El artículo 17 del Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de Organizaciones Políticas establecía que los partidos debían abrir una cuenta bancaria en cada sede donde tuvieran organización partidaria vigente para el manejo de sus recursos financieros.
No obstante, el TSE publicó ayer en el Diario de Centroamericana el acuerdo 120-2021, en el cual le da la oportunidad de no tener que abrir cuentas en departamentos y municipios, siempre y cuando justifiquen los motivos por los cuales no lo pudieron hacer.
Entre los considerandos del acuerdo, la institución electoral justifica que varias organizaciones políticas han manifestado que “el sistema bancario nacional ha denegado la apertura de cuentas bancarias de acuerdo (sic) a sus políticas (…) lo que imposibilita la fiscalización del cumplimiento de la ley”
El acuerdo añade un párrafo al artículo 17 del reglamento, en el que establece que para esquivar el requisito de la apertura de cuentas a nivel departamental y municipal los partidos únicamente deben hacer constar en una declaración jurada en acta notarial las causas por las que no pudieron hacerlo.
Ahora, los secretarios generales y nacionales deben distribuir el financiamiento público y privado por cheque a nombre de los secretarios departamentales o municipales, quienes a su vez deben llevar un libro de caja para el registro y control de los recursos dinerarios.
Los gastos deben liquidarse de forma mensual y estar respaldados por facturas o documentos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria, según dice el acuerdo.
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Riesgos
Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), reconoce que para las organizaciones políticas resulta complicado abrir cuentas ya que se trata de personajes políticamente expuestos.
Sin embargo, afirma que el hecho de administrar los recursos en una cuenta bancaria permite mayores controles en la fiscalización. Por lo tanto, toda reforma que relaje las medidas de fiscalización y rendición de cuentas no es conveniente. “Cualquier resolución del TSE debería enfocarse en fortalecer la organización de los partidos contribuyendo para que el manejo bancario de sus recursos dinerarios no sea tan complicado”, dice Hidalgo.
Hidalgo comentó que lo que se buscaba con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2016 era garantizar que las organizaciones no recibieran financiamiento de fuentes ilícitas. De tal cuenta, cualquier modificación a la ley o a los reglamentos que contravenga el espíritu de la transparencia debiese replantearse, explica el entrevistado.
Por su parte, Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asies), considera que estos cambios al reglamento debiesen ser temporales, en tanto se discuten las reformas a la LEPP en el Congreso de la República.
“La Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso discute actualmente las reformas a LEPP con base a las propuestas del diputado Rudio Lecsan Mérida y del TSE. Esperamos que todo lo que tenga que ver con el registro del as finanzas en el sistema bancario pueda ser discutido en tiempo prudencial en el Congreso”, explica Dabroy.
Dabroy considera que, si el problema de las cuentas bancarias no se solventa para el próximo proceso electoral, los riesgos aumentarían, ya que se dificultarían los mecanismos para fiscalizar el origen del financiamiento durante la campaña.
Por medio de su oficina de comunicación social, el TSE negó que las reformas debilitaran la fiscalización de los partidos políticos. Aseguró que casi ningún partido podía cumplir con abrir sus cuentas porque el sistema bancario no atendía “al sector político” y por eso se emitió el acuerdo de reforma, sin embargo, los mecanismos de fiscalización siguen vigentes.
Se intentó contactar al presidente del TSE, Mynor Franco, pero no atendió las llamadas ni mensajes a su celular.
Quejas
En los meses previos a la campaña electoral 2019, representantes de partidos se quejaron de que el sistema bancario no les quería abrir cuentas bancarias y eso les imposibilitaba cumplir con el artículo 17 del reglamento de fiscalización de organizaciones políticas. Este problema se planteó en diversas reuniones que sostuvieron con el pleno de magistrados desde 2018.
Organizaciones que participaron por primera vez en las elecciones, como el Movimiento Semilla o el Movimiento de Liberación de los Pueblos, hasta partidos políticos ya vigentes, denunciaron que la negativa de los bancos les dificultó administrar sus recursos.
Discusiones
Rudio Lecsan Mérida, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso y ponente de una de las iniciativas para reformar la ley junto con el diputado Douglas Rivero, informó que en los últimos meses se ha discutido en dicha mesa de trabajo algunos aspectos concretos de la reforma, como el empadronamiento automático al momento de emitir el documento de identificación personal.
El congresista estima que a finales de junio la comisión podría estar emitiendo los dictámenes, tanto para la iniciativa que él presentó como la que propusieron los magistrados del TSE.
