“La Superintendencia de Bancos, derivado de las distintas consultas formuladas por agentes económicos y financieros con relación al uso de las monedas o activos virtuales, conocidos como criptomonedas, entre las cuales destacan el Bitcoin, Ethereum, Ripple y otras similares, comunica a la población que de conformidad con la Ley Monetaria, la unidad monetaria de Guatemala es el Quetzal y únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República, por lo que las monedas virtuales no son monedas de curso legal en el país”, explicó la SIB en un comunicado.
Agrega que las monedas virtuales no tienen respaldo del Estado de Guatemala y que “no se consideran divisas, no están garantizadas, ni se puede obligar a ser aceptadas como medio de pago en transacciones de bienes y servicios”.
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La SIB agregó que las plataformas transaccionales o las personas que se dedican a la venta y comercialización de monedas virtuales en Guatemala “no se encuentran bajo la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, por lo que podrían no cumplir con estándares de seguridad o procesos de mitigación del riesgo, presentando posibles fallas de seguridad que generen altos riesgos para los usuarios”.
Por lo anterior explicó que muchas de esas plataformas se ubican en otros países, por lo que “su regulación y supervisión se encuentra fuera del ordenamiento jurídico nacional”.
“Derivado de la especulación, las personas que adquieran este tipo de moneda virtual se exponen a altas volatilidades en el precio, por lo que el valor de las mismas podría aumentar o reducir drásticamente e incluso llegar a cero”, refiere el comunicado.
Operaciones ilícitas
La advertencia de SIB destaca que las monedas virtuales han sido utilizadas en otros países en operaciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero e incluso con el financiamiento del terrorismo.
“Derivado que estas transacciones son anónimas, en otras jurisdicciones se ha señalado su uso en distintas operaciones ilícitas, como en captaciones no autorizadas de recursos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, refiere el documento.
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Por último, el documento agrega que “las personas que adquieran este tipo de monedas virtuales o las utilicen en transacciones comerciales están expuestas a los distintos riesgos que las mismas conllevan y no se encuentran amparados por ningún tipo de protección”.
