En el corto plazo, se proyecta que los agentes económicos conozcan sobre el andamiaje de la normativa para que empiece a generar los resultados esperados como un producto e instrumento financiero en el mercado.
Cálculos preliminares de la Gremial de Leasing –adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) –, de la cartera total de créditos en el país –Q205 mil millones en 2020–, cerca del 4.9% representan operaciones financieras de arrendamiento, que equivalen alrededor de Q10 mil millones, y se esperaría que con la vigencia de la normativa –que regula las operaciones– pueda crecer a mediano plazo entre Q13 mil a Q15 millones.
Al mismo tiempo, la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), proyecta un crecimiento en el volumen de las operaciones tanto individuales como jurídicas.
Reglas claras
Fernando Basterrechea, presidente de la Gremial de Leasing y Hermann Girón de la CFG, apuntaron que el primer impacto con la aprobación de la normativa es la certeza jurídica y contable en los contratos de arrendamiento, y que no quedará un criterio a cualquier entidad.
Otro beneficio puntual será la generación de liquidez, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, ya que según Basterrechea, la falta de esta es una razón de quiebra.
“Con la certeza de la ley se puede incrementar entre 30 a 50% las operaciones de negocios con leasing, sobre todo para las pymes, y la razón es que les brinda seguridad a los bancos la recuperación de los activos, y a los empresarios de poder adquirir activos con la cual pueden pagar cuotas y no al contado”, remarcó.
Además de la certeza legal de las operaciones, el directivo de la gremial expuso que también habrá un proceso de educación y conocimiento para que los tomadores de decisiones conozcan estas operaciones como una alternativa financiera.
Al preguntarle por qué no se había desarrollado este mercado, aclaró que se trata de un tema de curva de aprendizaje, ya que existe “un paradigma” del producto, y hace falta una cultura que se está trabando en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para Guatemala.
Girón mencionó que esta normativa genera un marco claro para quienes puedan operar los contratos de arrendamiento financiero con opción de compra, define los actores, mecanismos operativos y en general brinda la certeza tanto para el que quiere dar el financiamiento como el que puede utilizarlo a través del arredramiento.
Otra posición es que la ley trae un marco más fácil de interpretar para los actores judiciales que resuelven controversias, otro mejor definido para las autoridades tributarias, y habrá expectativas más claras entre los actores, lo que favorecerá la oferta, dijo.
Potencial de crecimiento
El presidente de la CFG subrayó que el mecanismo de arrendamiento financiero ofrece una flexibilidad de pago, que es un muy diferente a la que se obtiene por medio de un financiamiento tradicional, sobre todo por la forma en que operan los contratos financieros, y que añade eficiencia para cubrir necesidades de corto, mediano y largo plazo con ofertas que generan valor y por ser una opción a las que ahora existen.
Para eso, según Girón, hay entidades de financiamiento, locales y capitales internacionales, interesados en atender ese mercado, lo que traerá más opciones de productos y mayor competencia al sector financiero y los usuarios tendrán más opciones.
“La expectativa es que más participantes y más capital se asigne a brindar financiamiento con esta ley. Pensamos que en este año se podrán observar más operaciones, pero tardará unos meses en que se aprenda a utilizar la ley por nuevos actores”, dijo el presidente de la CFG, al anticipar que en 2022 habrá nuevos jugadores en el mercado ofreciendo financiamiento con nuevos mecanismos.
Entre los participantes hay oferentes que participan en el sector financiero y que son supervisados como lo son bancos y financieras, pero también operan sociedades anónimas que brindan arrendamiento financiero, como aquellas empresas que comercializan equipo de oficina.
Basterrechea dijo que cualquier giro de negocio puede optar a este tipo de arrendamientos, pero hay gran potencial en el campo de la tecnología.
Beneficio a la producción
Eduardo Girón, presidente de la CIG, expuso que la nueva ley de leasing establece el marco normativo para dar certeza jurídica a la actividad de arrendamiento de bienes muebles, tales como maquinaria, equipos y vehículos. La figura legal aplica tanto a empresas como a personas individuales.
El representante industrial subrayó que la figura contempla a la persona dueña del bien, denominado arrendador, y a la que va a usar el bien, denominado arrendatario, a cambio del pago de una cuota mensual.
“Con los cambios constantes por los avances en la tecnología, la maquinaria y equipo cuenta con nuevas características que les da mayor productividad. La empresa tiene la alternativa de comprar maquinaria o equipo y luego venderlo, o bien, arrendarlo a través de un leasing y tener al final del contrato, la opción de comprarlo”, resaltó.
Cristian Mayorga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala, indicó que la gran importancia de la normativa es dotar de seguridad jurídica a todas aquellas negociaciones que se realicen al amparo de esta figura.
Recordó que en los contratos que ya se generan no ha existido un marco legal que contemple todos sus componentes como ahora se plantean.
Además, desde su óptica, esta ley servirá para dinamizar la economía, ya que traerá beneficios a los micro, pequeños y medianos empresarios que no cuentan con el capital de trabajo necesario para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Reiteró que los bienes que pueden ser objeto de leasing son amplios, y pueden adquirirse mediante este financiamiento para herramientas de trabajo productivo, sin que el inversionista tenga que soportar la carga de adquisición inicial.
“La ley impulsará herramientas de crédito del arrendatario con opción de compra de un bien, a cambio de pagar rentas periódicas”, recalcó Mayorga.
