Mil 300 unidades de transporte colectivo que operaban en la ciudad fueron retiradas del servicio el 2 de enero de 1974, a las 15 horas, por los diferentes consorcios, en respuesta a la intervención que acordaron las autoridades ediles esa mañana.
Días antes, el Concejo había acordado intervenir el servicio para garantizar que se mantuviera el cobro de cinco centavos por pasaje.
La propuesta también autorizaba al alcalde —Manuel Colom Argueta— a tomar las medidas administrativas y presentar las denuncias correspondientes, y además facultaba a la Dirección de Servicios Públicos a cancelar derechos de líneas y de unidades que no prestaran el servicio o que lo hicieran de forma deficiente.
La disposición, que afectaba a 11 consorcios, 1,200 autobuses y 628 propietarios, propició que estos retiraran “más del 90 por ciento” de las unidades, para no cobrar la tarifa pactada y ordenada por la comuna, consigna la información del 3 de enero de 1974.
Luego del acuerdo, los pilotos fueron controlados por sus empleadores y les ordenaron desalojar a los usuarios para recoger las unidades.
Desde las 13 horas del 2 de enero, el número de autobuses en circulación se fue reduciendo hasta que, a las 17 horas, desaparecieron de las calles.
En respuesta, la Municipalidad solicitó la intervención del Ejército y de la Policía para que resguardaran el orden “dentro de la crisis del transporte”, y exhortó a propietarios de buses particulares, camiones y vehículos en buen estado a ponerlos a disposición de la población. La comuna, por su parte, hizo lo propio con sus automóviles.
Opiniones enfrentadas
El mismo día de la suspensión del servicio, alrededor de 400 personas amenazaron con incendiar las oficinas de una de la líneas de autobuses, ubicada en la zona 7. De acuerdo con la información publicada ese día, la turba irrumpió en las instalaciones tras haberlas apedreado.
Además lanzó trapos en llamas dentro de las oficinas de la empresa, pero el intento “criminal” no logró sus propósitos.
La Policía Nacional capturó a varias personas y se dijo que, entre tanto, la población protestaba contra el alza en el precio del pasaje y reclamaba una mejor organización que justificara el aumento.
En una actitud muy diferente a la de manifestantes revoltosos, vecinos de otras áreas de la capital, como los integrantes del comité pro mejoramiento de la colonia Trinidad, zona 3, y varios residentes del lugar expresaron en un boletín de prensa su respaldo a la decisión tomada por la Municipalidad de Guatemala.
“Brindamos al alcalde y al Concejo nuestro respaldo sin ningún interés partidista, ya que la clase marginal busca economía para el pueblo, y si no tenemos para comer, mucho menos para pagar lo que se les antoje a los empresarios de buses urbanos”, rezaba el comunicado.
