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Esta ley fue concebida desde antes de la pandemia, su periplo comenzó en 2015, y entre otros puntos busca asegurar el presupuesto para la vacunación de la población ante cualquier enfermedad, con una cobertura no menor al 95%, pero también de cadenas de frío, materiales y de adquisición de insumos que son necesarios en cualquier proceso de inmunización.
A criterio de la diputada y médico Lucrecia Hernández Mack, miembro de la comisión de Salud del Congreso, si esta ley estuviera aprobada, incluso, desde antes de que llegara el Decreto 33-2020, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, se hubiera garantizado con antelación los fondos para la adquisición de la vacuna contra el covid-19, pero fue hasta el 12 de enero que de urgencia nacional se aprobaron Q1 mil 500 millones para comprarla, proceso que aún está en marcha y se espera que las primeras dosis lleguen a finales de febrero.
“Se tendría asegurado el presupuesto, y hubiera permitido al Ministerio de Salud continuar con las negociaciones bilaterales con las empresas productoras. La ley habla de excepción del IVA para la importación de vacunas e insumos necesarios, lo único que se tendría que haber trabajado era el tema de realizar compras directas a los fabricantes a nivel internacional -el tema de mecanismo de compra-, todo lo demás ya estaba”, dice la diputada Lucrecia Hernández Mack.
Si bien la iniciativa de ley es general, en el artículo 26 -fue enmendado- se contempla las situaciones de emergencia, como epidemias y pandemias, para proteger a la población de cualquier enfermedad que sea prevenible a través de la inmunización. En este caso la normativa refiere que es “obligación del Estado a través del Ministerio de Salud financiar, gestionar, comprar y aplicar de manera equitativa” las vacunas. Además, que la adquisición de estas podrá hacerse sin necesidad de registros previos en el país, siguiendo siempre las condiciones de la cartera.
De esa cuenta, la diputada Karla Martinez, también de la comisión de Salud, añade que “esta ley hace más fácil el proceso de ingresar cualquier vacuna en el país, y en este momento la del covid-19”. Además que se tendrían una base para realizar el plan de vacunación, que llevó varios meses realizar y hasta hace tres día se presentó.
Garantiza asesoría técnica
Pero aparte del asegurar el presupuesto para la compra de vacunas, pues el Estado puede disponer de fondos que no se haya ejecutado para garantizar la cobertura de vacunación, la iniciativa 5342 oficializa la Comisión Nacional de Prácticas de Inmunizaciones (Conapi), qué si bien ya existe, hasta ahora depende de la voluntad del ministerio para funcionar, y la recomendación de los organismos internacionales es que los grupos técnicos asesores de vacunas tengan la mayor independencia posible y eso lo podría dar una ley, indica el médico Mario Melgar, presidente de la comisión.
La institucionalización del Conapi permitirá que toda decisión relacionada con el tema de inmunización sea técnica, lo que en situaciones como la pandemia cobra relevancia, ya que este ente aconseja sobre políticas y esquemas de vacunación, sistemas de vigilancia, además, colaborará en la revisión periódica de las coberturas vacunales.
Esta normativa también busca mejorar el proceso de vacunación que el Ministerio de Salud desarrolla a través del Programa de Inmunizaciones, fortaleciendo su responsabilidad a nivel nacional de la política de normalización, planificación, ejecución, control y evaluación de las acciones de vacunación.
“Siempre que se tiene institucionalidad y reglas claras es más fácil seguir adelante, creo que hubiera facilitado (la ley de vacunas) algunos procesos que ahora han constado”, menciona el médico Mario Melgar, presidente del Conapi.
¿Por qué se estancó?
“No es una ley que en términos políticos de réditos ni vemos que la alianza oficialista esté interesada en pasar leyes como esta. No les urge, no les interesa ponerla de urgencia nacional”, dice Mack, sobre lo que considera la causa del estancamiento de la iniciativa para ser aprobada en el Congreso, pese a que tiene el apoyo de buena parte de los diputados, ha sido desplazada en la agenda del día por otras de mayor interés.
La iniciativa 5342 estuvo a un paso de ser aprobada en agosto pasado, luego de pasar por varias enmiendas, entre ellas la anulación del Artículo 20 que establecía sanciones y penalización para quien incumpliera con lo establecido en la legislación.
También el Artículo 17, que en un principio señalaba como obligatorio que los padres de familia, tutores o representantes legales vacunaran a los niños de acuerdo al esquema nacional de vacunación. Se modificó la obligatoriedad para pasar a ser acto de responsabilidad.
Pese a esas modificaciones, tanto Mack como Melgar no descartan que se tenga que hacer una nueva revisión a la iniciativa de ley para asegurar los votos de los diputados y que sea aprobada inmediatamente al llegar al pleno del Congreso.
¿Por qué es necesaria?
En América Latina la mayoría de los países tienen una ley de vacunas, Guatemala no, y debido a las condiciones de pobreza y desnutrición que afectan a la población infantil, la inmunización se convierte en una de las acciones más costo-efectivas en salud pública para salvar vidas y prevenir enfermedades.
Melgar señala que una de las razones por trabajar en esta normativa fue asegurar el financiamiento de las vacunas debido a que en el pasado no se contó con presupuesto para la inmunización, lo que puso en riesgo a la población infantil y descendió considerablemente la cobertura.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015, a nivel nacional llegó al 85.2%, debido al desabastecimiento de vacunas en los centros de asistenciales porque las autoridades de turno no asignaron los fondos para adquirir las dosis necesarias. La Organización Mundial de la Salud recomienda una cobertura mínima del 95%.
