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente y solicitar asistencia para que se preserve la democracia.
El proceso implica que se efectúen visitas oficiales al país y otras gestiones que sirvan para analizar el escenario y tomar las medidas que sean pertinentes.
Al respecto, Roberto Wagner, experto en temas de política internacional, explica que para poder afirmar que existe una amenaza al orden constitucional, el gobierno debe demostrar antes que existen acciones organizadas y reiteradas que buscan, por ejemplo, dar un golpe de Estado.
Pero no solo eso. Debe también nombrar quiénes son los responsables que promueven las acciones golpistas, afirma Wagner.
“Si el gobierno tiene evidencia de que las personas responsables (de incendiar el Congreso) tienen intenciones de carácter golpista, de derrocar al gobierno y suplantarlo con otros gobernantes, esa sería una evidencia más válida. Pero no por cualquier acto vandálico contra edificios públicos el gobierno debe pedir ayuda a la comunidad internacional, porque existe un cuerpo de leyes (nacionales) para llevar a cabo esa investigación”, refirió Wagner.
Si el gobierno no logra demostrar las intenciones golpistas, lo que se evidencia es que hay un plan desde el Ejecutivo para estereotipar cualquier manifestación ciudadana, dice Wagner.
Por su parte, el excanciller Edgar Gutiérrez agrega que en ningún país democrático las manifestaciones pacíficas, como las que se dieron en la Plaza de la Constitución y en otros puntos del país, puede considerarse una amenaza al orden constitucional.
“A todas luces el gobierno se precipitó y trata de victimizarse. Ni siquiera hay una versión oficial del resultado de la investigación del Ministerio Público”, cuestionó Gutiérrez.
El experto prevé que el Consejo Permanente de la OEA determinará que no existe un riesgo de golpe de Estado. De tal cuenta, la invocación a la Carta Democrática Interamericana “es un paso en falso y un cálculo erróneo del gobierno”, dijo Gutiérrez.
De momento, lo que se observa es un gobierno autoritario “que va en camino a volverse más autoritario”, lamentó el entrevistado.
Anamaría Diéguez, ex viceministra de Relaciones Exteriores, considera que la manifestación que se llevó a cabo el fin de semana pasado en la Plaza de la Constitución no implicó una amenaza al orden constitucional.
La protesta, afirmó, se debe a un conjunto de acciones que han indignado a la población, como la poca transparencia en el manejo de los recursos públicos o el uso de éstos para beneficios particulares.
“Lo que hubo fue una manifestación pacífica en la plaza, de ciudadanos que estamos cansados del actuar del Congreso, entre otras cosas. Y si bien esto no representa toda la problemática, sí fue la gota que rebalsó el vaso y despertó la cólera de muchos que estamos protestando, pero no existió una intención de romper el orden constitucional”, enfatizó la entrevistada.
De tal cuenta, Diéguez comentó que es el gobierno el que tendría que explicar las razones por las que invocó la Carta Democrática.
“Se ha alterado la paz pública”
El Ministerio de Relaciones Exteriores justificó que los actos de violencia, vandalismo y “los llamados al rompimiento constitucional” han alterado la paz pública y “puesto en peligro la institucionalidad democrática”.
Aseguran que hay personas que se han propuesto interrumpir el actual período de gobierno, aunque no identificaron quiénes son los responsables ni la evidencia con la que cuentan.
“Vemos en ese sentido con preocupación a personas y sectores que, desde el anonimato, se han dado a la tarea de proponer procesos fuera del marco constitucional y cuyo objetivo, sería interrumpir el actual período de Gobierno. Estos actos constituyen una afrenta no solo al pueblo de Guatemala, sino también a la aspiración ciudadana de fortalecer la democracia representativa en el hemisferio y en el mundo”, justificaron en una respuesta institucional.
