Por qué el 2021 es un año crucial para la justicia en Guatemala

Este año es crucial para el sector justicia. Aparte de la elección de la nueva magistratura del máximo tribunal constitucional, también se desarrollarán elecciones para elegir al tribunal de honor y la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). También se elegirá al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos (Usac).

Ambos son órganos esenciales para la integración de consejos directivos y comisiones de postulación para el 2022. La elección que más acapara la atención es la de la Corte de Constitucionalidad (CC), institución que se ha mantenido en el ojo del huracán durante poco más de dos años, debido a los fallos complejos que ha emitido, algunos para dar marcha atrás a decisiones de Estado o para que el Organismo Judicial conozca de nuevo antejuicios contra funcionarios vinculados con corrupción estatal o crimen organizado y beneficiados con resoluciones cuestionadas.

Estas elecciones configurarán el sistema de justicia para el 2022. En mayo de ese año asume el nuevo fiscal general y en julio el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Para ello, el Congreso convoca con cuatro meses de anticipación, antes del vencimiento del plazo del actual período, y la Comisión de Postulación debe remitir la nómina de seis candidatos al presidente para que nombre al jefe del Ministerio Público. Se debe considerar que la fiscal general Consuelo Porras puede reelegirse.

El Consejo Directivo del Inacif está integrado por el presidente de la CSJ, el ministro de Gobernación, la Fiscal General, el director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Químicos y Farmacéuticos y el presidente de la Junta Directiva del Cang.

Ovidio Orellana, presidente del Cang, confirmó que las elecciones para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal de Honor y de la Junta Directiva están previstas para el 9 de febrero y una eventual segunda vuelta, el 16.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, dijo que toda esta actividad proselitista y gremial afecta los procesos de selección de autoridades. Es el momento cuando numerosos grupos, personas y políticos aprovechan para efectuar negociaciones en beneficio de sus intereses, resaltó

Agregó que, desde 2019 se perfiló un escenario complejo como este, porque se negociaron cuotas de poder para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones. Los acuerdos concluían con eventuales acciones o decisiones a tomar en el Cang para la Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el manejo de fondos de inversión.

Ibarra indicó que se negociaron las representaciones del Colegio en el CSU, en la Facultad de Derecho, el Registro de Información Catastral, entre otros. La analista considera que estos procesos abren la puerta a negociaciones paralelas y que no solo participan los dirigentes gremiales, también hace incidencia la política partidaria y los tres poderes del Estado, porque está en juego la nominación de candidatos a fiscal general, postulantes a director del Inacif y decisiones importantes que se tomarán en el CSU.

Importancia

Desde hace algunos años se han formado grupos, algunos con más permanencia y otros coyunturales, con el fin de participar en las elecciones del Cang; estos acercamientos alcanzan a abogados de la provincia y se forman vínculos con grupos de poder. He ahí la importancia de la elección de la Junta Directiva, explicó Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de la Corte de Apelaciones y expresidenta del Colegio de Abogados.

Agregó que la incidencia que hace el Tribunal de Honor en la justicia —menor comparada con la Junta Directiva— es importante porque resuelve las quejas en contra de abogados y profesionales agremiados presentadas por el público, Ministerio Público e instituciones.

“Al Colegio –Cang—le descubrieron que tenía mucho poder y se ha vuelto un botín muy preciado, y quienes pretenden llegar a dirigirlo, al igual que una campaña política, ofrecen el oro y el moro para que los colegiados voten. (…) Quienes más votan son los de reciente colegiatura que salen de las universidades por cantidades industriales”, indicó.

Según Pérez Ruiz, los ofrecimientos que hacen los líderes gremiales a los recién graduados hace que sean presa fácil. Además, resaltó que la mayoría de los agremiados no vota y lo que pretende la Constitución de que fuera una representación del gremio “especializado” en la legislación y justicia no sea bien representado.

