La actual magistrada Gloria Porras recibió 13 objeciones por parte de José Quilo Ayuso, quien señaló que se duda de la objetividad en sus resoluciones, haciendo alusión al fallo constitucional contra la Ley de Reconciliación Nacional.
Amanda Santizo, quien fue abogada de la familia Bitkov, señaló que Porras tiene dos antejuicios pendientes de trámite, por lo que no podría ser electa. Una de esas denuncias fue presentada por la propia Santizo.
También Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, presentó señalamientos contra la referida magistrada por uso de su poder en la CC para beneficiar a un amigo en proceso relacionado con el Seguro Social, además de señalar que su esposo trabaja en una municipalidad con supuestos vínculos con el narcotráfico.
El exdiputado Fernando Linares Beltranena aseguró que hubo muchas presiones a favor de Porras en el proceso pasado. “Yo no voté por ella, y me pararon quitando la visa. Cuando Porras llegó a la presidencia, se decretó un bono revolucionario, que así lo llamó porque fue en octubre, un aumento de sueldo a los magistrados y a todos los empleados de la Corte. Costó más de Q3 millones, y lo hizo sin consultarle al pleno de magistrados y sin haberlo presupuestado. Eso fue la comisión de varios delitos”.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Delia Dávila también figura en la lista de candidatos señalados, con tres objeciones. La primera fue presentada por José Quilo Ayuso, porque duda de sus antecedentes recientes en el Organismo Judicial (OJ).
La abogada Santizo presentó dos señalamientos en contra de Dávila, señalando que no podría continuar con el proceso debido a también figurar en la lista de personas mencionadas en la investigación Comisiones Paralelas 2020, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Conflicto de interés
El candidato Juan Carlos Godínez Rodríguez acumuló seis señalamientos por parte de Bárbara Verenice Pinto Ramírez, Édgar Corado Pinto, Aldo Dávila, Fundación Myrna Mack, Eleonora Muralles y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).
Los argumentos de esas objeciones convergen al indicar que el abogado carece de honorabilidad, por una serie de supuestas reuniones que habría sostenido con Gustavo Alejos, señalado por el MP como operador político para la designación de altos puestos en la justicia.
Asimismo, destacaron conflicto de intereses por ser parte del propio CSU, ente elector por el que busca un nombramiento en la próxima CC.
Este último señalamiento es similar al que enfrenta el abogado Omar Barrios, quien recibió dos objeciones; una por parte del diputado Aldo Dávila. El congresista asegura que por su relación con el rector Murphy Paiz habría conflicto de interés.
“Si la idoneidad y la honorabilidad son requisitos, pareciera ser que acá estos dos candidatos no las tienen, por eso estamos dejando la evidencia”, resaltó el diputado.
Los señalados serán notificados este martes de las inconformidades públicas en torno a su candidatura, y tendrán que presentar sus pruebas de descargo miércoles y jueves, para que el viernes el CSU evalúe todos los documentos y defina si queda alguien fuera.
Sin señalamientos
Quienes pueden esperar con calma las siguientes etapas del proceso dentro del CSU son aquellos tres profesionales que no recibieron ningún señalamiento por su candidatura: Mynor Eduardo González Méndez, William Gilberto Bobadilla López y José Alfredo Aguilar Orellana.
Para el 22 y 23 de febrero, la Universidad espera una ronda de entrevistas con los candidatos, y celebrará un foro virtual el 24 de febrero, en el que se contempla que se permitan preguntas de la ciudadanía, mientras que el CSU efectuará una sesión extraordinaria el 26 de febrero para la elección del magistrado titular y suplente.
Calendario: Los otros procesos
El viernes 19 de febrero, el Congreso cerrará la recepción de expedientes para elegir a su representante. Hasta ahora, han entregado Mynor Eduardo Gonzáles Méndez, Ana Isabel Antillón y Luis Alexis Calderón Maldonado.
El Congreso, la semana pasada, fue objeto de una acción de amparo ante la CC por el proceso de designación. Fue interpuesta por diputados de la UNE. El presidente de ese organismo, Allan Rodríguez, cuestionó la acción en la reunión de jefes de bloques, con el argumento de que el acuerdo para el mecanismo de designación para la CC fue apoyado por la mayoría de bloques, incluida la UNE.
Hasta ayer, los candidatos Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Dina Josefina Ochoa y Jorge Rolando Rosales Mirón, objetados ante la CSJ, no habían presentado pruebas de descargo.
Acción por CSJ
Autoridades indígenas presentaron una acción de amparo ante la CC explicando que existen irregularidades en el proceso de designación de magistrados Constitucionales.
Su argumento se debe a que esta elección deben de hacerlo los magistrados titulares de la CSJ, calidad con la que según los amparistas no cuenta la actual magistratura judicial por estar en funciones de manera interina.
Los actuales magistrados del Organismo Judicial (OJ) tendrían que haber entregado el cargo el 13 de octubre del 2019.
