Los problemas para echar a andar el plan de vacunación se veían venir al recordar cómo el Gobierno manejó la pandemia, afirman expertos en salud: con un cuestionado manejo de los datos, escasez de pruebas y constantes rotaciones en la cúpula del Ministerio de Salud.
En cuanto a la compra del fármaco, Guatemala pareció confiarse del mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una alianza para proveer de vacunas equitativamente a los países de ingresos medios y bajos y garantizarles la vacunación de al menos el 20% de su población.
En noviembre del 2020 las autoridades informaban que se habían hecho negociaciones para adquirir más de seis millones de dosis para inmunizar a tres millones de guatemaltecos. Quizás esa confianza hizo que no se buscaran más acercamientos —al menos no se dieron a conocer— con más proveedores.
Para entonces, otros países de la región ya se adelantaban. El 3 de octubre, Costa Rica ya había firmado un convenio con Pfizer y BioNTech para el suministro de vacunas que por esos días estaba por ser aprobada.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele destacaba que desde junio se hacían negociaciones con cuatro farmacéuticas, incluida Astra Zeneca, cuya vacuna es una de las que se han proveído bajo el mecanismo Covax. Los salvadoreños no se confiaron de la OPS y negociaron de manera bilateral.
Negociación sobre la marcha
Ahí es donde analistas ven la primera —y crucial— tardanza, en el accionar de las autoridades guatemaltecas para negociar la compra de vacunas directamente con las farmacéuticas, porque al darse cuenta de que Covax no resultó como lo esperaban, tuvieron que hacerlo casi a la carrera y hasta abril pasado con la compañía rusa Human Vaccine, con quienes se firmó un millonario contrato, con varias desventajas.
Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos de Guatemala, dijo que el Ministerio de Salud no podía negociar con ninguna farmacéutica antes de aprobar la Ley de vacunación, y que ese atraso de meses impacta ahora en no contar con las suficientes dosis del fármaco.
“Aunque en Guatemala estamos acostumbrados a minimizar las cosas, tres, cuatro o más meses, en el contexto mundial, fueron una gran diferencia en la disponibilidad de vacunas. Países importantes acapararon y otros similares a Guatemala que comenzaron meses antes tuvieron más acceso”, indicó.
El epidemiólogo José Ortiz, director del Observatorio Sasrcov-2 de Guatemala, criticó que el contrato firmado con Human Vaccine para adquirir las vacunas Sputnik V se haya hecho en secreto ya que no era necesario desembolsar una gran cantidad de dinero y las dosis bien se pudieron haber pagado hasta tenerlas en puerto.
Señaló que, siendo Guatemala un país que no aportó un centavo para las investigaciones de la vacuna ni se ofreció para que acá se desarrollaran las fases de aprobación de los fármacos, debió haber iniciado negociaciones desde hace mucho tiempo no hasta enero pasado.
La diputada Lucrecia Hernández, integrante de la Comisión de Salud del Congreso, no duda en calificar este contrato de “leonino” ya que, como fue acordado, “Guatemala tiene todas las de perder y la fabricante todas las de ganar”.
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La legisladora coincidió con que Guatemala comenzó tarde las negociaciones con farmacéuticas y dijo que, si Guatemala hubiera evidenciado con datos reales la gravedad del impacto de la pandemia en el país, “hubiéramos sido priorizados” por Covax.
El médico Francisco Arredondo también señaló la “falta de gestión a tiempo” para adquirir vacunas, incluso con Covax, como una de las causas principales del rezago en la vacunación.
Dijo que el contrato para la compra de las vacunas Sputnik V se firmó cuando las autoridades se percataron que ya no había “acceso a otras marcas”. Esta premura derivó en una “pésima negociación”, añadió.
Ley tardía
Pero, aunque el Gobierno hubiera querido comenzar las negociaciones antes, Guatemala aún no contaba con un marco legal ni con recursos para garantizar la implementación de plan de vacunación contra el covid-19.
A pesar de que la elaboración del antídoto era un tema que ya se abordaba desde el inicio de la pandemia y que ya se conocían los nombres de las farmacéuticas que iban más adelantadas en el proceso, fue hasta el 12 de enero que el Congreso de la República aprobó la Ley para el financiamiento y adquisición de vacunas, y un presupuesto para tal fin de Q1 mil 500 millones.
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El Ejecutivo, una vez más, se tardó mucho tiempo en enviar la iniciativa al congreso.
La legislación guatemalteca dice que tanto los diputados como los organismos Judicial y Ejecutivo, así como el Tribual Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos están facultados para presentar iniciativas de ley; no obstante, el manejo de la pandemia y los recursos para afrontarla es una responsabilidad que recae sobre el Gobierno.
En conclusión, cuando El Salvador ya tenía seis meses de negociar con farmacéuticas y Costa Rica tres de haber cerrado su primer negocio, Guatemala apenas aprobaba los recursos para financiar la compra.
Eso explica, en parte, porqué estos países ya han superado el millón de personas vacunadas, al menos con la primera dosis.
Además, en el caso de El Salvador, se redujo de 5.45 a 4.76 el promedio diario de muertes por covid-19 desde el día que comenzaron a vacunar, contrario a Guatemala que aumentó de 12.02 a 18.48 el promedio de los decesos, desde el 23 de febrero, cuando se inmunizó a la primera persona.
Para Ranero, esa tardanza en el Plan nacional de vacunación se evidencia en otros problemas como el registro, que ha sido otra piedra con la que ha tropezado el plan, que el Ministerio ha intentado enmendar con constantes modificaciones.
