Añade que a su vez, hubo escasos avances en las investigaciones sobre las amenazas, los ataques y los dos asesinatos de periodistas durante este período.
“Los ataques verbales del gobierno contra periodistas se tornaron más frecuentes y descarados luego de que el covid-19 comenzó a propagarse en Guatemala en marzo de 2020”, señala.
Afirma que las autoridades también han restringido el acceso a información sobre la pandemia y que el gobierno no ha garantizado que la fiscalía cuente con los recursos necesarios para realizar investigaciones oportunas y efectivas sobre los ataques contra periodistas.
Según Human Rights Watch y el CPJ, es urgente que el gobierno deje de hostigar a periodistas independientes, asegure que haya fondos suficientes para investigar los ataques contra ellos y proporcione a la población guatemalteca acceso a información oportuna y completa sobre las acciones del gobierno para enfrentar la pandemia de covid-19.
“Desde que asumió hace un año, el gobierno de Giammattei ha actuado con hostilidad hacia los medios, incluso limitando selectivamente su acceso a información importante sobre salud pública”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Una prensa libre y el acceso oportuno a la información son fundamentales para abordar efectivamente la pandemia”, agregó.
Desde que comenzó la pandemia, Human Rights Watch y el CPJ han documentado múltiples casos en los cuales el presidente Giammattei y otras autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad amenazaron u hostigaron a periodistas.
Las organizaciones también han documentado casos en los cuales policías y soldados han vigilado, intimidado, detenido, robado y golpeado a periodistas que daban cobertura a manifestaciones o que investigaban hechos de corrupción.
Asimismo, se han registrado hechos de violencia contra mujeres periodistas, aparentemente debido a su género, que en general consistieron en amenazas misóginas e insultos en las redes sociales.
Los medios de comunicación han informado que policías atacaron a varios periodistas a fines de noviembre, cuando manifestantes salieron a las calles en repudio al presupuesto de 2021 y para exigir la renuncia de Giammattei.
Los periodistas también sufrieron ataques físicos y verbales cometidos por manifestantes violentos.
“El gobierno de Guatemala debe brindar la información precisa y oportuna necesaria para la protección y promoción de derechos fundamentales, y garantizar el derecho de los periodistas que cubren la pandemia y acontecimientos políticos a trabajar de manera segura”, expresó Natalie Southwick, coordinadora de programas de América Central y del Sur del CPJ.
“En lugar de hostigar a periodistas o de limitar su trabajo, las autoridades deberían concentrarse en investigar las amenazas contra la prensa, proporcionar información de salud pública esencial y permitir que los periodistas trabajen”.
Recuerda que hace menos de un año, el CPJ publicó un informe sobre libertad de prensa en Guatemala, en el cual concluyó que el gobierno no había investigado situaciones de violencia ni amenazas sufridas por periodistas, ni tampoco había ofrecido protección adecuada a quienes habían sido amenazados.
El informe sostiene que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas no respondió con rapidez ni actuó con eficacia contra la impunidad, aparentemente debido a falta de capacidad más que de voluntad. La fiscalía no cuenta con suficiente personal ni recursos, y se encuentra totalmente sobrepasada de trabajo, concluyó el CPJ.
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La investigación que las organizaciones han efectuado desde marzo de 2020 sugiere que los desafíos que planteó la pandemia, incluidas las restricciones a viajes dentro del país, el hecho que las oficinas públicas trabajen con capacidad reducida, y las demoras y problemas de programación de citas del sistema judicial, han agravado aún más dichas dificultades.
Información limitada del covid-19
Human Rights Watch y el CPJ también concluyeron que los guatemaltecos han tenido acceso limitado a información sobre las medidas adoptadas en relación con el covid-19 y los casos existentes.
Según varios periodistas, a principios de abril, el gobierno dejó de ofrecer informes diarios sobre la pandemia, por lo cual se hizo más difícil dar seguimiento de la cantidad de casos de covid-19 confirmados o identificar las zonas del país más afectadas.
A su vez, en abril, las autoridades expulsaron a varios periodistas de los chats de WhatsApp con autoridades gubernamentales, que hasta entonces habían sido la única manera de obtener datos actualizados de manera directa.
Giammattei justificó el silencio gubernamental acusando a los periodistas de haber solicitado datos personales sobre los ciudadanos con covid-19. Sin embargo, los periodistas manifiestan que solamente pidieron los datos que necesitaban para identificar patrones, como el número de casos en una determinada región.
