Las declaraciones de Juan González, miembro del Consejo Nacional de Seguridad de EE. UU., y Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte, despiertan interés y suscitan esperanza. Cuando lleguen, en una fecha atrasada “hasta nuevo aviso” a causa de la arena volcánica en La Aurora, deben escuchar a quienes en estos países libran la batalla contra la corrupción, principal motivo de la cadena cuyo último eslabón es la desesperada migración de miles de ciudadanos dispuestos a arriesgarlo todo para salir de la pobreza y la desesperanza ante la imposibilidad de hallar un presente y futuro dignos en sus países. Se vislumbra un plan para realizar en forma conjunta con estos sectores, auditorías de acciones y decisiones tomadas por las entidades estatales guatemaltecas.

El tiempo, como siempre, es factor fundamental. Es muy escaso y por ello se debe actuar con la mayor celeridad posible y aconsejable. La corrupción instalada en el sistema de justicia del país también es causa inicial de tragedias posteriores. Un ejemplo es la participación de Sandra Torres en dos elecciones seguidas. Sus oponentes ganaron porque recibieron el voto en su contra, y la segunda vez pudo participar porque la declaración de ilegalidad de su candidatura llegó pocas horas después del vencimiento del plazo. Es solo un ejemplo de por qué se necesita auditar al Ministerio Público y al Tribunal Supremo Electoral, cuyas actuaciones provocan escalofríos en demasiadas ocasiones, con el resultado adicional de la desconfianza y rechazo populares.

No entusiasma la firma de un acuerdo de cooperación entre Hugo Guevara, de la Agencia Nacional Antinarcóticos de Estados Unidos, y Oscar Dávila, director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, entidad sin peso alguno, y Leyla Lemus, secretaria general de la Presidencia y en pocas semanas magistrada de la Corte de Constitucionalidad en representación de Alejandro Giammattei. Parece chiste de humor negro. La promoción de “reformas estructurales” para combatir la corrupción no será posible, porque este gobierno no tiene la voluntad política para lograrlo. Así como fue una burla cuando el incalificable Jimmy Morales aceptó firmar el ridículo plan de “País seguro”, esta vez se corre ese mismo riesgo. La corrupción en Guatemala está en el ambiente, hasta se puede respirar.

Los funcionarios estadounidenses han hablado de la ineficacia de sanciones para fortalecer la capacidad guatemalteca de integrar un sistema transparente, sin protección a los corruptos. Esto es cierto si todo se reduce a esos castigos, pero debe haber otras acciones –quitar visas, por ejemplo— porque ello provocará una de las causas de toda persona para actuar: el temor de perder. La otra es el deseo de ganar. Y si ahora está ganando por acciones ilegales, la tarea se complica y su tiempo aumenta desmesuradamente, imposibilitando resultados mientras se incrementan las causas políticas, sociales y económicas de ese doloroso y vergonzoso éxodo humano convertido en el producto principal de exportación al traer dólares ganados con sudor y sangre.

Hablar de fortalecer el sistema judicial, respetar el estado de Derecho y fomentar un esfuerzo del gobierno, sector privado y sociedad civil muestran buenas intenciones y deben realizarse, conscientes de ser demasiados los factores contribuyentes a la preocupante realidad nacional. Al analizar el deterioro de la confianza ciudadana en las últimas décadas se pueden encontrar formas para iniciar con medidas, al principio simples y luego más complejas, el insoslayable y urgente cambio en sociedades como las centroamericanas. El reto, complejo, tiene demasiados frentes, cuya derrota depende de enfrentarlos en una especie de batallas simultáneas. Dicho esto, no es válido descalificar un plan estadounidense sin alternativa posible: debe apoyarse.