Las entidades, entre las que destacan la Coordinadora de Oenegés y Cooperativas (Congcoop), el Comité de Unidad Campesina (CUC) o la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), demandaron “un alto a esta reforma y todos los intentos del actual Gobierno por restringir derechos”.
En su pronunciamiento conjunto, que aglutinó un total de 212 firmas, recordaron a la máxima Corte que “su rol es proteger los derechos constitucionales de la población y no favorecer a quienes les colocaron en la magistratura”.
La reforma “concede al Ejecutivo un poder casi absoluto de decidir quiénes sí y quiénes no pueden expresarse y organizarse”, extremo que “atenta, parcialmente, contra los derechos de toda la población guatemalteca”, indicaron las oenegés .
Además, enfatizaron que la normativa “obstaculiza la libertad fundamental de toda persona para participar en asuntos públicos, elevar la voz, exigir cuentas y sumar esfuerzos para brindar servicios que atiendan las necesidades de la población”.
La reforma a la Ley de oenegés “permitirá cerrar entidades sin decisión de un tribunal, abriendo la puerta a arbitrariedades y eliminando la independencia de poderes”, exclamaron.
Revocación de fallo original
El miércoles la Corte de Constitucionalidad contradijo su propia resolución del año pasado, en la que había suspendido de forma provisional la ley, que ya había sido decretada por el Congreso y sancionada por el presidente, Alejandro Giammattei, y decidió, de forma definitiva, avalarla.
Casi todos los magistrados titulares que componían la entidad en aquel momento no fueron reelectos en sus cargos en abril pasado para el período 2021-2026 del tribunal, y la decisión de admitir la ley fue tomada este miércoles con el voto de tres nuevos magistrados: el excandidato a vicepresidente del país Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus Arriaga.
Las reformas a la normativa, denominada “Ley de Organizaciones No Gubernamentales”, habían sido objetadas en su momento por organizaciones sociales locales y también por altas autoridades tanto en Estados Unidos como en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en febrero de 2020, Michael Kozak, manifestó su oposición a la reforma de ley mediante sus redes sociales.
Según Kozak, la reforma de ley propone requerimientos dificultosos para las organizaciones no gubernamentales, que “juegan un papel clave” en la construcción de las diversas democracias.
Una opinión parecida manifestó el 26 de febrero de 2020 el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que instó al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, a vetar la ley, de modo que la “sociedad civil pueda operar sin miedo” a castigos.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la ONU en Guatemala también había advertido en 2020 sus reservas con respecto a la nueva normativa.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2019, Michelle Bachelet, de igual forma manifestó en ese año su preocupación por la ley, que introduce “requisitos y controles administrativos aplicables a Oenegés nacionales e internacionales” que “en la práctica pueden usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar” su labor.
El origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público guatemalteco y la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
