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Verificamos por usted: ¿Las citaciones complican la gestión de los ministerios?
Al hacer una comparación interanual entre el primer semestre del 2020 y 2021, se evidencia que las citaciones incrementaron este año, aunque ello puede explicarse por la derogatoria de las medidas sanitarias que estuvieron vigentes el año pasado.
Las autoridades de la Portuaria Quetzal justificaron la licitación del rompeolas en una citación en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
Este no es el primer gobierno y seguramente no será el último que se queje de que las citaciones de diputados obstaculizan las funciones que deben desempeñar todos los ministros.
Lo cierto es que la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas y el derecho de los congresistas a fiscalizar la labor de la administración pública están regulados en la Constitución Política de la República.
No obstante, los últimos gobiernos se han quejado de algunos parlamentarios, aduciendo que estos utilizan la figura de la citación de manera constante como un mecanismo de presión.
Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República, dijo, al ser consultada sobre declaraciones del presidente Alejandro Giammattei en cuanto a los opositores políticos, que algunos tratan de perjudicar la labor del Organismo Ejecutivo de forma sistemática.
“Se evidencia, por ejemplo, en el uso excesivo de la figura de citación en el Congreso, en los cuales se compromete la gestión estratégica de carteras clave por la cantidad de tiempo que tienen que dedicar en atender múltiples reuniones. Hay funcionarios que han sido citados hasta cuatro veces en un mismo día”, expresó Letona.
De igual forma, el pasado 2 de junio, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez Pellecer, acudió a una citación con la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) junto con el secretario privado, Janio Rosales, en la que se abordó una reunión que sostuvieron ministros de Estado en la finca de retiro presidencial Santo Tomás.
En esta reunión, según reconoció el secretario privado, algunos ministros se quejaban de que han sido citados de manera excesiva por el Congreso.
El titular de la cartera de Trabajo brindó una presentación en la que aseguró que los ministros estaban obligados a asistir a citaciones cuando se tratara de una comisión o bloque legislativo, no un diputado individual.
Además, Rodríguez Pellecer dijo que pueden hacerse representar por un viceministro, de acuerdo con la Constitución.
El gobierno de Giammattei no es el primero que se queja de las citaciones.
En mayo del 2016, el primer año de la administración de Jimmy Morales, este dijo en una conferencia de prensa que el Congreso había hecho más de 600 citaciones a sus funcionarios.
“El gabinete de ministros no está, porque hay citaciones tras citaciones, tras citaciones, tras citaciones. Solo el Ministerio de Salud lleva 138, y el de Educación, 11”, dijo en su momento Morales.
Con el propósito de impedir que el Ejecutivo limitara el ejercicio de fiscalización, durante la presidencia de la UNE en el Legislativo se promovió el decreto 13-2016, que tipificaba como delito el hecho que un funcionario no acudiera a citaciones y establecía penas de dos a tres años de prisión. No obstante, la Corte de Constitucionalidad lo declaró inconstitucional un año después.
El artículo 168 de la Constitución Política de la República establece como una obligación de los ministros de Estado “asistir a las sesiones del Congreso, de las comisiones y de bloques legislativos”.
No obstante, la citación a un ministro no tiene por qué paralizar el funcionamiento de una cartera. El artículo 168 también aclara que los ministros “podrán hacerse representar por los viceministros. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste, sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario”.
De igual forma, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que todos los funcionarios y empleados públicos “están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste, sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones legislativas”.
Al hacer una comparación interanual de las citaciones de enero a junio del 2020 y del 2021, se evidencia que este año ha habido mil 287 citaciones, 740 más que el año pasado. Aunque esto se explica por la derogatoria de las medidas sanitarias, que posibilitaron una mayor actividad parlamentaria.
No fue posible hacer una comparación con años anteriores, ya que algunas carteras manifestaban no contar con esa información. Además, los primeros dos meses y 15 días del año pasado transcurrieron sin pandemia, a diferencia del primer semestre de este año, en el que los contagios por coronavirus han sido temas de interés en el funcionamiento de todas las carteras.
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, considera que no se puede invocar una norma constitucional para justificar la falta de eficiencia en el desempeño de un ministerio.
“La Constitución dice que los ministros están obligados a asistir e, incluso, pueden delegar a sus viceministros. Hay ministerios que tienen hasta cinco viceministros”, dice Orellana.
Édgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que en la práctica algunos diputados han utilizado las citaciones como un mecanismo de presión contra ciertos funcionarios, y no con el ánimo de fiscalizar.
“Ha habido un mal uso del Congreso con las citaciones. A veces los diputados no citan con el objetivo de fiscalizar, sino de presionar”, dice Ortiz.
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