La aprobación con 88 votos de las reformas significó otra serie de críticas a la actual legislatura por anteponer una ley ligada a sus intereses, antes que otras demandadas por sectores populares.
“La ciudadanía está separada de la representatividad del Congreso y eso hace que no haya una relación de causa y efecto, porque la ciudadanía carece del control de sus representantes, porque estos responden a partidos y estos a su vez a intereses que no son los de sus electores”, señala José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN).
En el seno del Congreso hay posturas no muy distantes a lo que expone Echeverría. “El espíritu era apoyar a que los alcaldes ejecuten de mejor manera. El problema es que por beneficiar a municipalidades pequeñas se abre para que otras instituciones del Estado puedan comprar de una manera más libre”, dice Rodolfo Neutze, jefe de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), que votó a favor de los cambios.
La reforma a la Ley de Contrataciones ya había sido discutida y figuraba en la agenda, sin embargo, no era la prioridad, al menos en los acuerdos de jefes de bloques el pasado lunes. Una moción privilegiada oportuna la tarde del miércoles permitió que se conociera y aprobara de inmediato.
“Lo malo de esto es que la legislación puede ser positiva, pero cuando se aprueba a escondidas y a la carrera manda una mala señal y todos dudan (…) nos sorprendió, porque el acuerdo del lunes era lo que estaba en la agenda y sorpresivamente la cambian”, reflexiona Neutze.
Los diputados de Winaq estuvieron presentes en la sesión y votaron en contra. Sonia Gutiérrez, jefa del bloque, explicó que su oposición no fue en contra de los alcaldes o las necesidades de las comunidades, sino porque “el pueblo de Guatemala lo que exige es transparencia, que no hay opacidad y estas reformas no vienen a resolver la gestión municipal”.
Gutiérrez expuso que su bancada ya planteó un nuevo sistema de adquisiciones del Estado y es el proyecto que apoyan “para ejecutar el gasto público con transparencia, eficacia y honestidad, y esta ley no lo va a garantizar”.
Juego de intereses
Mientras se aprobaba la reforma, un grupo de alcaldes encabezados por el jefe edil de Salcajá y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Miguel Ovalle, presenciaba la sesión y aplaudía o abucheaba a los legisladores, según sus ponencias durante la discusión.
Desde la oposición se señala que congraciarse con los alcaldes puede tener un beneficio político para el oficialismo, ante el malestar ciudadano.
El buscar el apoyo edil ante crisis políticas no parece una idea muy lejana, si se toma en cuenta que otros presidentes han encontrado en la fuerza municipal un aliado en momentos de crisis.
Hay otro interés: el control del gasto público señala Echeverría. “El principal interés es económico y tener el control del gasto público de forma arbitraria por parte de estructuras y se ve desde la distribución del presupuesto y diputados que están vinculados con empresas que son contratistas y el interés de hacerse con el gasto público”.
Misión cumplida
Entre los 88 votos a favor hay diputados de las bancadas oficialistas. La mayoría tiene un espacio en la Junta Directiva del Congreso. Los argumentos en defensa de la aprobación se fijan en la línea de la necesidad de los alcaldes de poder ejecutar sus recursos de manera más fácil.
“Comunidades que durante mucho tiempo han esperado desarrollo. Hemos cumplido”, dijo Leopoldo Salazar, del bloque Valor.
“No es beneficio para los alcaldes, ellos tienen que trasladar este apoyo a la gente y hacer su gestión más efectiva”, agregó Aníbal Rojas, de Visión con Valores (Viva), que al defender su voto a favor, resaltó “que no es un cheque en blanco, no se está facilitando la corrupción, lo que se está dando es una oportunidad para ser más efectivos”.
