Después de que el juez de turno le hizo saber el motivo de su detención, fue llevada a la cárcel Santa Teresa, zona 18. Ahí pasó cerca de un mes, antes de la audiencia de primera declaración. Su abogada, durante una de las visitas, le explicó que, según el expediente del Ministerio Público (MP), había recibido un depósito en su cuenta de Q100. El dinero era producto de una extorsión.
Estéfani explica que en octubre del 2017 recibió una llamada de un centro carcelario. Sabía que uno de sus excompañeros de trabajo estaba detenido, asumió que era él quien se trataba de comunicar, por lo que aceptó la llamada. Le pidió que le diera su número de cuenta para depositarle Q100, ya que ese dinero le serviría a su mamá. Le compartió el número de cuenta y llegó el depósito. A los días fue a dejarle el dinero a la casa de la señora. Nunca más supo de su excompañero.
Para Estéfani hacer transacciones por medio de la banca en línea no era nada extraño, por lo que no sospechó que ese dinero la llevaría a prisión.
Mientras estuvo en la cárcel, conoció algunos casos de mujeres detenidas por extorsión. Una de las reclusas estaba detenida porque le pagaron la compra de productos de catálogos por medio de una transacción que era dinero de extorsión.
Estéfani fue ligada a proceso por extorsión en el 2018 y en marzo del 2019 fue condenada por dicho delito a seis años de cárcel. No obstante, la sentencia no está firme, porque apeló y aguarda la resolución.
“Mi familia es la única razón por la que intento demostrar que soy inocente, porque es una sentencia injusta”, dice.
El estudio Reducir las extorsiones, un esfuerzo de todos, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) señala que ocho de cada 10 procesados por ese delito son condenados. El análisis destaca que de 86 mil denuncias recibidas en el MP entre el 2010 y julio del 2020, el 66 por ciento fueron concluidas, el 8 por ciento de las cuales al recibir sentencia representa cuatro mil 232 casos. Mientras que, en ese mismo lapso, el Organismo Judicial emitió 16 mil 20 sentencias, de las cuales el 84 por ciento fueron condenatorias.
Denuncias
La División Nacional contra el Desarrollo de Pandillas (Dipanda) reportó que en enero recibió 969 denuncias de casos de extorsión, mientras que en el mismo mes del año pasado fueron mil 194. Del 1 al 25 febrero último, recibió 851, y en el mismo período del año pasado fueron 966. Es una constante.
Similares números y proporciones de denuncias maneja la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, que en el último mes ha recibido 594 denuncias.
Emma Flores, jefa de la Fiscalía, explicó que le preocupa que los ciudadanos que son víctimas de extorsión no denuncian porque creen que hay una “cifra negra” de personas que efectúan esos pagos.
Un piloto, que prefiere omitir su nombre por seguridad, cuenta que antes de la pandemia se dedicaba a prestar el servicio de transporte de pasajeros en buses pequeños, pero cuando el gobierno suspendió el servicio, debió buscar otra forma de ganarse la vida, por lo que ahora traslada a personas de forma colectiva en un carro particular.
Explica que para ingresar al “punto” —lugar donde se reúnen varios pilotos para el traslado de los pasajeros— debió pagar Q500 a los extorsionistas, y todos los días paga una cuota de Q100, aunque explica que esos pagos varían de acuerdo con las zonas. Además, agrega que muchas veces no deciden quiénes de los conductores ingresan ese día, porque son los extorsionan quienes los admiten.
El conductor cuenta que cuando era piloto de los microbuses, por más de siete años, también pagó extorsión, y aunque el grupo que lo amenazaba fue identificado, detenido y sentenciado, otro grupo ocupó su lugar y las exacciones nunca pararon.
Édgar Guerra, defensor de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explicó que ha recibido denuncias sobre esos transportistas y de la forma en que son intimidados. Añadió que, incluso, deben pedirle “permiso” a los extorsionistas para trabajar.
David Boteo, jefe de Dipanda, reconoció que este tipo de cobro de extorsión al transporte es común, y la que comenzó fue la Mara Salvatrucha.
Existen dos tipos de cobros: a los pilotos y a las asociaciones.
“La extorsión a pilotos es un poco compleja, porque hay algunos que, desde que se disolvió el servicio urbano de transporte o que aún no se activan, es porque muchos ya sabían cuál era la metodología, y la trasladaron a los taxis”, dice Boteo. Además, señala que también puede haber muchas personas infiltradas que aprendieron a extorsionar o que tienen familiares que son pandilleros.
El jefe de Dipanda citó un caso reciente en el que investigaron a una sociedad de taxistas que empezaron a ser extorsionados después de que incluyeron a un piloto en la flotilla. Descubrieron que el conductor que ingresó había estado en la cárcel por extorsión a buses en el 2010. Según Dipanda, este tipo de casos son complicados de resolver, porque hay muchas personas interesadas, incluso socios o dueños que se extorsionan entre ellos mismos.
