“No sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa en un país donde no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político y el Gobierno continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida”, resaltó el presidente de la SIP, el hondureño Jorge Canahuati.
De acuerdo con la sentencia del pasado viernes de la sala de casación civil, el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237.000 petros -una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos- al valor de cambio del día.
El Nacional reaccionó calificando el fallo como una “persecución política” y alertando de que Cabello tiene la “intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación”.
Cabello demandó al diario en 2015, luego de que el medio replicara un reportaje del diario español ABC en el que su exjefe de escoltas lo vinculaba con negocios de narcotráfico.
“Esta sentencia no se trata de la expropiación de un medio de comunicación, sino directamente de una expoliación, del uso de la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación”, condenó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Jornet advirtió que la falta de independencia judicial “encamina hacia este tipo de abusos, a sentencias amañadas por intereses políticos”.
Canahuati y Jornet destacaron que el fallo multimillonario contra El Nacional es “una aberración judicial y un acto de venganza”.
Recordaron un caso similar en Ecuador, cuando en julio de 2011 el periódico El Universo fue sentenciado a pagar US$40 millones y a tres años de prisión a sus directivos y un columnista, tras una demanda por injurias presentada por el entonces presidente Rafael Correa.
Canahuati recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
Añadió que las leyes que penalizan “la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos” generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Los directivos de la SIP, con sede en Miami, subrayaron que el caso de Venezuela será uno de los principales temas de discusión durante la reunión virtual de la SIP que se celebrará desde mañana, martes 20, hasta el viernes 23.