Las autoridades podrían haber respondido tales preguntas sin comprometer la confidencialidad ni los datos personales en temas de salud, señalan Human Rights Watch y el CPJ.
Los pequeños pasos dados en los últimos tiempos por algunas autoridades para compartir información son insuficientes para proteger los derechos fundamentales de los guatemaltecos.
Si bien algunos periodistas sostienen que últimamente ha mejorado el acceso a información pública, incluso mediante chats de WhatsApp, sigue habiendo retrasos en las comunicaciones o la información entregada es incompleta.
Limitación en coberturas
Las autoridades continúan limitando la cobertura de eventos oficiales. Las conferencias de prensa son pocas, y con frecuencia se les niega a los periodistas, en especial a aquellos a quienes se considera críticos del gobierno, la oportunidad de realizar preguntas.
Aunque algunas restricciones sean necesarias por motivos de salud pública, no deben discriminar contra medios independientes o críticos o tomar represalias contra ellos.
Recomendaciones
Para proteger los derechos a la libertad de expresión y a la salud, así como la libertad de prensa, Human Rights Watch y el CPJ reiteran las recomendaciones incluidas en el informe publicado por el CPJ en marzo de 2020, y, en especial, exhortan al gobierno guatemalteco a adoptar las siguientes medidas:
- Ordenar a las instituciones públicas que, de inmediato, se ponga a disposición del público y de los periodistas la información pertinente sobre el covid-19 de manera accesible, y que respondan a los pedidos de acceso a la información pública dentro de un plazo razonable;
- Garantizar que los funcionarios electos y las fuerzas de seguridad no hostiguen ni impongan restricciones arbitrarias a periodistas que llevan a cabo su labor, e investigar a quienes lo hagan;
- Recabar información y datos confiables y exhaustivos sobre amenazas y actos de violencia contra periodistas y sobre violaciones a la libertad de los medios de comunicación, incluida información sobre el género y otras características demográficas de la víctima, y poner tal información a disposición del público.
- Trabajar con el Congreso para que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas cuente con fondos y recursos suficientes y con personal capacitado que se concentre exclusivamente en delitos contra periodistas, de modo que puedan investigar los ataques físicos y digitales contra periodistas. La capacitación que reciban debe prestar atención a consideraciones de género, la pertenencia a comunidades indígenas y otras características de identidad de la víctima.
Durante 2020, Human Rights Watch y el CPJ revisaron informes de medios de comunicación, declaraciones emitidas por organizaciones que protegen la libertad de prensa, declaraciones oficiales y comunicados de prensa de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Human Rights Watch recabó testimonios directos sobre ataques sufridos por cuatro periodistas independientes y revisó videos que corroboraban otros ataques a la prensa. Para el informe del CPJ de marzo de 2020 sobre libertad de los medios de comunicación en Guatemala, el personal entrevistó a más de 20 periodistas y defensores de la libertad de prensa.
La comunicación constante con los periodistas que sirvieron como fuentes para ese informe también contribuyó a los nuevos hallazgos.
Amenazas y hostigamiento
En abril, más de 100 periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales cuestionaron públicamente las medidas oficiales que perjudican al periodismo en Guatemala.
Citaron problemas para acceder a información que debía ser pública, así como hostigamiento, ataques e intimidaciones contra periodistas.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha recibido quejas de periodistas que acusaban a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de exigirle a quienes trabajaban en las calles que mostraran sus identificaciones profesionales sin motivo alguno, de fotografiar o filmar a periodistas, o de ordenarles que borraran imágenes o videos que habían tomado como parte de su trabajo.
El 30 de noviembre, el Día Nacional del Periodista, la PDH manifestó su preocupación por los ataques contra los medios y el acceso limitado a información relacionada con el Covid-19 durante el año.
Hasta diciembre, la organización no gubernamental Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) había registrado más de 149 actos de agresión o restricciones contra periodistas y trabajadores de medios desde que asumió Giammattei, por parte de particulares, agentes de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos, en comparación con 85 durante todo 2019.
Las denuncias, que en algunos casos fueron corroboradas por la PDH, incluyen amenazas, robo, abusos contra periodistas o trabajadores de medios comunitarios y el asesinato de dos periodistas.
En algunos casos, los afectados eran periodistas comunitarios que cubrían asuntos relevantes para su comunidad o mujeres periodistas que trabajaban sobre delitos de género.
En algunas de las denuncias se alega que se negó información o acceso a conferencias de prensa a algunos periodistas por la simple razón que criticaban políticas gubernamentales, una conducta incompatible con el respeto del pluralismo y la independencia en los medios.
