El primer año de gestión de Vamos transcurrió en medio de cuestionamientos por posibles actos de corrupción en varios ministerios, funcionarios que fueron destituidos por no presentar los resultados deseados y falta de transparencia en los asuntos públicos.
Ahora, de cara al segundo año de mandato, el gobierno hace frente a otros retos, como la readecuación del Presupuesto 2021, la vacunación contra el covid-19 o la designación de funcionarios en instituciones de control. En este caso, el nombramiento de magistrados —titulares y suplentes— para la Corte de Constitucionalidad, que cumplan con los requisitos de idoneidad y honradez.
La analista política Gabriela Carrera considera que el Ejecutive vive una crisis de legitimidad generalizada, en parte por los actos anómalos que han sido denunciados y también por la falta de transparencia en procesos clave como la aprobación del plan de ingresos y egresos 2021.
“Esto tiene repercusiones en la democracia guatemalteca. La falta de legitimidad se refleja en desconfianza en las instituciones y en una pérdida de interés de la ciudadanía en la política, porque en vez de resolver los problemas, esta se convierte en una piedra en el zapato”, expresa la politóloga.
Carrera estima que los errores que ha cometido el gobierno central también generarán repercusiones en el proyecto político de la alianza oficialista en futuros procesos electorales, aunque la mayor afectación es para la salud democrática del país.
Alianzas
Durante enero, Giammattei efectuó más de una decena de giras a departamentos para asistir a inauguraciones de obras y sostener reuniones con alcaldes.
El gobernante visitó Jutiapa, Escuintla, Quiché, Quetzaltenango, Chimaltenango, Baja Verapaz, El Progreso, Retalhuleu, Suchitepéquez y Chiquimula. Además, en la capital estuvo presente en la graduación de oficiales y cadetes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre otras actividades.
Sofía Montenegro, investigadora asociada de la organización Diálogos, es de la opinión de que en estos momentos el Ejecutivo necesita recuperar su legitimidad, pero no siempre se conoce quiénes son los actores que intervienen en la toma de decisiones y eso complica la posibilidad de generar confianza en la población.
Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, dijo que en el proceso para readecuar el Presupuesto 2021 se llevaron a cabo nueve mesas y talleres con entidades de la sociedad civil y en las cuales se sistematizaron las propuestas.
“Esta información el ministro de Finanzas Públicas se la trasladó al presidente Giammattei para que considerara las propuestas y observaciones de los participantes”, añadió.
Por último, en cuanto a la elección de magistrado para la CC, “el presidente hará el nombramiento en consejo de ministros como lo manda la ley”, especificó Letona.
1. Decisiones: Político y no técnico
Uno de los reclamos que recibió Giammattei fue la manera en que decidió modificar el Presupuesto 2021, sin pasar por el Legislativo ni consultar al Ministerio de Finanzas, el ente rector de la política fiscal. En cadena nacional, el mandatario anunció que el nuevo plan de gastos sería de Q94 mil 354 millones, Q13.4 millardos menos que el vigente en 2020.
El mensaje dio a entender que se reduciría el techo presupuestario; sin embargo, la facultad de modificar el plan de ingresos y egresos es exclusiva del Congreso, según el artículo 171, literal b, de la Constitución.
Días después, el ministro Álvaro González Ricci aclaró que no se reduciría el techo presupuestario, sino que solo se trasladaría un espacio de Q13.4 millardos a la cuenta Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Este espacio se financiaba con deuda pública, pero para este año quedaría vacío y no se ejecutaría.
“El presidente ignora lo que dice la Constitución del presupuesto. Queda claro que negoció con criterios políticos y no técnicos”, puntualizó Ricardo Barrientos, del Icefi.
2. Liderazgo: Fricciones en la cúpula
Sofía Montenegro, analista de Diálogos, opina que el liderazgo político del Ejecutivo se ha deteriorado. Esto se pone de manifiesto en la intención de evadir el Congreso para que apruebe el presupuesto.
“Se observa un roce entre el Ejecutivo y el Legislativo, una fractura que no es singular de este presidente, pero que por la crisis -la pandemia- se ha agudizado más”, señala Montenegro.
Esta crisis de legitimidad, además, quedó expuesta en el informe que emitió la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como resultado de su visita al país del 27 de noviembre al 2 de diciembre, luego de que el mandatario expresara que con las manifestaciones por la aprobación del Presupuesto 2021 se estaría gestando un golpe de Estado.
La misión de la OEA documentó preocupaciones que compartían diversos sectores, como la percepción de corrupción, impunidad y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en las protestas, y la falta de canales de comunicación adecuados entre las autoridades del Estado.
3. Transparencia Puestos clientelares
La Carta Magna delega al mandatario y su consejo de ministros nombrar a uno de los magistrados de la CC, la cual deberá renovarse el próximo 14 de abril. De momento, el Ejecutivo no ha hecho público cómo será el proceso para designar a la persona que ocupará el cargo.
Esto hizo que el vicepresidente Guillermo Castillo enviara una carta a Giammattei en la que solicitó que se iniciara un proceso de postulación transparente que incluya delimitar el perfil de los candidatos, establecer el plazo para la recepción de expedientes, publicación de candidatos, evaluaciones, entrevistas en consejo de ministros y fecha de elección.
Durante el 2020 el Ejecutivo también fue cuestionado por nombrar en cargos a personas que no cumplían el perfil. La entidad más cuestionada fue el Centro de Gobierno, que se disolvió el 31 de diciembre. Sin embargo, en lo que va del año al menos cinco extrabajadores de esa comisión han sido recontratados en otras dependencias, sin que estén claros sus méritos profesionales.
