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Las entidades expresan su preocupación por “la grave crisis política que enfrenta el país”, y buscan “denunciar las violaciones a los derechos que el gobierno de Alejandro Giammattei está cometiendo en contra de la población”.
La misiva dice que estas violaciones se traducen en la “restricción de los derechos de manifestación, libertad de expresión y participación de la ciudadanía”.
El texto describe lo acontecido en las dos últimas manifestaciones contra el mandatario y los diputados y afirma que “el Gobierno reaccionó de forma brutal contra los manifestantes, lanzando gases lacrimógenas de manera represiva” y resaltan los daños que sufrieron los ciudadanos, incluidos periodistas.
“Durante las manifestaciones de los últimos años jamás habíamos visto hechos de violencia ni una actuación similar por parte de la Policía Nacional Civil”, dicen las organizaciones, que creen que ese actuar se debe a instrucciones directas del ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y del presidente Giammattei.
Recuerdan que estos hechos van en contra de lo recomendado por la misma CIDH en su informe del 2017, y expresan que la represión de las autoridades buscan infundir miedo en la población para que no se manifieste, así como criminalizar a los líderes estudiantiles y sociales.
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También denuncian la falta de objetividad del Ministerio Público, que, a su criterio, no investiga en forma seria estos hechos violentos.
A esta situación, agregan, se suman los ataques del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, contra el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y los intentos de desaforar a dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Para la entidades, el socavamiento de la lucha contra la corrupción comenzó en en el 2019 con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Las organizaciones destacan que su petición es fundamental “debido a la gravedad y urgencia de la situación”.
