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Pablo Castillo, portavoz de la cartera del Interior, detalla que esta estrategia se trabajó por medio de un Comité Técnico, el cual se conformó con base al Acuerdo Ministerial 358-2015, y el criterio para enlistar a los 100 más buscados fue que tienen un “alto perfil criminal”, y significan que son una “peligrosidad” de seguir cometiendo hechos delictivos en contra de la población guatemalteca.
Además, confirmó que en este listado no se buscan a personas señalados por delitos de corrupción. Castillo defiende que la estrategia no va encaminada a capturar a estos prófugos, porque según el dictamen que emitió el Ministerio Público, al publicar la fotografía de estos 100 más buscados no afecta la investigación en su contra porque ya finalizaron esas diligencias.
Agrega que unidades como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que tiene aproximadamente 150 personas prófugas por delitos relacionados con corrupción, como el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, señalado de fraude y lavado de dinero; el exviceminstro de Gobernación, Kamilo Rivera, señalado de integrar una organización dedicada a ejecuciones extrajudiciales, el exjuez Mynor Motto, entre otros, manejan de otra forma la búsqueda de estos sujetos.
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“El criterio es esas fiscalías –como la FECI – tienen equipos especializados en el tema de corrupción para la búsqueda los exfuncionarios. Es un trabajo totalmente aparte al de la estrategia de –los 100—más buscados. En esta estrategia se incluyen únicamente perfiles de alta criminalidad”, afirmó.
Esta estrategia de recompensa por información de prófugos incluye la difusión del listado de criminales. La avenida de Las Américas es uno de los lugares en donde fueron pegados carteles en postes de electricidad con los rostros de los 100.
¿Cómo se cobra la recompensa?
Castillo explicó que las personas que tengan información valiosa de los prófugos deben llamar al 1561, la línea de “cuéntaselo a Waldemar”, los datos deben conducir a la ubicación exacta del prófugo. Después de su detención, el Comité conoce la forma en la que ingresó la información y si cumple con los requisitos de veracidad, oportunidad y aprehensión, para reclamar el pago.
De las 14 detenciones que se han realizado en las últimas dos semanas, solo seis cumplen con los requisitos para el pago de recompensa, explicó Castillo, debido a que las otras fueron trabajo policial, inteligencia e investigación criminal para capturarlos.
“Los funcionarios no pueden cobrar estas recompensas (…) El acuerdo ministerial establece que ningún funcionario, ni ningún familiar en primer, segundo o tercer grado de consanguineidad pueden hacer el cobro”, dijo Castillo.
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Por información que facilite la captura de cada prófugo el Ministerio de Gobernación ofrece un pago de Q50 mil, fondos que provienen del presupuesto del Viceministerio Administrativo. En total el Ministerio dispone de Q5 millones y, por ahora, el primer desembolso será de Q300 mil por la captura de seis personas.
Una de las complejidades para capturar a estas personas, según Castillo, es que son muy “escurridizos”, por ejemplo, utilizan nombres falsos en redes sociales o se identifican con documentos falsificados.
Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que la estrategia es buena, debido a que si se aplica como la del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Estados Unidos, podría tener buenos resultados.
No obstante, indica que las recompensas deben estar diferenciadas conforme a los perfiles de los prófugos que se están buscando, porque no corre los mismos riesgos el informante al delatar a un narcotraficante comparado con un pandillero que está extorsionando. “Deben variar los niveles de recompensa, según el perfil de peligrosidad, criminalidad o dificultad para atrapar a esa persona”, explicó.
Delitos comunes
No es primera vez que el Ministerio de Gobernación decide destinar fondos para facilitar la detención de personas prófugas. Durante el gobierno de Álvaro Colom también se hizo. Carlos Menocal, quien fue ministro del Interior en esa gestión, señala que es una estrategia positiva, pero también debería incluir a personas señaladas de delitos de corrupción.
“Es tan importante una captura de un asesino, un homicida y un violador, como también la detención de personajes que están prófugos de la justicia por actos de corrupción, malversación de fondos, por atentar contra los recursos del erario”, dijo Menocal.
Para el exministro de Gobernación el perfil criminal de los 100 que están incluidos en la lista no amerita un pago de recompensa porque, por la naturaleza de los delitos, deberían de ser perseguidos y localizados por la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC),
En la gestión de Menocal se ofreció recompensa para capturar a personas señaladas de narcotráfico con solicitud de extradición a Estados Unidos, con fondos facilitados por la Administración para el Control de las Drogas (DEA, en inglés). Finalmente, no se pagó ninguna recompensa y las detenciones se realizaron utilizando investigación criminal e inteligencia policial, dijo Menocal.
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Bajo esta lógica, el exfuncionario ve riesgos en la aplicación de la estrategia debido a que no se priorizan delitos comunes y no hay lugar para personas señaladas por corrupción, lavado de dinero, entre otros. Así como también el uso de estos recursos dar lugar a poca transparencia para que se paguen las recompensas.
“La partida y el pago de información y recompensa existen. Eso es un hecho. Quizá donde pueda ocurrir un riesgo es en el pago de la información a alguien que no necesariamente dio detalles para capturar a una persona y que las propias fuerzas de seguridad lo hayan detenido y que se beneficien a terceras personas”, advirtió.
Menchú también advierte que existen riesgos en la aplicación de esta estrategia y para corregirlos debería existir un mecanismo para que no se corrompa.
“Las recompensas pueden ser usadas para la corrupción. Puede ser que se tenga información, y alguien que conozca información sobre la persona que se esté buscando la brinde o se filtre información por parte de las autoridades que después acuda –para cobrar el dinero—“, señaló.
Para evitar la corrupción Menchú opina que debería existir un sistema de control interno, sin darse a conocer de forma pública de cómo funciona, para que se lleve el registro de a quién se le pagó la recompensa y qué información dio, tomando en cuenta que son datos sensibles y que no se deben filtrar.
Añade que esta estrategia debería incluir todos los delitos, pero da a lugar a excusas para no incluir los delitos relacionados con corrupción porque no existe un grado de criminalidad comparado con un pandillero o extorsionista. No obstante, afirma que en otros países en estas listas se incluyen perfiles de alto nivel como exfuncionarios perseguidos por corrupción o personas señaladas de delitos de cuellos blancos.
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Para Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad y justicia, explica que esta estrategia se ha usado en diferentes países. Uno de los ejemplos más relevantes es la estrategia que fue aplicada en Argentina para capturar a personas y exfuncionarios señalados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
Agrega que hay leyes que rigen el destino del dinero que se pueda dar en recompensas y desde ese punto de vista que se está usando el presupuesto del Mingob se deberá cumplir la Ley de Contrataciones del Estado para seguir los procedimientos, el rubro y la pertinencia de estos recursos.
Además, señaló que todo el aparato estatal de inteligencia podría funcionar para hacer investigaciones profundas para dar con el paradero de las personas de ese listado, ya que, el destino de ese dinero deberá redireccionarse a objetivos muchos más concretos y que afectan más al país, por ejemplo, delitos de corrupción.
