La decisión, “con vigencia inmediata”, fue dada a conocer en un memorando por el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, cinco meses después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, suspendiera desde el pasado 21 de enero las inscripciones de nuevos solicitantes.
Mayorkas argumentó que cualquier beneficio que pudiera haber ofrecido el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés) se ve superado por los “desafíos, riesgos y costos” que supone, e indicó que su aplicación no mejoró “de forma adecuada o sostenible” la gestión de las fronteras, ni resolvió los atrasos en materia de asilo.
“Comparto la creencia de que solo podemos gestionar la migración de forma eficaz, responsable y duradera si abordamos la cuestión de forma global, mirando mucho más allá de nuestras propias fronteras”, afirmó Mayorkas, el primer inmigrante e hispano al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) del gobierno estadounidense.
Amparado en “Permanezcan en México”, el Gobierno de Trump envió a más de 60 mil indocumentados que cruzaron la frontera a esperar en México sus citas ante jueces migratorios, un trámite que puede tomar meses.
Trump implementó esa política tras el repunte de las detenciones en la frontera con México, que en mayo de 2019 alcanzaron la cota histórica de 132 mil 856 casos.
Mayorkas se preguntó si el programa “brindó a los inscritos una oportunidad adecuada para comparecer”, porque hubo un alto porcentaje de casos -44 %- que fue fallado en ausencia de esas personas.
Recordó asimismo las condiciones que enfrentaron en México los inscritos en el MPP, entre ellas la falta de acceso a una vivienda, a ingresos y seguridad.
En ese contexto, sugirió que el diseño y el funcionamiento de ese plan pudo dar lugar al “abandono de las solicitudes de protección potencialmente meritorias”.
Como parte de las acciones para abordar la migración, Mayorkas se refirió a un nuevo sistema dedicado al trámite más expedito de las decisiones judiciales sobre familias migrantes que cruzan de forma irregular la frontera, que fue anunciado el viernes pasado.
La iniciativa se llevará a cabo en diez ciudades y buscará completar los casos en 300 días.
Aclaró que la decisión de poner fin al MPP “no afecta” los casos de las personas inscritas “en cualquier etapa de sus procedimientos” ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, en inglés).
Desde febrero pasado, la Administración de Biden permitió que las personas que esperaban en México por su asilo entraran a Estados Unidos y continuarán su proceso.
Hasta el pasado 6 de mayo, más de 10 mil de estas personas habían sido procesadas en Estados Unidos.
