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El 40% de las contrataciones públicas ha sido en procesos poco competitivos
Uno de los riesgos principales con las reformas a la LCE es que se elevan los montos de la baja cuantía hasta Q100 mil. Esto podría facilitar un uso clientelar de las contrataciones públicas.
Sitio de Guatecompras.
Casi Q4 de cada Q10 que se han erogado en adjudicaciones públicas en el n 2021 se han ido en compras directas y de baja cuantía. Estas dos modalidades se caracterizan porque no requieren los niveles de competencia entre los proveedores que exigen otros tipos de compras.
Entre enero y mayo últimos, el portal Guatecompras reporta adjudicaciones por Q6 mil 800 millones 145 mil 603. De este monto, Q2 mil 597 millones 94 mil 176, equivalentes a casi el 40%, se registraron en estas dos modalidades.
El artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) consigna que en ambos tipos de adquisición se puede prescindir de los procesos competitivos que se exigen en otras modalidades, como la licitación o cotización.
En cuanto a la compra de baja cuantía, el monto máximo a adjudicar es de Q25 mil, y de esa cantidad para arriba se debe hacer una compra directa, cuyo techo es de Q90 mil. Superior a esta cifra se deben efectuar cotizaciones, de acuerdo con la legislación vigente.
La diferencia entre compra directa y de baja cuantía es que en la primera se publica una oferta electrónica en Guatecompras, y entre la publicación del concurso y recepción de ofertas debe mediar un plazo no menor a un día hábil. En la segunda solo se deben publicar los documentos que respalden la adjudicación luego de efectuada, como la factura.
Reformas
Luego de que el Congreso aprobó las reformas a la LCE, el pasado 28 de abril, las cuales elevan los montos límite de baja cuantía a Q100 mil y de compra directa a Q200 mil, expertos en contrataciones públicas prevén que aumentarán las adquisiciones con estas dos modalidades, con lo que se sacrificarán los controles de transparencia y calidad en las adjudicaciones.
Sofía Montenegro, investigadora de la organización Diálogos, explica que las compras de baja cuantía están diseñadas para que las instituciones adquieran bienes de uso recurrente como papel higiénico, hojas, material de escritorio y repuestos, entre otros.
Por tratarse de compras de menor envergadura, la ley permite que no sea necesario cumplir procesos competitivos. Sin embargo, si se llegara a aprobar las reformas, Montenegro advierte de que las compras de baja cuantía podrían incrementarse. Incluso se podrían utilizar para adquirir bienes para los cuales esta modalidad no está diseñada, como un vehículo, por ejemplo.
“Las compras que antes eran compra directa se harán de baja cuantía. Esto incrementa las posibilidades de la corrupción, del pago de favores y el uso clientelar del sistema de compras públicas para fines personales. Y como se elevaron los montos mínimos para la compra directa y baja cuantía, habrá un aumento de adjudicaciones en ambas modalidades”, señala Montenegro.
Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que la mayor cantidad de dinero se eroga en modalidades de compra no competitivas, como la baja cuantía y compra directa.
“El Gobierno realiza procesos no competitivos y las reformas a la LCE vienen a reforzar más de lo mismo. No promueven una amplia participación del mercado. Al mantener esa dinámica negativa de compras, el Estado pierde el poder de negociación y lo da a los proveedores. Las instituciones terminarán comprando caro y conformándose con lo que el proveedor les pueda dar y en las condiciones que se los dé”, comenta Flores.
Según datos del Cien, en 2019 el 92% de eventos de compra en el sector público se adjudicaron por montos inferiores a Q90 mil, en modalidades de adquisición no competitivas.
Flores comenta que los montos adjudicados en estos tipos de compra podrían incrementarse entre un cinco u ocho por ciento más hasta alcanzar los Q6 mil millones anuales.
Asimismo, el Cien señala que, en el 2019, el 94% de procesos de compra eran por montos inferiores a Q180 mil. De esa cuenta, si se permite que las compras directas sean hasta por Q200 mil, también se incrementarán drásticamente este tipo de adjudicaciones, añade Flores.
Ejecutivo analiza cambios
La semana pasada, en conferencia de prensa, el presidente Alejandro Giammattei indicó que tiene hasta este jueves para decidir si sanciona o veta las reformas a la LCE.
“Estamos consultando a diversas personalidades que tienen experiencia en temas constitucionales porque yo encuentro que hay un tema que me preocupa y podría hacer que la ley sea inoperante. No quiero tomar una decisión precipitada”, expresó Giammattei en esa oportunidad.
Por su parte, Álvaro González- Ricci, ministro de Finanzas, dice que uno de los aspectos que más preocupa sobre las reformas es el hecho de haber elevado el monto máximo para la baja cuantía a Q100 mil, pues permitiría hacer adjudicaciones sin ninguna transparencia.
“El problema se da por subir el monto máximo a un tipo de compra que es una caja chica. En la baja cuantía no hay mecanismos de transparencia. En esta modalidad no hay contrato, no hay concurso, y los documentos que respaldan la compra se pueden publicar después de realizarla”, señala González-Ricci.
Según el ministro, estos problemas se están discutiendo en el Ejecutivo, por lo que habrá que esperar la decisión del mandatario.
Otros cambios
Entre las reformas a la LCE también se dispone que el monto máximo para las cotizaciones, que actualmente es de Q900 mil, será de Q2 millones, mientras que las licitaciones —compras mayores a Q900 mil—, serán a partir de Q2 millones.
La Constitución establece que el presidente tiene la facultad de vetar las reformas y regresarlas al Congreso con sus observaciones, plazo que vence el jueves.
Perfil
- Cada institución tiene dependencias que ejecutan el presupuesto, con sus respectivos jefes o directores.
- Karla Gómez, subdirectora de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), explica que los requisitos generales para estos tipos de puestos se establecen en el Manual de Especificaciones de Clases de Puestos, en el cual se detalla la experiencia académica y laboral.
- Dependiendo de la institución que se trate, el profesional a cargo debe contar con título universitario y experiencia mínima que va de cuatro hasta siete años relacionada con el puesto que va a desempeñar.