Lo mismo ocurre con la estrategia de comunicación, que por no tenerse a tiempo a cedido su lugar a la desinformación. “Las personas tiene acceso a información equivocada y la dan por cierta al no tener la contraparte oficial, por eso hay un rechazo muy grande a la vacuna”, Ranero.
Más retrasos
Otro aspecto que Salud no trabajó con antelación fue el Plan nacional de vacunación, que presentó hasta un mes después de haberse aprobado la Ley para la compra de las vacunas. El Comité de Coordinación Nacional para la Vacunación se había establecido desde el 23 de noviembre.
Con este plan, Salud espera vacunar a 10.5 millones de guatemaltecos este año. En el documento de 37 páginas se habla de la necesidad de fortalecer la infraestructura nacional existente, y de la capacitación, no contratación, de personal.
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Para colmo de males, debido a la enorme demanda mundial, el Ministerio de Salud ha tenido que enfrentar retrasos para el envío de vacunas por parte de la fabricante rusa. El problema es que ya se pagó el 50% de las dosis (Q614.5 millones) y el resto ya está comprometido, lo que significa que en estos momentos no hay más recursos para negociar con otras farmacéuticas.
La ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que el lunes 24 de mayo se recibiría por parte de la Human Vaccine un cronograma de la entrega del medicamento, pero un día después indicó que se tardarían una semana más.
Supuestamente para agilizar la compra de vacunas, el presidente Alejandro Giammattei ordenó, sin el aval ni la consulta de Flores, la destitución de la viceministra técnica de Salud, Norma Lucrecia Ramírez, el pasado 31 de marzo, y fue hasta un mes y medio después que se nombró a su reemplazo.
Plan improvisado
Aunque Guatemala ya ha recibido más de 700 mil vacunas, entre compradas y donadas, no ha sido capaz de aplicarlas ágilmente.
Según el plan, la primera parte de la población a vacunar serían los mayores de 70 años, pero hubo poca respuesta y el Ministerio tuvo que ampliar el rango de edad para mayores de 60. Esto ocurrió porque —otra vez—, sin preverlo a tiempo, no se elaboró un plan de comunicación para incentivar a los adultos mayores a vacunarse.
“Armaron un plan de vacunación, lo publicaron, pero no hicieron una planificación de identificación de brechas, personal y presupuesto para implementarlo”, cuestionó la diputada Lucrecia Hernández.
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El desconocimiento de los beneficios de vacunarse o los lugares a dónde acudir sigue siendo muy grande, sobre todo en áreas rurales, incluso tan cercanas a la capital como San Juan Sacatepéquez. A los adultos mayores les llega cualquier bulo o mensaje, menos alguno del Ministerio de Salud. El problema es peor en áreas indígenas donde predominan los idiomas mayas.
En este aspecto también se puede ver improvisación, dicen los expertos.
La semana pasada, la ministra de Salud afirmó que el plan nacional de comunicación aún estaba pendiente de ser aprobado.
Con todo, los guatemaltecos esperan que el día que lleguen las vacunas no se tropiecen con fallos en el manejo por la cadena de frío, algo que Salud ha asegurado que no pasará.
En ese sentido, Hernández afirma que en citaciones que la bancada ha hecho a la ministra de Salud, esta les ha dicho que no necesitan ni más recursos ni más personal para operativizar el plan de vacunación, no obstante, teme que no sea así y que no habrá capacidad de inmunizar a millones de guatemaltecos.
Añade que hace falta fortalecer con recursos propios el sistema de Salud algo que, no tomaron en cuenta las autoridades. La diputada aseveró que han visitado centros de Salud donde el personal “está abandonado” y, por ejemplo, los digitadores trabajan con sus computadoras personales, con sus datos de internet y hacen colectas para sacar fotocopias o llamar por teléfono a las personas para recordarles su cita para vacunarse.
Al tratar de hallar una explicación sobre los constantes atrasos en que cayó el Ministerio, el médico José Ortiz lo atribuye a que “la capacidad técnica de la ministra y de los viceministros se vio rebasada totalmente”, aunque no descarta que la negociación con Rusia se haya retrasado deliberadamente para “comprar como se hizo”.
“En ninguna parte del mundo se ha visto que el Estado sea tan perjudicado con una compra de ese tipo y ni la Procuraduría General de la Nación ni la Contraloría de Cuentas han actuado”, señaló.
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Arredondo también teme que Salud no haya planificado a tiempo contar con la logística adecuada para el resguardo de las vacunas, principalmente en el área rural, así como la falta de personal capacitado para implementar la vacunación.
Estas deficiencias, Arredondo las atribuye a la “burocracia estatal y a la falta de asesoría adecuada que ha habido desde el inicio de la pandemia”, en la que nunca hubo pruebas suficientes y han abundado los errores del registro de contagios.
Alianzas
Aunque se han abierto centros de vacunación en alianza con algunas universidades y con el sector privado, se ha dejado de lado la importancia que puede tener el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), no solo en infraestructura, sino también en cuanto a recursos para para comprar el fármaco.
Aunque el Seguro Social vacunaría solo a sus afiliados, eso podría representar hasta 1.7 millones de guatemaltecos inmunizados.
A pesar de que las alianzas con la iniciativa privada, el Ministerio de la Defensa y otros han servido en la capital, no hay convenios para facilitar la vacunación en las áreas rurales. “Si mucho algún alcalde buena gente da apoyo”, se lamenta Hernández.
