El pasado 2 de marzo de 2021 el Ministerio de Educación firmó el convenio 01-021-DSM con la UCEE. Este formaliza el trabajo coordinado entre ambas instituciones. La idea es que la UCEE ejecute los procesos de contratación y supervisión de infraestructura educativa con base a las especificaciones técnicas que le proporciona el Mineduc.
Actualmente, la UCEE tiene un presupuesto de Q31 millones 775 mil 768 para la construcción, ampliación y remozamiento de centros educativos en el nivel preprimario, primario, secundario y diversificado. Sin embargo, solo se han devengado Q1 millón 627 mil 932, que equivale al 5.42 por ciento de ejecución.
Las autoridades de la UCEE han justificado los retrasos aduciendo que el presupuesto 2021 no fue aprobado. De tal cuenta, los recursos que se les asignaron este año no pudieron utilizarse desde los primeros días hábiles de enero ya que había que realizar modificaciones presupuestarias.
“Para poder utilizar los recursos en cada uno de los proyectos en ejecución, es necesario hacer las reprogramaciones presupuestarias conforme lo establece la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve vigente para el Dos Mil Veintiuno que está establecido en el artículo 8 y 7 5 del segundo párrafo”, justificó el CIV en una respuesta institucional.
Recientemente, el diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), informó que solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que analice la viabilidad del convenio que sostienen ambas instituciones dada la falta de resultados.
“Nos parece incoherente que se haga un convenio y que no haya resultados. La UCEE es poco efectiva”, comentó Blanco.
Por su parte, la Contraloría General de Cuentas (CGC) informó que no han enviado ningún dictamen de momento al Congreso de la República.
El congresista explicó que el Mineduc, como ente rector de educación, podría crear una unidad ejecutora para llevar a cabo proyectos de infraestructura. Sin embargo, por motivos políticos han preferido concentrar los recursos en el CIV.
“Debería de anularse el convenio con el CIV y el Mineduc debería absorber responsabilidad de remozar y construir escuelas. Lo que sucede es que el Mineduc nunca ha querido crear su unidad ejecutora de infraestructura”, cuestionó Blanco.
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Alternativas
Ester Ortega, exviceministra de educación, considera que el convenio de cooperación que sostiene el Mineduc y la UCEE no es necesario, ya que en la legislación ya está regulado que es el CIV el que se encarga de la infraestructura.
La entrevistada comenta que la UCEE siempre ha sido poco efectiva, pero existen alternativas que se pueden implementar para solucionar el problema, al menos en cuanto al remozamiento de escuelas.
“Las Organizaciones de Padres de Familia están autorizadas para ejecutar fondos que el ministerio le dé. Anteriormente se les han trasladado recursos para pintar escuelas, arreglar baños y hacer otros trabajos sencillos”, comentó.
Ortega explicó que la falta de celeridad ocurre porque el proceso para que el Mineduc traslade fondos a la UCEE lleva tiempo. “La UCEE nunca ha sido eficiente por diferentes razones, como burocracia y bajo presupuesto”, comentó.
Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, dijo que es preocupante que existan retrasos en los remozamientos de centros educativos.
“Dada la situación del país, debemos tener mecanismos ágiles que permitan una ejecución descentralizada de los recursos. No podemos seguir con procesos burocráticos que retrasen las actividades escolares. Esto va en detrimento de los estudiantes”, afirmó Spross.
La directora ejecutiva coincide con que los remozamientos se pueden hacer a través de las Organizaciones de Padres de Familia, ya que de esa forma se incorporan actores de la comunidad, como líderes de los consejos comunitarios de desarrollo.
Se consultó con la oficina de comunicación social del Mineduc sobre los retrasos en la ejecución de infraestructura educativa, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
En total, la UCEE tiene un presupuesto de Q279 millones el cual, además de infraestructura educativa, se debe invertir en construcción, ampliación y reposición de edificios de salud y bienestar social y otros edificios de entidades de gobierno central. De este dinero solo se ha ejecutado el 20.91 por ciento.
