Todavía no he conocido a alguna persona que opine que ni la familia ni el sistema educativo debieran procurar forjar en los niños y en los jóvenes los valores morales y cívicos que sustentan nuestra civilización. Sí he tenido ocasión de escuchar debates y de leer artículos que ponen en tela de juicio la conveniencia de que exista una suerte de credo moral y cívico “oficial”, es decir, que sea el Estado el que, por medio de sus órganos —como el Ministerio de Educación Pública— determine y prescriba el contenido y alcances de este tipo de formación. Pero eso es otro asunto.

La transmisión de los valores morales y cívicos reconocidos por cada una de las civilizaciones humanas está a la base de su desarrollo y, para algunos, como el gran jurista alemán Jellinek, el derecho es un mínimo de moral. Desde un punto de vista funcional, en aquellas sociedades en que esos valores se comparten con mayor intensidad, las instituciones encargadas de prevenir y de reprimir cualquier tipo de infracción legal, incluyendo la comisión de delitos, enfrentan desafíos relativamente menos complejos que en aquellas sociedades en que los escrúpulos morales y cívicos del ciudadano medio no son tan robustos.

En ese orden de ideas, los primeros interesados en que los procesos sociales por los cuales se forjan en los futuros ciudadanos esos valores de que hablamos deberían ser los órganos estatales encargados de mantener la ley y el orden. En pocas palabras, hay una relación de causalidad muy estrecha entre el mayor o menor éxito en forjar valores morales y cívicos en los miembros de cualquier sociedad y los costes futuros de reprimir las conductas ilegales, dañinas o delictivas.

Por otro lado, está el proceso democrático. Todo régimen democrático está basado en la condición necesaria de que los votantes sean capaces de contrastar adecuadamente sus intereses propios de corto plazo con su bienestar —y el de sus conciudadanos— en el largo plazo. La democracia está fundada en la hipótesis de que un ciudadano sea capaz de sacrificar sus intereses propios de la coyuntura para favorecer el interés general en el largo plazo. Y esto presupone que un ciudadano haga propios ciertos valores morales y cívicos.

Esto viene a cuento en relación con la última elección al seno del Colegio de Abogados y Notarios para designar al magistrado que haya de sustituir a Bonerge Mejía (Q.E.P.D.). Si uno analiza la estructura del debate público en relación con este asunto, los detractores del juez Mynor Moto lo señalan de carecer de los requisitos constitucionales necesarios para optar a dicho cargo, y lo que él replica es muy sencillo: “he competido y he ganado la elección”. Dejando de lado la cuestión de si podía constitucionalmente competir, su argumento pone de relieve un hecho, a mi parecer, fundamental: de los más de treinta mil colegiados activos, fueron 3,610 (alrededor del 12%) quienes decidieron esa victoria electoral.

No paso juicio sobre la circunstancia de que cerca de un 75% de los colegiados activos del Cang hayan estado ausentes. Cada uno de ellos sabrá cuáles han sido sus razones para no concurrir a la votación, pero sí considero oportuno hacer un llamado a mis colegas para que, con ocasión de las elecciones que se avecinan para el período completo de la CC, todos los que no tengan algún impedimento hagan gala de sus valores cívicos y morales y concurran a respaldar a la candidata o candidato que, a su juicio, sea el más idóneo para desempeñar la difícil función de la defensa del orden constitucional. De eso dependen muchas cosas.