Ahí no han parado los arrestos en el país centroamericano.
BBC NEWS MUNDO
Nicaragua: 4 claves de la oleada de detenciones de líderes opositores a cinco meses de las presidenciales
A cinco meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua y en menos de dos semanas, cuatro posibles contrincantes del presidente Daniel Ortega —quien busca un cuarto mandato consecutivo— han sido detenidos: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
El presidente Daniel Ortega ha promovido leyes que limitan la participación electoral de la oposición.
Además han sido detenidos otros opositores, como José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y José Pallais Arana, miembro de la Coalición Nacional.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han pedido la liberación inmediata de los líderes de la oposición, a quienes el gobierno de Ortega acusa de “golpistas” y de querer desestabilizar el país.
Pero ¿por qué han sido arrestados? Aquí las claves para entender lo que ocurre.
1. Quién es quién y de qué se les acusa
La primera orden de captura fue para la opositora Cristiana Chamorro Barrios el pasado 2 de junio.
Chamorro Barrios, quien lidera las encuestas de popularidad en el camino hacia una candidatura presidencial, es acusada por “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” en una investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
La opositora es hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Se encuentra bajo arresto domiciliario.
Tres días después del allanamiento a la vivienda de Chamorro Barrios y su arresto domiciliario, fue detenido en el aeropuerto de Managua el precandidato Arturo Cruz, quien regresaba a Nicaragua de Estados Unidos.
El Ministerio Público asegura que Cruz fue detenido por presentar “fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
Cruz, reconocido economista y catedrático, permanece en prisión donde según las autoridades estará por 90 días. Fue embajador del gobierno de Daniel Ortega en Estados Unidos entre 2007 y 2009.
Este martes 8 de junio fueron detenidos dos precandidatos presidenciales más: Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Maradiaga, politólogo, fue detenido tras haber comparecido a una audiencia en la Fiscalía. Su abogado dijo que durante el arresto el opositor fue golpeado.
En la noche de este martes, la Policía allanó la casa Juan Sebastián Chamorro y lo arrestó. Chamorro, ex director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), grabó un video previo a su detención en el que llama a “seguir luchando contra una dictadura criminal” y le dice a su familia: “No se preocupen, voy a estar bien, estoy preparado”.
Según los comunicados de la Policía, ambos están siendo investigados “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
Tras las detenciones de los precandidatos, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas dijo que “en los últimos 30 años nunca había visto algo así”.
2. Las dos nuevas leyes en las que se basan para detenerlos
Un combo de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de mayoría sandinista han permitido la persecución y detención de los precandidatos presidenciales opositores, según el analista político Eliseo Núñez.
En diciembre de 2020 fue aprobada la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación, e impide a cualquier opositor considerado “golpista” o “traidor de la patria” postularse a un cargo de elección popular.
Esta ley identifica como “traidores de la patria” a todos aquellos nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de Estado”, “que fomenten o insten a actos terroristas”.
Y también a los “que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” y que “exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en diciembre pasado en el que aseguraba que esta “ley autoritaria” amenazaba la democracia en el país centroamericano al “prohibir que figuras de la oposición se postulen a elecciones”.
Bajo esta norma están detenidos Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Y también han sido arrestados los opositores José Pallais Arana, José Adán Aguerri y Violeta Granera.
La otra legislación es la de Agentes Extranjeros, aprobada por el Parlamento en octubre de 2020.
Esta bloquea el financiamiento internacional a las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, sociedad civil y opositores, y obliga a los organismos a registrarse como agentes extranjeros para recibir fondos.
Tras la aprobación de esta ley, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que promovía la libertad de expresión y prensa en Nicaragua y de la cual Cristiana Chamorro Barrios era directora, decidió cerrar y no aceptó “la pretendida imposición de registrarse como agente extranjero”, según explicaron en un comunicado.
En mayo de 2021, el Ministerio de Gobernación acusó a la Fundación de lavado de dinero.
Así, comenzó la investigación de Chamorro Barrios y su posterior acusación.
Además, el Poder Judicial informó que quedaba inhabilitada para ejercer cargos públicos “por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal investigativo”.
3. Otras polémicas medidas aprobadas de cara al año electoral
En octubre del año pasado, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución donde establecía mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Ortega implementara reformas electorales para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre en el país.
Este mayo fueron aprobadas las reformas electorales por la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista y las cuales fueron rechazadas por la comunidad internacional. Ortega mantiene el control del Consejo Supremo Electoral, anuló la observación electoral y prohibió el financiamiento para candidatos.
Además, con la incorporación de las leyes de Agentes Extranjeros y de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, inhibe como candidatos a los opositores que hayan participado en las protestas de 2018.
Estas leyes, dice Núñez, fueron construidas “con el objetivo de ser incorporadas en la reforma electoral”.
Tras la aprobación de la reforma electoral, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación”, ya que la reforma “mantiene e intensifica el cierre de los espacios democráticos en el país”.
“Esta reforma electoral lo que hace es poner mucho más difícil la situación para los opositores porque le da discrecionalidad al Consejo Supremo Electoral, mantiene la partidarización del sistema y adicionalmente involucra a la policía en la permisología en las manifestaciones y todo lo demás”, dice Núñez.
Daniel Ortega lleva 14 años consecutivos en el poder y este noviembre busca su cuarta reelección consecutiva.
Además de las leyes incorporadas en la reforma, el orteguismo aprobó, en octubre pasado, la Ley Especial de Ciberdelitos, que impone penas de uno a 10 años de cárcel para todos aquellos que el gobierno considere que publican noticias falsas en medios de comunicación o redes sociales.
4. El papel de la crisis del 2018
En abril de 2018 estalló en Nicaragua una ola de protestas ciudadanas cuya represión por parte de las autoridades, según los datos de la CIDH, dejó al menos 328 muertos.
El gobierno de Ortega asegura que se trató de un “intento de golpe de Estado” y desde entonces califica a los opositores como “golpistas”.
Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes hizo una investigación en la que acusó al Estado de Nicaragua de cometer actos que deben ser considerados “crímenes de lesa humanidad”.
En 2018, además de las protestas ciudadanas, se produjo la ruptura entre el gobierno y la empresa privada.
Han pasado tres años de aquellas protestas y los opositores detenidos en los últimos días, en su mayoría, fueron rostros predominantes en las manifestaciones en contra del gobierno.
Este 8 de mayo, tras la detención de tres de los precandidatos presidenciales, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, en su intervención diaria a través de los medios oficialistas, acusó los opositores de “recibir dinero sucio para matar” e insistió: “La justicia llega, tarda, pero llega”.
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