La “Panel Blanca” fue un vehículo que habría sido utilizado para secuestrar, torturar y asesinar a personas consideradas como disidentes durante la década de 1980.
Durante la audiencia, la Fiscalía de Derechos Humanos leyó la declaración de un testigo sobre la desaparición forzada de Rubén Amílcar Farfán. En el relato que proporcionó el testigo se revela información sobre la Panel Blanca.
Según el testigo, este temido vehículo no pertenecía a la Guardia de Hacienda “como quisieron hacer parecer”, sino que estaba bajo el control de la Dirección del Estado Mayor de la Defensa Nacional. “Era una marca Toyota, color blanco”, añadió.
Rastros de sangre
De acuerdo con la declaración brindada, el testigo en una ocasión se acercó a ver el interior de la Panel Blanca en un lavadero de vehículos. El testigo en su declaración narró: “Vi coágulos de sangre de aproximadamente cinco centímetros. Cuando llegaron, los que lavarían (el vehículo) sacaron esos coágulos de sangre dentro de una cubeta y los vaciaron en la taza del sanitario”.
En marzo de 1988, fueron capturados seis miembros de la Guardia de Hacienda a quienes se les vinculaba con los actos violentos asociados a la Panel Blanca.
Según el relato del testigo, esas capturas motivaron el cambio inmediato de placas de la Panel Blanca, debido al escándalo que provocó esas detenciones.
Esa modificación fue posible debido a que la Dirección de Inteligencia contaba con una fábrica propia de placas para vehículos, según se constató en el relato del testigo.
Condena de la CIDH
En 1998, el Estado de Guatemala fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición forzada de diez personas en el caso de la Panel Blanca, hechos ocurridos entre 1987 y 1989.
Entre los asesinados se encuentran: Ana Elizabeth Paniagua, Julián Salomón Gómez, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López. Augusto Angarita Ramírez, Doris Torres Gil, Marco Antonio Montes, Erick Chinchilla y Óscar Vásquez.
La demanda fue presentada a la CIDH, con sede en Washington, el 19 de enero de 1995. Se pedía la condena a Guatemala por violación de los Derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, y las garantías judiciales de las víctimas.
