El fiscal Stuardo Campo indicó que según la investigación, dicho grupo buscaba contactar a exfuncionarios y empleados públicos que habrían sido denunciados por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Añadió que este grupo estaría integrado por personas particulares y posiblemente una red de abogados, quienes de forma concertada podrían haber desarrollado una serie de actos ilícitos.
El mecanismo para contactar a las potenciales víctimas consistía en enviarles correos electrónicos por medio de los cuales se ofrecían los supuestos servicios profesionales, colocando los números telefónicos para proceder a acordar reuniones presenciales.
En las reuniones, las personas sindicadas les manifestaban a los exfuncionarios y empleados públicos que tenían graves problemas legales; además, llegaban al extremo de amedrentarlos al indicarles inclusive, que se habrían girado órdenes de captura en su contra.
Campos explicó que luego de haberse entablado la comunicación con las potenciales víctimas, se acordaba el lugar, el día y la hora para hacer una entrevista presencial, en la cual también solicitaban fuertes sumas de dinero, a cambio de ejercer una supuesta influencia sobre funcionarios jueces o fiscales, así como sobre las altas autoridades del Ministerio de Gobernación, con el cometido que las personas pudieran solventar su situación jurídica y/o judicial.
Añadió que cuando la voluntad de las víctimas se encontraba doblegada, ante el temor que fuese cierta la información que les proporcionaban los sindicados, en cuanto a la existencia de investigaciones avanzadas o acerca de la emisión de órdenes de aprehensión en su contra, estas accedían a entregar el dinero que les era injustamente requerido.
Las víctimas tenían la expectativa que los integrantes del “Bufete de Abogados VIP”, efectivamente les ayudaran para resolver los supuestos inconvenientes legales.
Amenazas a fiscales
El fiscal agregó que otra de las modalidades delictivas consiste en una serie de llamadas telefónicas entrantes registradas en la sede de la Fiscalía Contra la Corrupción, así como a los teléfonos de turno habilitados para el efecto.
Por medio de las llamadas, el grupo delictivo entablaba comunicaciones con los auxiliares fiscales encargados de la tramitación de distintas investigaciones, con el propósito de amenazarlos e intimidarlos para que procedieran a desestimar determinadas denuncias.
Señaló que los sindicados procuraban la desestimación de una denuncia presentada por la CGC, tramitada en la actualidad dentro de la Fiscalía Contra la Corrupción, y para ello intentaron coaccionar a los fiscales bajo amenazas de adoptar represalias en su contra, de no acceder a la resolución de la denuncia.
Solicitaban reuniones
La investigación indica que en las comunicaciones telefónicas que se recibían en la sede de la referida Fiscalía, una mujer que se identificaba como asesora de la Junta Directiva del Congreso de la República, indicaba que se requería una reunión para lograr la resolución de una denuncia presentada tramitada contra exfuncionarios públicos.
También amenazaba con adoptar acciones legales en contra del personal de la Fiscalía Contra la Corrupción, si no se accedía a las solicitudes planteadas, determinándose que la persona que se comunicaba no labora para el Legislativo.
Campos manifestó que las acciones ejecutadas por los implicados causan agravios a la administración de justicia del país, siendo que podrían haber debilitado la credibilidad de las instituciones relacionadas con el sector justicia.
En los cateos se decomisó aparatos telefónicos, computadoras y otros dispositivos que servirán para la investigación.
Campos indicó que la CGC publica en su página web las denuncias presentadas ante el MP y se presume que de allí dicho grupo criminal captaba a sus víctimas.
El MP también detectó en las cuentas bancarias de una de las personas detenidas hoy las cantidades que fueron obtenidas de sus víctimas
El fiscal Campo invitó a las personas que pudieron ser víctimas de este grupo se acerquen a la fiscalía al MP a denunciar.
Los detenidos
Las detenciones se efectuaron en la zona 11 de la capital.
- Rommel Francisco González Pinto
- Nancy Noemí Aquino Montenegro. A ambos se les imputará los delitos de tráfico de influencias, coacción y usurpación de funciones.
Recordó que uno de los agraviados se acercó a la Fiscalía y narró lo que pasó, luego partiendo de eso investigaron.
La Fiscalía tiene el registro que una de las víctimas efectuó un depósito de Q8 mil. El grupo delictivo trató de intervenir en cinco eventos.
La mujer detenida no es abogada y el otro capturado está colegiado, pero tiene otra profesión relacionada con la criminología. Aún no se ha determinado el número de implicados.
Campos dijo que si en el curso de la investigación hay responsabilidad de algún funcionario que goce de antejuicio, se harán las diligencias respectivas.
