El anuncio evidencio, a criterio de analistas, la importancia que EE. UU. da a este problema que se ha convertido con el paso de los años en un asunto de seguridad interna de ese país que cada año le cuesta miles de millones de dólares su manejo.
La vicepresidenta ya ha sostenido conversaciones con lo presidente de Guatemala y México, Alejandro Giammattei y Andrés Manuel López Obrador, así como con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para hablar de soluciones.
La designación de Harris, sin embargo, no es algo nuevo y no es garantía de que cualquier estrategia que intente implementar EE. UU. en la región dé resultados.
Ya en el 2014, Biden —en ese entonces vicepresidente— encabezó el mismo esfuerzo a raíz de la crisis humanitaria de menores de edad no acompañados que llegaron a la frontera sur de EE. UU. en ese entonces.
Esa coyuntura obligó a los países a pensar en estrategias para reducir la migración, y fue así como nació el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) que no logró su objetivo a pesar de que su puestamente se le asignaron millones en el presupuesto guatemalteco.
Solo del 2016 al 2018, según registros del Ministerio de Finanzas, se ejecutaron en programas que en teoría pertenecían al plan más de Q18 mil millones.
Durante la administración de Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence también tuvo una participación muy activa en el tema migratorio que incluso lo hizo visitar Guatemala.
Mensaje positivo
Analistas coinciden en que la designación de Harris —primera mujer al frente de la Vicepresidencia de EE. UU. e hija de inmigrantes— para hacerse cargo de la estrategia es positivo y envía un buen mensaje a la región.
Probablemente su trabajo al frente de la estrategia pueda traducirse en un enfoque de género más directo de apoyo a las mujeres en las comunidades abandonadas del país donde no cuentan con trabajos dignos, son madres solteras, o bien sea adolescentes que no tienen opción a la educación o que muchas veces la interrumpen por un embarazado que perpetua el ciclo de la pobreza.
Su designación también es vista como una clara señal de la importancia que el tema migratorio tiene para la administración Biden.
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“No podemos negar que para EE. UU. es un gran costo atender a migrantes en su frontera sur, de aproximadamente US$60 mil por persona detenida”, dice Jorge Benavides, analista de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). Solo de este país en el año fiscal 2020, por lo menos 200 mil personas migraron de manera irregular y fueron detenidas.
“La pregunta de las autoridades de EE. UU. es cómo dar un mejor uso a estos fondos, pero no se los van a entregar a un país que no demuestra tener la institucionalidad suficiente como para garantizar que van a ser utilizados en reducir la migración irregular”, agregó.
El plan debe ser distinto
Pero más que la relevancia de que sea Harris quien esté al frente de la estrategia, los analistas creen que es más importante que en el plan de EE. UU. para reducir la migración irregular no ocurran los mismos errores que se cometieron en el pasado.
Coinciden en que es positivo que el enfoque de la administración Biden esté en mejorar la gobernanza, fortalecer el estado de derecho y combatir la corrupción.
Estos aspectos “son claves para fortalecer el estado, la ciudadanía activa y la auditoria social”, comenta Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quien, no obstante, reconoce que no será una lucha fácil puesto que en estados como el guatemalteco la corrupción está enraizada.
Benavides cree que EE. UU. ha sido claro que, para la asignación de recursos para el desarrollo económico se necesita un esquema de gobernanza que garantice las capacidades institucionales del sector público, no sólo para resolver conflictos, sino para asignar los fondos de la forma más eficiente posible.
“No se pueden echar los recursos en saco roto”, acotó. “Pero también se necesita que haya personas competentes dentro de la función pública”.
Otras voces afirman que se debe poner énfasis no solo en la corrupción que se genera en el gobierno central, sino también en las municipales, en donde no son pocas las denuncias por malos manejos de fondos e incluso de alcaldes que favorecen el tránsito de drogas por sus territorios.
Muchas veces el dinero llega a los municipios, el problema es cómo se usa, dice Aracely Martínez, directora de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle. La participación de la sociedad civil es importante, agrega, a manera de una auditoría social para que los recursos no solo se inviertan de forma transparente sino en proyectos que de verdad necesiten las poblaciones.
Apoyo a comunidades
Otro aspecto que debe prevalecer en un nuevo plan tiene que ser el priorizar las economías locales a manera de dinamizar a los pequeños productores para que sean parte toda la cadena de valor, y no solo se queden en producir, sino que tengan la posibilidad de comercializar y tecnificar sus productos.
