La Asamblea Nacional (AN) y su presidente Guaidó están haciendo un llamado para que todos los venezolanos con derecho al voto, dentro y fuera del país, participemos en una Consulta Popular, que se efectuará entre el 7 y el 12 de diciembre. Dada la pandemia, una buena parte se efectuará por vía virtual, pero también habrá la posibilidad de hacerlo de forma presencial, particularmente el 12 de diciembre.

Muchos recuerdan la consulta del 16 de julio del 2017, donde participaron más de 7 millones de electores, y se preguntan ¿para qué otra consulta? Afirman saber que los que participen van a responder “Sí” a cualquier pregunta y dudan de su utilidad.

El 6 de diciembre, el régimen organizó una farsa electoral, un Tribunal Supremo ilegítimo nombró inconstitucionalmente un árbitro electoral fantoche y para colmo entregó la dirección de los mismos partidos de oposición a un grupo de vendidos “por un puñado de dólares”.

La oposición, junto con la comunidad democrática internacional, desconoce la legitimidad de la farsa y desconocerá sus resultados. Las sanciones internacionales están erosionando la residual gobernanza de un régimen incapaz, corrupto, depredador, con” ideas muertas” y vocación totalitaria, sin embargo las presiones internacionales son necesarias pero no suficientes. Los obispos de la Iglesia católica han advertido que no basta con la posición negativa, pasiva y desmovilizadora de simplemente no votar en la farsa electoral. Es necesario acompañar la presión internacional con una activa estrategia de presión interna. La Consulta forma parte de esta estrategia que más allá de “consultar” busca activar y movilizar de nuevo a la oposición. En efecto, los partidos y la sociedad civil están organizando en todo el país comités de apoyo a la Consulta.

El otro objetivo de la Consulta es el llamado “operativo contra el fraude”. Los diputados, los partidos y la sociedad civil desplegarán en los centros electorales del régimen un conjunto de observadores para registrar la real participación en la farsa y sus irregularidades y hacerlas conocer al país y al mundo.

Por cierto, ya hay pruebas de que se está amenazando a los empleados públicos que no vayan a votar. A este respecto es importante aclarar que el sistema de la consulta garantiza el secreto de la manifestación de voluntad y que la data está protegida en servidores del exterior.

La estrategia movilizadora obviamente no debe reducirse sólo a la Consulta hay que complementarla con otras acciones. Por ejemplo, una campaña políticamente organizada, coordinada y acompañada de protestas simultáneas en todo el país, por la escasez de gasolina, gas y el colapso de los servicios públicos en general. Los que tengan ideas y críticas constructivas para movilizar a la oposición en una época de pandemia son ”supremamente” bienvenidos, pero es necesario subrayar que para enfrentar eficientemente al régimen la disciplina alrededor de Guaidó y la Asamblea Nacional, única institución legítima reconocida por la comunidad democrática internacional, es absolutamente indispensable.