La próxima elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 puede ser una una oportunidad para fortalecer el estado de Derecho en Guatemala o un evento lamentable que ponga en riesgo la débil independencia judicial en el país. En gran medida el resultado de esta elección dependerá del orden, publicidad y cumplimiento de los requisitos que tenga el proceso en general.

La Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, con su respectivo suplente, y duran en sus funciones cinco años. Estos magistrados son electos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Usac y la Asamblea del Colegio de Abogados.

Los requisitos constitucionales, así como legales, de la elección son mínimos, lo que representa un mayor reto para las instituciones que realizan los nombramientos de magistrados de poder efectuar un proceso con mecanismos de transparencia y publicidad. Esto para procurar un proceso en donde se promueva la legitimidad y credibilidad.

El primer paso que deben dar las entidades en las próximas semanas será elaborar un proceso de selección y evaluación que sea claramente definido, con plazos y requisitos específicos, así como la elaboración y publicación de un cronograma que asegure el nombramiento de magistrados en el tiempo debido (antes del 15 de marzo del 2021).

Establecer un cronograma con los plazos, así como un proceso que asegure la correcta evaluación de los aspirantes en la mayoría de entidades que nombran a los magistrados no está señalado en la ley, por lo que representa una acción importante de exigencia por parte de los ciudadanos, como medida de buena práctica para asegurar un mejor proceso.
Realizar un cronograma público con plazos por cumplir es un paso importante en la forma como se llevará a cabo este proceso de elección de Cortes, pero la legitimidad y credibilidad ciudadana demandan más que eso.

Este proceso de elección de CC ocurre en un contexto con antecedentes preocupantes, que no había sucedido previamente, la falta de elección por más de un año de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de apelaciones. Lo primero por considerar es que no se deben repetir los mismos vicios que sufrió el proceso de elección de CSJ. Es por esto que se deben establecer claramente los plazos a cumplir, así como velar por la independencia y credibilidad del proceso en sí. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que la independencia judicial y la credibilidad que conlleva el proceso sean minadas.

Un elemento trascendental para la independencia judicial es que el juez demuestre su independencia, tanto en su actuar jurisdiccional como en su actuar fuera de su despacho. Este mismo principio para los postulantes debe ser requerido para quienes evalúan a los postulantes de las magistraturas.

Otro punto importante que debemos considerar es que el proceso de elección se realizará con la normativa vigente. Pretender reformar un proceso de elección por medio de acciones legales que retrasen o interrumpan el proceso no fortalecerá ni resultará en un mejor proceso. Si como sociedad deseamos modificar ya sea el plazo en poder o forma de elección tendremos que realizarlo después del proceso, para que exista certeza jurídica en todo el proceso.

La crisis judicial y la falta de confianza hacia el sistema de justicia ha venido creciendo a pasos agigantados en el último año. El proceso de elección de Corte de Constitucionalidad debe ser un proceso que empiece a solucionar el enredo en el cual nos encontramos como país y no lo agrave. La participación ciudadana, la postulación de buenos juristas y la decencia de la función pública serán trascendentales en este importante evento.