“Al ser un botín más político que gremial y académico se ha desnaturalizado; prueba de ello es, que me perdonen los colegas, es que llegan a las altas cortes del país cualquiera que tenga que ser electo por participación del Colegio y que deba ser abogado”, afirmó.

Resaltó que el Cang está representado en todas las instituciones del sector justicia y por eso es tan importante que se elija a personas capaces e idóneas para el cargo.

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Agremiados

Denis Martínez, encargado de la oficina de Impunity Watch en Guatemala, opinó que las elecciones de febrero tienen una incidencia directa en la justicia del país, por lo que estarán monitoreando estos procesos.

Lo que más llama la atención es que muy pocos agremiados están participando en las elecciones, por ejemplo, la del juez Mynor Moto para magistrado de la CC. Martínez subrayó la importancia de que todos los miembros del Cang participen en las próximas elecciones.

Orellana confirmó que en la primera vuelta de dicha elección votaron 6 mil 79 agremiados y en la segunda vuelta —entre Moto y Estuardo Gálvez—, fueron 7 mil 267 votos, pero solo fueron válidos 6 mil 875, porque 14 estaban en blanco y 378 nulos.

Además, 29 mil 243 abogados y notarios y 3 mil 66 de ciencias afines —criminología y criminalística— estaban habilitados para votar, por lo que en la primera vuelta votó el 18.82% de los agremiados, y en la segunda vuelta, el 21.28%.

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Preocupación por la CC

La elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones ha sido demorada de manera inédita por el Congreso de la República. Los actuales magistrados llevan 15 meses en período extraordinario, y su estadía en los cargos ha tenido la intervención de la CC y el Ministerio Público por los señalamientos de corrupción en el proceso de selección para ostentar algunos funcionarios los cargos.

Jaime Chávez, director de políticas del Vance Center for Internacional Justice, opinó que la elección de la nueva magistratura de la CC es trascendental, porque en el periodo de esta magistratura saliente ha sido el último garante del Estado de Derecho por los fallos emitidos durante el gobierno de Jimmy Morales y algunas resoluciones en la administración del mandatario Alejando Giammattei.

“La preocupación que tenemos como organización internacional es que, si no hay una Corte de Constitucionalidad autónoma, es decir, que cada magistrado sea autónomo en sus decisiones, el Estado de Derecho corre un grave peligro”, advirtió.

Además, indicó que conforme al sistema que son electos los magistrados es que, aún en teoría, no representan los intereses de quienes los eligen, en este caso podría ser el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, el Consejo Superior Universitario (CSU) o el Cang, es muy difícil que se garantice la independencia y autonomía del funcionario electo.

Carlos Giovanni Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), expresó que para los jueces es de su interés cuando se integran las altas cortes, porque muchas de las decisiones que toman los funcionarios de estas instancias son revisadas por los magistrados, por lo que considera que los procesos de selección deben llevarse a cabo con transparencia y en cumplimiento a la Ley para elegir a los profesionales más idóneos, capaces y comprometidos con la justicia independiente.

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Preparativos para 2022

Ibarra advirtió que los políticos tienen negociaciones “bastante avanzadas” para las elecciones que se viene en 2022, que sería la elección del jefe del Ministerio Público, el director del Inacif y la del procurador de Derechos Humanos.

“Es un año crucial para el gremio de abogados, por supuesto que para las instituciones de justicia y para todos aquellos ámbitos de la vida nacional en donde ellos –políticos— tienen una gran incidencia”, indicó

En opinión de Gustavo García Fong, investigador de Asíes, lo deseable es contar con la transparencia que establece la ley para los procesos de elección y cumplir con los plazos establecidos en la Constitución para la designación de los funcionarios judiciales, pero esto no ha ocurrido con la elección de los nuevos magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones.

Las acciones políticas marcan el ritmo de la justicia. En la sede del poder político del país, los jefes de bloque volvieron a ignorar la elección de las cortes y la colocaron en el punto quinto de la primera agenda del año. Sin embargo, apresuraron el paso para comenzar el proceso de elección de su magistrado para la próxima Corte de Constitucionalidad.