Cálculos del Instituto Nacional de Electrificación (INE) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) del 2018, en el país solo el 88 por ciento de los hogares son parte de la red eléctrica nacional.
Eso quiere decir que 287 mil 438 familias no cuentan con ningún tipo de energía eléctrica, un dato que podría aumentar según se vayan estudiando los efectos de la pandemia.
Alta Verapaz es el departamento que menos población electrificada tiene —44 por ciento de cobertura—, pese a que en su territorio se ubica la hidroeléctrica Chixoy, la más importante del país y la que representa el 60 por ciento del total de la energía generada por el Inde.
“Aunque en el último censo realizado se menciona que el 91 por ciento de la población cuenta con energía eléctrica, no especifica la fuente de energía, ya sea por paneles solares individuales o lámparas de gas, por ejemplo”, explica la investigadora guatemalteca Cristina Domínguez, quien actualmente se encuentra en Zúrich, Suiza, estudiando las diferentes energías renovables que se pueden implementar en Guatemala para que la cobertura de la energía llegue al cien por ciento de la población.
Según Domínguez, aunque el censo cuente que el 91 por ciento de la población tiene acceso a este servicio, sigue siendo bajo ya que la media en América Latina es del 97 por ciento, y a nivel centroamericano, Guatemala se encuentra arriba únicamente de Nicaragua, que tiene el 87 por ciento de la cobertura.
El acceso de la energía es la puerta de entrada a una serie de servicios básicos que se han vuelto indispensables en tiempos de pandemia, como la telefonía móvil y el internet. Aunque el Ministerio de Educación aún no ha dado los datos de cuánto es la deserción estudiantil en 2020, existe la preocupación que hayan sido miles los niños los que no pudieron estudiar debido a que no tenían acceso a un teléfono o a una computadora.
“Hay gente que vive con apagones constantes y muchos más que no tienen ni siquiera para encender un foco, entonces lo hacen mediante candelas o lámparas de queroseno que producen mucho humo y las familias lo respiran todo el tiempo; esto causa bastante daño a la salud”, dice Domínguez.
Quienes deben movilizarse para recolectar leña u otro tipo de combustible para tener luz en las casas invierten entre seis y siete horas diarias, “esto generalmente lo hacen los niños y las mujeres; es tiempo para que pudieran invertir en su educación o en su desarrollo personal en el caso de las mujeres, ahí empieza la brecha”, dice la investigadora, quien actualmente trabaja en un doctorado en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich.
Energías renovables
Para ayudar a cerrar la brecha, Domínguez estudia el potencial que existe en el país para el uso de energías renovables. Junto a profesionales de la Universidad del Valle de Guatemala estará en los próximos dos meses trabajando con comunidades en Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y Alta Verapaz.
En su primer diagnóstico, indica que la energía solar fotovoltaica, es decir, a través de los paneles solares, tiene mayor potencial en los departamentos de la costa sur como Escuintla y Suchitepéquez.
La tecnología de las hidroeléctricas es más utilizable en lugares como Alta y Baja Verapaz, Quiché y Huehuetenango que cuentan con bastantes recursos hídricos como ríos. Por otro lado, la energía eólica se puede utilizar en la región oriental como El Progreso, Chiquimula, Santa Rosa y Jutiapa.
A decir de Domínguez, la clave para que el MEM pueda cumplir con su Plan Indicativo de Electrificación Rural 2020-2032 para lograr el 99.99 por ciento de cobertura, está en las minirredes creadas con cualquiera de las opciones anteriormente descritas para que se puedan conectar a la red nacional.
Sin embargo, podría salir muy caro conectar a las comunidades más alejadas ya que se debe crear la infraestructura, por eso también señala como importante llevar paneles solares, crear plantas eólicas o minihidroeléctricas para que la energía llegue a toda la población.
Pero el otro reto es involucrar a la población desde el inicio para no aumentar la conflictividad que actualmente existe en el tema.
“Los conflictos inician con la falta de conocimiento y porque los grandes proyectos no han involucrado a la población desde el inicio”, puntualizó.