Muchas de las denuncias describen amenazas, actos de intimidación y acoso por parte de militares y miembros de la PNC. Además de actos de agresión perpetrados por policías y soldados, los ataques anónimos en las plataformas digitales y las agresiones físicas y verbales de particulares han propiciado un clima hostil para el ejercicio del periodismo.
El 27 de febrero de 2020, un hombre armado no identificado disparó a Bryan Guerra, del canal de noticias de cable TLCOM. Murió cinco días más tarde debido a las heridas sufridas. La PNC y la Fiscalía municipal de Chiquimula no habían respondido rápidamente cuando Guerra indicó haber recibido amenazas a través de redes sociales, según informó la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas no han identificado un posible móvil ni anunciado avances en la investigación del asesinato de Guerra. Es el decimoctavo periodista guatemalteco asesinado desde el año 2000.
El periodista Junior Cordero de Canal 12 informó que, el 14 de abril, policías lo obligaron a borrar fotos y videos que había tomado de un hombre mientras estaba siendo detenido por violar el toque de queda impuesto por el covid-19 en Malacatán, San Marcos.
Tanto la PDH como la Fiscalía de Delitos contra Periodistas están investigando el hecho.
El presidente también ha realizado declaraciones intimidatorias y hostiles hacia los periodistas. El 18 de marzo de 2020, el presidente Giammattei roció a periodistas que estaban frente al Congreso con lo que, al parecer, sería una sustancia bactericida, y señaló que se trataba de un spray “antiperiodistas”.
El 21 de marzo, al referirse al toque de queda establecido para combatir la pandemia, el presidente expresó: “Quisiera poner en toque de queda a los medios, pero no se puede”.
En mayo, cerca del Palacio Presidencial en ciudad de Guatemala, la Policía filmó, fotografió y registró las pertenencias de Sonny Figueroa, del proyecto periodístico VoxPopuli, y de Marvin Del Cid, que pertenece a la asociación por la libertad de prensa Artículo 35.
Ambos periodistas habían estado informando sobre el círculo de influencia de Giammattei y el uso que este hacía de bienes públicos.
Del Cid informó que Giammattei había expresado durante una conferencia de prensa en enero de 2020, antes de los ataques, que el periodismo de Del Cid se “extralimitaba”. También dijo que Giammatei ha desacreditado en forma pública el trabajo de los dos periodistas, calificándolo de “chismes de cantina”, y se había referido a ellos como “el combo”, en alusión a que frecuentemente trabajan juntos.
Del Cid y Figueroa han informado sobre señalamientos de corrupción que involucran a varios funcionarios públicos. También publicaron un informe sobre el personal de la ex Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, que hasta el 31 de diciembre de 2020 se ocupaba de tareas de coordinación, apoyo y asesoramiento a ministerios, y sobre su director, Miguel Martínez, un empresario próximo al presidente. Martínez anunció que había presentado una denuncia penal por acoso, amenazas y extorsión contra periodistas del medio en línea Plaza Pública que publicaron una investigación sobre sus nexos con el presidente el 9 de septiembre.
Figueroa tuvo otro incidente con la Policía en septiembre, cuando fue detenido por agentes que lo acusaron de causar un escándalo en la vía pública después de que le robaran sus artículos personales.
Lo arrestaron y lo mantuvieron detenido varias horas. Dos policías implicados en el incidente han sido detenidos y están siendo investigados por abuso de poder. Uno de ellos había registrado y fotografiado a Figueroa y a Del Cid en mayo.
El 7 de diciembre, Del Cid encontró una carta en el buzón de su vivienda en ciudad de Guatemala, según contó al CPJ. En la carta se advertía a los periodistas que se abstuvieran de investigar y publicar su trabajo, o de lo contrario “ya verán”.
En la carta no se mencionaban temas específicos en los que trabajan Del Cid o Figueroa.
El 23 de junio, en Quiché, varios soldados rodearon a otro periodista, Juan Carlos Botón, mientras tomaba fotografías de cinco soldados que no usaban mascarillas.
Los soldados amenazaron a Botón, según el Procurador de los Derechos Humanos, y le ordenaron que entregara su teléfono celular. El Procurador pidió que se llevara a cabo una investigación penal, y la Fiscalía de Delitos contra Periodistas abrió una.
El 18 de septiembre, organizaciones de derechos humanos alertaron sobre amenazas y hostigamiento en redes sociales contra cuatro mujeres periodistas que trabajaban sobre temas de violencia de género.
