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En un comunicado, la Cámara de Comercio y la Cámara del Agro dijeron este miércoles 12 de mayo que la bendición a las reformas por parte de los congresistas constituye “un retroceso en materia de transparencia”.
Explicaron que elimina los controles “en los procesos de adquisición, elevando los montos para compras directas, generando incentivos para la discrecionalidad y la corrupción”.
Por tal razón, solicitaron al presidente Giammattei vetar el decreto, “en resguardo de los recursos provenientes de los impuestos de los guatemaltecos”.
Las cámaras exhortaron al Ejecutivo y al Legislativo que se discuta, en cambio, una reforma integral “que de manera técnica considere además la revisión del presupuesto del Estado y de la ley de servicio civil acorde a “los principios de eficiencia, transparencia y calidad de gasto”.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales
El sector empresarial organizado exhorta a las autoridades ejecutoras y a la Contraloría de Cuentas a que las contrataciones que se realicen en forma directa, fuera de mencionado sistema de compras, se hagan con estricto apego a la ética y ofreciendo formas alternativas para poder evidenciar la transparencia del gasto.
Dichas reformas recibieron el aval del Congreso de la República con 88 votos el 28 de abril último, que aumentará a Q200 mil el monto de las compras directas, y su aprobación significó otra serie de críticas a la actual legislatura por anteponer una ley ligada a sus intereses antes que otras demandadas por sectores populares.
De acuerdo con expertos, la Ley de Contrataciones del Estado regula la forma en que todas las entidades que reciben fondos públicos adquieren o contratan sus bienes, insumos, suministros, servicios y obra pública.
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Estas adquisiciones que realizan las entidades públicas, entre todas las modalidades y casos de excepción contenidos en la ley, llegan a representar casi el 50% del presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado. Por ello, aconsejan que es importante prestar atención a cualquier cambio que se realice a esta norma.
De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la última reforma que agrava la situación de la Ley, ya que tiene como fin de aumentar los montos aplicables a las modalidades de baja cuantía, compra directa, cotización y licitación.
Resaltan que el dictamen de la iniciativa de ley que resultó en este Decreto no incluyó estudios técnicos que respaldaran lo aprobado, ni opiniones de los entes rectores en la materia, especialmente del Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Los discursos de los legisladores confirmaron que en realidad respondió al cabildeo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y al cumplimiento de una promesa que el presidente Alejandro Giammattei les hizo a los alcaldes durante su campaña electoral.
“Es inaceptable que los legisladores obviaran que esta ley no es de aplicación exclusiva para las municipalidades, sino que trasciende a otras entidades públicas”, dijo el Icefi a Prensa Libre.
