El juez era señalado de anular numerosos elementos de investigación del caso “Subordinación de Poderes para beneficiar a los implicados y por eso la Feci solicitó el retiro del derecho de antejuicio; sin embargo, este no prosperó.
Referente al caso, la investigación detalla cómo, presuntamente, en 2014, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la CSJ y Cortes de Apelaciones.
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El documento de la Feci y la extinta Cicig se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo se tomaron varias decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas la que se aprobó el 8 de abril de 2014, el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta Baldetti, cuya versión final fue impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados, señala el ente investigador.
La investigación determinó que los legisladores recibían hasta Q50 mil en un maletín, cada dos meses, para estar a las órdenes del Ejecutivo. A esa coima se le denominó champurradas.
