El parlamentario dijo que podría tratarse de un fraude de ley, aprovechándose de una cláusula arbitral, luego de que la empresa no ganara la licitación.
Declaró, en la citación, que son Q101 millones de la cláusula de lucro cesante; Q199 millones por concepto perjuicios causados por la Portuaria por la no renovación a la expectativa de cuatro años propuestos sobre la continuidad de la prestación, y Q66 millones por concepto de perjuicios causados por al cálculo al movimiento de carga y la no renovación.
El diputado enfatizó que, en total, suman Q366 millones, y que son una serie de cláusulas anómalas en el contrato original.
Barreda afirmó que tanto el avance de este arbitraje junto a la inversión de un rompeolas, podrían poner en aprietos financieros a la portuaria.
“Aquí hay que develar que existe una estructura en ambas portuarias”, remarcó el parlamentario, y el tema será abordado con profundidad en una nueva citación, el próximo 23 de marzo.
El abogado y notario José Guillermo Castellanos Molina, quien es el vocero de Servicios Bayside, aseguró en una nota publicada este lunes en Prensa Libre que es un derecho contractual que se firmó en 2001 y es una obligación respetar los términos y condiciones de ese contrato, por certeza jurídica.
Recordó que no es contra de las actuales autoridades si no que es un tema institucional en el 2001, quien firmó el contrato, que no son las mismas personas que hoy fungen como gerente y como junta directiva de la portuaria.