Pero esto solo se alcanzará con inversiones en infraestructura vial, por ejemplo, o para llevar educación y tecnología. También con fortalecer la institucionalidad para apoyar proyectos de emprendimientos.
Martínez de Flacso, dice que, por ejemplo, en Huehuetenango solo hay un delegado del Ministerio de Agricultura para todo el departamento, que tiene una moto para movilizarse, pero no cuenta con viáticos.
En este departamento hay productores que piensan en organizar ferias para promocionar sus productos, pero no tiene recursos para hacerlo.
Añade que cualquier plan de EE. UU. debe hacerse en alianza con las autoridades, por lo menos las locales, puesto que ellas conocen los cuellos de botella que enfrentan los pequeños productores para salir adelante. Además, muchos alcaldes están conscientes de que por la migración de niños y jóvenes se está perdiendo el bono demográfico lo cual terminará por afectar la producción local.
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La estrategia debe llegar a las comunidades más vulnerables que se han convertido en territorios olvidados por el Estado donde los servicios de salud y educación son precarios, dice Martínez de la UVG.
“En el área rural hay casas enormes, pero no hay inversión. Hay escuelas que se caen o drenajes que no funcionan”, subrayó. Aparte de eso es imprescindible crear sistemas de protección social que amparen a una persona cuando se quede desempleado o sin vivienda a causa de un desastre natural.
El exdiplomático y exembajador Luis Padilla considera que EE. UU. tiene claro que el origen de la migración es la falta de oportunidades en los países de Centroamérica. “La gente sabe que en EE. UU. pagan mucho mejor, con el salario mínimo, una persona puede ganar US$60 al día y eso explica por qué quieren irse”, dijo.
Ciudades como oportunidad
En tal sentido, Benavides afirma que la alternativa para disminuir la migración irregular también pasa por hacer inversiones productivas en otros territorios, aparte de la capital, para lo cual se tiene que definir a través de planes de ordenamiento territorial las ciudades intermedias donde se pueda invertir y, en consecuencia, trabajar y vivir dignamente.
Por eso comenta que, contrario a lo hecho en el PAPTN que pretendía desalentar la migración a través de inversiones en los territorios expulsores de migrantes, se debe pensar en las ciudades que ofrezcan oportunidades y que cumplan con las condiciones de vivienda, empleo, servicios públicos y seguridad.
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Para el sacerdote José Luis González de la Red Jesuita con los Migrantes un plan debe contemplar un cambio de la “injusta y desigual” estructura económica del país en la cual las élites económicas están acostumbradas a pagar impuestos “mucho menos en proporción a lo que se paga en otros países”.
González considera esperanzador el que Ricardo Zúñiga haya sido nombrado enviado para el Triángulo Norte, puesto que por haber nacido en Honduras “debe conocer las estructuras de estos países” y comprender que “mejorar el desarrollo de México y Centroamérica le va a ayudar a EE. UU.”.
El sacerdote añadió que cualquier estrategia también debe incluir fuertes inversiones en educación a todo nivel, incluso universitaria puesto que muchos de los jóvenes que migran lo hacen, no solo porque no tienen empleo, sino porque no tienen esperanza de superación.
Experiencias del pasado
Rosario Martínez, analista de Flacso, expuso que EE. UU. ha invertido millones de dólares en programas como Feed the Future (impulsada en el 2008 en el gobierno de Álvaro Colom) y el PAPTN.
La investigadora quien dirige el programa Migración y Desarrollo de esa institución siguió de cerca estos procesos, y considera que parte del fallo del PAPTN fue que EE. UU. quería comprometer a los estados para que invirtieran en estrategias de desarrollo, pero no hubo dicha inversión nacional ya que los fondos supuestamente asignados eran los que ya contenían los presupuestos de nacionales.
Aseguró que tanto en Feed the Future como en el PAPTN, la sociedad civil intentó tener un rol activo para que tuvieran el impacto deseado “pero los gobiernos limitaron su participación”.
Por tal razón ve positivo que en esta ocasión EE. UU. antes de anunciar un plan visite los países y conozca las sugerencias de la sociedad civil.
En el caso del sector académico, por ejemplo, debe ser tomado en cuenta no solo por su natural experiencia por los estudios que ha hecho, sino porque futuros profesionales pueden convertirse en un instrumento de asesoría y acompañamiento en las comunidades donde las remesas llegan pero no logran dar el paso de convertirse en inversión productiva.
