La organización no gubernamental Artículo 19, que defiende la libre expresión y el acceso a la información de México y Centroamérica, advirtió mediante un informe que en Guatemala hay una obstaculización a los medios y al ejercicio de la prensa por parte del Estado.
El documento, denominado “Guatemala: Estado contra la prensa y la libertad de expresión” y elaborado también por las organizaciones guatemaltecas Centro Civitas y Artículo 35, consideró que en el país “ejercer el periodismo es riesgoso”, debido a los “modelos autoritarios que atentan contra la finalidad legítima de la libertad de prensa”.
El informe destacó que los delitos más denunciados por periodistas en Guatemala son los de amenazas y coacciones, con 820 denuncias presentadas entre 2011 y 2020 en el Ministerio Público (MP). En el mismo período de tiempo se han registrado 21 asesinatos, 28 homicidios y 67 lesiones graves, culposas y leves.
El documento señaló que en el último año “el fenómeno de la criminalización a periodistas” fue uno de los más preocupantes, debido al empleo de “difamación y violencia psicológica”.
Las mujeres periodistas, además, han sido particularmente objeto de los ataques, pues el “90 % de ellas dijo haber experimentado acoso sexual cuando realizaban sus labores periodísticas” y la mayoría precisó que “no existían para ellas redes de soporte por parte de medios ni familias o compañeros hombres”.
Las organizaciones también hicieron un sondeo con 100 periodistas de Guatemala y “todos respondieron que han usado la Ley de Acceso a la Información Pública, pero en todos los casos denunciaron rechazos a las solicitudes de información” y, también, “persiste la negativa de las entidades a entregar la información en formatos abiertos”.
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Ese clima de coacción a la prensa “se vuelve más grave aún ante la situación de impunidad prevaleciente en Guatemala, pues hace visible la falta de voluntad política, de marcos legales e institucionales y de atención a la exigencia ciudadana”, concluyó el documento.
Crece el acoso
El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, aseguró durante la presentación del informe este lunes vía virtual que hay una “avanzada” de ese “fantasma que recorre América Latina, principalmente México, Guatemala y El Salvador, donde los altos jefes de Estado fustigan a la prensa”.
La censura y autocensura, agregó, “son resabios, anclajes autoritarios que venimos arrastrando en la región”.
Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, comentó durante su participación en el evento que si “con Jimmy Morales (expresidente entre 2016 y 2020) habíamos tocado fondo” en violaciones a DD.HH. y ataques a la libertad de prensa, “parece que Alejandro Giammattei no aprendió”.
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El ombudsman agregó que, si bien hay “mucha gente muy preocupada por los sucesos en El Salvador”, con las recientes acciones del Organismo Legislativo en contra de la Sala de lo Constitucional, en Guatemala “está sucediendo lo mismo, pero en cámara lenta”.
El relator especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, también fue parte de la presentación y recordó que “a los agentes estatales se les ha encargado la protección a la libertad de prensa, no su vulneración”.
APG
Por aparte, la APG en su informe “Estado de Situación de la Libertad de Expresión Primer Trimestre 2021” señala que los periodistas en Guatemala afrontan “enormes dificultades y riesgos para realizar libremente su labor”, debido a “actos intimidatorios, agresiones físicas y hasta ataques armados que le han costa la vida a colegas”.
De acuerdo con el informe, “En Guatemala se ha vivido un período violento y restrictivo para los comunicadores, pues solo en 2020, el Observatorio de los Periodistas de la APG registró 149 ataques.
Añade que esa tendencia continuó en los primeros tres meses del 2021, periodo en el que se reportaron 39 ataques y restricciones de distinto tipo, un aumento de casi el 100 por 100 en relación con el mismo periodo del pasado año, en el que únicamente se habían registrado 21 casos.
“Durante este primer trimestre el Observatorio de los Periodistas de la APG destaca dos patrones muy marcados: las incesantes acciones para limitar el acceso a información o actividades públicas y los ataques a periodistas y censura desde las redes sociales y plataformas digitales”.
Agrega que “aunque la mayoría de medidas restrictivas relacionadas a la pandemia se levantaron, el gobierno central y los gobiernos locales continuaron utilizando argucias para vedar el acceso a reuniones o actividades públicas y limitar la posibilidad de que los reporteros pudieran abordar a los funcionarios”.
Refiere que “la APG recibió denuncias por este tipo de prácticas en la cabecera de Quetzaltenango, la municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; San Felipe, Retalhuleu; Gobernación Departamental de Jutiapa y en la Presidencia, en al menos dos oportunidades.