Una de las periodistas dijo a Human Rights Watch que había presentado al menos tres denuncias en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Señaló que una de las investigaciones se cerró a fines de 2020 sin ninguna resolución, y que no contaba con información sobre el estado de las otras denuncias.
El 22 de septiembre en Quiché, la policía arrestó a Anastasia Mejía Tiriquiz, directora de Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV. Mejía es miembro de la comunidad indígena maya k’iche’ y había dado cobertura a una manifestación del 24 de agosto contra el alcalde de Joyabaj, sobre la cual informó en directo a través de la página de Facebook de Xol Abaj TV.
La manifestación culminó en disturbios, saqueos y un incendio en el edificio de la alcaldía.
En la cobertura periodística que realizó Mejía el 24 de agosto se presentaron denuncias comunitarias, como señalamientos de corrupción contra el alcalde, y no se instigó a la violencia.
Sin embargo, se le acusó de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado.
Estuvo arbitrariamente en prisión preventiva más de un mes, como resultado de sucesivas postergaciones de su audiencia preliminar. El 28 de octubre, un juez dispuso su liberación y detención domiciliaria después de que pagara una fianza de Q20 mil (cerca de USD 2.565). Se encuentra a la espera de la fecha del juicio por los delitos de sedición y atentado con agravaciones.
Entre el 26 y el 28 de septiembre, dos mujeres periodistas recibieron mensajes hostiles y amenazas luego de cubrir actividades para visibilizar el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Los autores de los mensajes se refirieron a ellas como “promotoras de las abortistas”, les advirtieron que podrían ser golpeadas y les desearon que las “violaran”.
El 21 de noviembre, en el contexto de protestas en ciudad de Guatemala, un policía golpeó con un tolete en la cabeza al periodista y fotógrafo Carlos Sebastián mientras este estaba fotografiando la detención de un manifestante, como se observa en un video que difundió el Procurador de los Derechos Humanos.
El 28 de noviembre, al menos cinco periodistas fueron agredidos verbal y físicamente por manifestantes encapuchados y violentos mientras cubrían la protesta, señalaron los medios. Entre ellos estaba Jovanna García del medio feminista virtual Ruda, quien fue golpeada con un hierro en la clavícula y el hombro por un individuo no identificado que la llamó “feminista infiltrada” y la insultó. Llevaba puestos el casco y la acreditación de prensa.
Acceso limitado a información
Según los periodistas, el acceso a información precisa, oportuna y actualizada sobre el covid-19 y sobre las medidas del gobierno para combatir la propagación del virus es insuficiente, a pesar de que ha habido varias mejoras luego del reemplazo de algunos funcionarios clave en junio.
Cuando la pandemia comenzó en marzo, el gobierno proporcionaba actualizaciones diarias detalladas a todo el país por televisión nacional. Sin embargo, a principios de abril, dejó de producir estos informes diarios. Por ello, tanto a los periodistas como a los ciudadanos de a pie les resultaba difícil conocer cuántos casos confirmados de covid-19 había e identificar cuáles eran las regiones más afectadas.
Desde entonces, algunos funcionarios han denunciado deficiencias en los datos oficiales. Durante su primera conferencia de prensa como ministra de Salud, el 26 de junio, la doctora Amelia Flores confirmó que su equipo había detectado incongruencias en los datos oficiales.
Observó errores en la cantidad de casos positivos en relación con el total de personas a quienes se les había realizado la prueba de diagnóstico.
El 1 de julio, Edwin Asturias, quien presidía la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19, presentó un informe al Congreso con conclusiones preliminares.
El informe concluyó que los resultados de las pruebas de covid-19 del Sistema Gerencial en Salud (SIGSA) eran distintos de aquellos comunicados al público, y que las cifras informadas se habían modificado artificialmente para aplanar la curva.
Si bien el reconocimiento oficial de estas imprecisiones representa un avance importante, el público aún tiene poco acceso a información sobre la cantidad total de casos y las áreas más afectadas. El gobierno volvió a publicar datos oficiales diarios tras el informe de Asturias al Congreso.
Sin embargo, la versión actual de los datos solo está disponible en línea y su presentación es sumamente técnica, por lo cual resulta de difícil comprensión para quienes no cuentan con conocimientos avanzados de estadística o medicina, incluidos periodistas.
Según el testimonio de dos periodistas, si bien el Congreso aprobó un decreto en el cual se le exige al gobierno cumplir con el plazo de 10 días para responder a los pedidos de información pública durante la pandemia, las respuestas proporcionadas por el Ministerio de Salud y la Presidencia han sido tardías e incompletas.
