Los menores viajaron entre mil 900 y cuatro mil kilómetros desde Guatemala —dependiendo de a qué frontera se dirigían—, y en el trayecto se enfrentan a múltiples peligros, no solo naturales, sino de inseguridad, que pusieron en riesgo su vida.
Las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reflejan que, contrario a lo sucedido con los adultos y familias, la deportación de menores de edad no acompañados aumentó 358 por ciento en el 2020 puesto que en el año anterior se contabilizaron 384 retornos.
La principal razón por la cual se dio este aumento de las deportaciones fue la implementación del Título 42 por parte del Gobierno de EE. UU. normativa puesta en práctica para evitar el ingreso del coronavirus al país.
A decir de los números, esta medida no pudo impedir que dicha potencia mundial se convirtiera en el país más golpeado por la pandemia con casi 22 millones de casos positivos y más de 366 mil muertes.
Para lo que sí fue efectivo el Título 42 fue para reducir al mínimo las posibilidades de un migrante de solicitar asilo, entre ellos miles de menores de edad que a lo largo de 2020 llegaron a ese país con la intención de solicitar protección y refugio.
Ley que antes los protegía
“El Título 42 viola sus derechos —de los niños niñas y adolescentes— que dice la ley de prevención de explotación y trata de niños migrantes”, afirma Lisa Frydman, activista de la organización Kind (Niños con Necesidad de Defensa, en inglés).
Frydman se refiere a la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, bautizada como Ley William Wilberforce, en honor al abolicionista británico de la esclavitud del siglo 19.
Esta normativa aprobada por el Congreso de EE. UU. en el 2008 impide la deportación de menores de edad que no sean mexicanos o canadienses por el riesgo de que sean víctimas de trata, y les garantiza el acceso a un juez de inmigración para que escuche su caso.
En ese ínterin, los menores deben ser resguardados en albergues pagados con fondos del Gobierno de EE. UU. hasta que se encuentra un recurso familiar idóneo para que se haga cargo de ellos.
Hasta antes de la pandemia esto aún ocurría, pero desde marzo del año pasado ya no.
La administración de Donald Trump considera que leyes como esta han sido aprovechadas para ingresar a EE. UU. de manera ilegal a menores de edad por razones que no tienen nada que ver con su seguridad, sino más bien por cuestiones económicas o simplemente por reunificación familiar.
Resolución judicial
El 18 de noviembre pasado el juez federal del distrito de Columbia, Emmet Sullivan, resolvió a favor de organizaciones promigrantes un recurso mediante el cual prohíbe al Gobierno de EE. UU. que siga con las deportaciones de menores de edad, pero incluso después de esa fecha estas continuaron y las propias autoridades reconocieron haber expulsado del país a 34 niños.
El IGM, por ejemplo, reporta que al menos cinco menores guatemaltecos fueron deportados después del 18 de noviembre.
En ese sentido el jefe de la Patrulla Fronteriza, Rodney S. Scott, en su declaración ante la corte de Columbia a mediados de diciembre reconoció que esa división del Departamento de Seguridad Interna había deportado a 26 menores; sin embargo, indicó que, al parecer, esas expulsiones podrían “haber sido el resultado de que los supervisores de primera línea y los agentes de campo no conocían la orientación”.
Scott aseguró a la corte que se han enviado mensajes a los distintos sectores de la CBP para garantizar el cumplimiento de la orden del tribunal, y que se han llevado a cabo reuniones para instruir el cumplimiento de esta.
Niñez expulsada
Por años Guatemala ha abanderado a los países que expulsan más a sus niños. Los registros de la Patrulla Fronteriza dicen que, de 2015 a la fecha, 111 mil 933 menores guatemaltecos han migrado por diversas razones y se han entregado a las autoridades estadounidenses después de haber atravesado México sin ninguna compañía.
Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), considera que los efectos de la pandemia del covid-19 pueden haber acelerado el éxodo de menores de edad a EE. UU.
Recuerda que antes de la emergencia el 60% de las familias guatemaltecas vivía en pobreza y 23% en pobreza extrema y la crisis vino a afectar a miles de estas personas algunas de las cuales se vieron forzadas a tomar en cuenta a los adolescentes para que contribuyeran con el sostenimiento del hogar.
Por si eso fuera poco, enfatiza Rivera, una gran cantidad de niños, sobre todo en la primera infancia y adolescentes están fuera del sistema educativo. Entonces “sin oportunidades de educación, ni culturales ni recreativas, ¿cómo van a enfrentar la vida?”.
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), citadas por Ciprodeni, 300 mil niños, niñas y adolescentes ya no regresarán a su vida normal que tenían antes de la pandemia y tratarán de insertarse al trabajo infantil “y no habiendo oportunidades de empleos formales ni informales, la alternativa es migrar”.
“Mientras los gobiernos no aborden las causas estructurales de la migración, entre ellas la violencia, y la pobreza, la gente seguirá yéndose comenzado por los niños y adolescentes”, enfatiza Rivera.
“Entre 2019 y 2020 adolescentes de Honduras y Guatemala nos contaron que ‘en nuestras comunidades es imposible realizar nuestros sueños y tenemos que irnos”, añade.
Al referirse a la imposibilidad de solicitar asilo en EE. UU., Rivera recordó que la violencia sistemática y el acoso sexual también son razones por las cuales los menores de edad migran. Lamentó que en el trayecto tienen que enfrentarse a los mismos riesgos y que al llegar a aquel país no tengan la oportunidad de implorar por protección.
Atracción por migrar es fuerte
El consultor en temas migratorios Fernando Castro precisó que la necesidad de migrar de los guatemaltecos luego de los efectos económicos y sociales de la pandemia, se conjugan con que la economía estadounidense comienza a estabilizarse y la tasa de desempleo ya ha bajado.
Esto, enfatizó, se convierte en un imán para las familias guatemaltecas en pobreza que ven en el envío de sus hijos adolescentes a EE. UU. una salida a sus problemas. Castro citó estudios que señalan que cada guatemalteco envía en promedio US$378 a sus parientes en Guatemala.
Los datos más actualizados del Pew Research Center, un prestigioso centro académico y de análisis en EE. UU. daban cuenta que, en 2019, los guatemaltecos mayores de 16 años ganaban en promedio US$23 mil al año, unos Q177 mil; mientras que, en Guatemala, el salario mínimo al final de un año suma poco más de Q36 mil.
Respecto al incremento de las deportaciones de los menores no acompañados, Castro coincidió en que estas obedecen a la implementación del Título 42 del gobierno de EE. UU. Y aunque hay una orden judicial para que estas se detengan, esta se mantendrá vigente “por lo menos de seis a ocho meses” por la pandemia.
De esa forma, vaticina un aumento de las deportaciones porque “con la llegada de Joe Biden al poder la gente va a creer que hay más oportunidades”, pero el mandatario no habrá cambios de la noche a la mañana. “Con toda franqueza, no creo que lo vaya a hacer”, subrayó Castro.