“Esta problemática estructural trasciende a los cambios de administración municipal y mientras no existan sanciones o responsabilidades penales por estas prácticas violatorias a la libertad de expresión y derecho al acceso a la información, los alcaldes y demás funcionarios locales continuarán limitando, antojadizamente, la labor de los reporteros”, dice el informe.
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El informe señala que el gobierno de Alejandro Giammattei lejos de apostar por la transparencia mantiene “un compromiso férreo con la opacidad y su responsabilidad en los agravios en contra de periodistas no se limitó a impedir el ingreso a ciertas actividades oficiales, sino también a los actos en los que incurrieron fuerzas de seguridad y empleados de la Presidencia”.
Durante el primer trimestre de este año, el Observatorio de los Periodistas registró por lo menos tres actos de acoso de agentes de la PNC en contra de reporteros. En dos casos más, empleados de la presidencia incurrieron en actos de violencia física contra periodistas durante el desarrollo de actividades oficiales.
Uno de esos hechos se registró en Santa Cruz del Quiché, cuando un empleado, que no se logró determinar si pertenecía o no a la seguridad presidencial, agredió al corresponsal de Prensa Libre, Héctor Cordero. En un acto similar, durante los inicios de las actividades por el Bicentenario, un miembro de la SAAS golpeó a un reportero. Aunque la Presidencia buscó desligarse de estos actos, no es la primera vez que miembros de la SAAS atacan a periodistas.
La APG lamenta que desde el gobierno central no exista una postura clara y fuerte de condena hacia las distintas violaciones que constantemente padecen periodistas y medios de comunicación, sino, por el contrario, “existe un silencio total de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia cuando se le cuestiona sobre las múltiples críticas, provenientes de organizaciones nacionales e internacionales, sobre el hostigamiento que realizan a los comunicadores”.
El informe refiere que “las redes sociales y las plataformas en internet fueron espacios utilizados para ataques contra periodistas y solo en este periodo se dieron al menos seis casos de campañas de desprestigio. Aunque la mayoría de hechos se originaban por cuentas falsas, especialmente en Twitter, estas campañas han sido replicadas rápidamente por usuarios que denostaban la credibilidad e imagen de los periodistas. Las principales víctimas de estos ataques eran periodistas que criticaban o participaban en investigaciones que aludían a Giammattei y sus allegados.
La integración de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) y la aplazada elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones también supondrían un riesgo para la libertad de expresión o se procure impunidad en actos en contra de periodistas, señala el documento.
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“Con magistrados serviles y que respondan a los intereses de Giammattei y actores políticos no extrañaría que sentencias que se alcancen en primera instancia contra responsables de crímenes o delitos contra periodistas (como el caso del ex congresista Julio Juárez, acusado por el asesinato de dos periodistas en 2015) puedan anularse o se aprueben de forma expedita leyes que criminalicen la libertad de expresión o las manifestaciones ciudadanas, como intentó hacerlo la anterior legislatura en dos oportunidades”, refiere.
En 15 meses del gobierno de Alejandro Giammattei, el Observatorio de los Periodistas ha registrado 188 casos de violencia o restricciones contra periodistas y medios de comunicación, 149 casos en 2020 (todos reportados después del 14 de enero) y 39 en el primer trimestre de 2021. “Si esta tendencia continúa, posiblemente los actos de agresión de este año superen las cifras de 2020. Pese a que faltan más de 2 años para que culmine su gestión, podemos afirmar desde ya que la presidencia de Alejandro Giammattei será el periodo de gobierno en el que más ataques contra periodistas se hayan reportado y denunciado
Tributo
Por aparte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), recordaron mediante un video a los más de 500 periodistas y personal de los medios de comunicación fallecidos en las Américas a causa de la pandemia.
“Rendimos honor a las mujeres y hombres del periodismo, así como a todo el personal de medios de comunicación que expusieron y entregaron sus vidas cumpliendo con el compromiso de mantener informado al público. Son muchos los ejemplos de su dedicación y abnegación. Para todas ellas y ellos va nuestra total admiración”, subrayó Jorge Canahuati, presidente de la SIP y CEO de Grupo Opsa, de Honduras.
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El relator especial de la RELE, Pedro Vaca Villarreal, expresó que “la prensa latinoamericana, en medio de la ferocidad de la pandemia, desempeña un papel heroico, asumiendo riesgos extremos para mantener a la sociedad informada. La democracia necesita de esta labor que los periodistas asumen con abnegación y valor”. Agregó que “me complace que de manera conjunta con la SIP podamos ofrecer este tributo”.
Según Reporteros sin Fronteras en su informe sobre la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2020, Guatemala se encuentra en el puesto 116 entre 180 países catalogados.
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