En respuesta a las quejas de los periodistas, el procurador de los derechos humanos ha estado interpelando al ministro de Salud Pública y Asistencia Social para que cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual se establece el plazo. Incluso si, debido a las restricciones vinculadas con la pandemia, algunas demoras fueran necesarias, estas no deberían ser arbitrarias ni convertirse en un pretexto para evitar difundir información pública.
Quizás en respuesta a los esfuerzos del procurador de los derechos humanos para hacer cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, el Congreso está intentando reemplazar la PDH por una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública para realizar este ejercicio de supervisión.
El actual Procurador de los Derechos Humanos ha enfrentado reiterados intentos del Gobierno de debilitar su función de velar independientemente por el respeto de los Derechos Humanos, los cuales han incluido amenazas de destitución y de acciones penales.
De acuerdo con esta propuesta, el Congreso podría destituir al director de este nuevo organismo de control por mayoría simple. Si este cambio entra en vigencia, la independencia de quienes están a cargo de garantizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública estaría en peligro, señalaron Human Rights Watch y el CPJ.
El partido gobernante controla el Congreso, y quien intente hacer cumplir la ley podría ser destituido fácilmente si sus acciones disgustaran al gobierno.
A la luz del vacío informativo, el distanciamiento social, las medidas de confinamiento y otras restricciones establecidas para frenar la propagación del covid-19, la capacidad de los periodistas para informar sobre las condiciones y los casos en áreas rurales es limitada. Por ello, contar con información oficial precisa, oportuna y accesible sobre la pandemia es aún más importante.
Además de las demoras y limitaciones al acceso a información en general, el gobierno ha impedido que determinados periodistas reciban actualizaciones sobre la pandemia en lo que parece ser una represalia por ejercer un periodismo independiente.
Las autoridades han “retirado a periodistas que cuestionan las prácticas oficiales de los grupos de WhatsApp a través de los cuales difunden información”, manifestó la Alianza Regional, una red de organizaciones no gubernamentales que promueven el acceso a la información y la libertad de expresión en la región.
Por ejemplo, el medio Nómada informó el 12 de abril que uno de sus periodistas fue expulsado de un grupo de WhatsApp del Ministerio de Salud.
También en ese mes, se establecieron restricciones en dos grupos de WhatsApp administrados por el entonces secretario de Comunicaciones, Carlos Sandoval, impidiendo a los periodistas realizar preguntas o solicitar comentarios.
Durante los primeros días de la pandemia, las conferencias de prensa se cancelaron, por lo que los grupos de WhatsApp resultaban una fuente fundamental de comunicación e información oficial.
Francis Masek, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, quien asumió en junio, ha mostró una mayor predisposición para compartir información, pero dos periodistas le dijeron a Human Rights Watch que el acceso a la información sigue siendo limitado y que esta situación se ve agravada debido a que la cuenta oficial de Masek en Twitter es privada, lo cual limita el escrutinio habitual que es fundamental en la tarea periodística de dar seguimiento a la labor de los funcionarios públicos.
En octubre, tres periodistas señalaron que, con la nueva ministra de Salud y la nueva secretaria de Comunicaciones, volvieron a realizarse conferencias de prensa y algunos grupos de WhatsApp se reactivaron.
Aun así, desde el inicio de la pandemia de covid-19, el gobierno ha limitado la participación de ciertos periodistas en las pocas conferencias de prensa que ha dado el presidente Giammattei.
En las conferencias de prensa con otros funcionarios, no se permite a los periodistas formular determinadas preguntas. Estas medidas parecen aplicarse para determinados periodistas en función de su labor independiente más que en virtud de criterios objetivos, lo cual ha afectado de manera desproporcionada a periodistas independientes críticos del gobierno.
El 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron que los países debían “proporcionar proactivamente información veraz y fidedigna sobre todos los aspectos de interés público relacionados con la pandemia”.
Señalaron que los funcionarios habían llevado a cabo campañas de estigmatización en contra de periodistas en varios países, incluyendo Guatemala, y citaron denuncias de un conjunto de periodistas que dijeron haber sido descalificados por el presidente y otros funcionarios y que se habrían restringido los canales virtuales para formular preguntas sobre la respuesta al covid-19.
Presidencia
Se consultó a Presidencia acerca de la publicación del informe y Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, indicó “no emitiremos pronunciamiento al respecto de la publicación”.
