Dos empresas presentaron sus ofertas para la adquisición de cartillas en el IGM. GSI Guatemala, Sociedad Anónima, hizo la oferta por Q14.9 millones, mientras que la empresa Icard Solutions, Sociedad Anónima, por Q17.9 millones.
La primera de ellas fue rechazada por la comisión receptora aduciendo que no cumplía con los términos de referencia. Específicamente, se indicó que no cumplieron con presentar tres certificaciones ISO que establecían los términos de referencia y tampoco una certificación en sistemas de administración de alta seguridad para impresiones seguras a nivel gubernamental.
“Determinamos de manera unánime que el oferente no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia de la presente manifestación de interés, por lo que con base en las atribuciones concedidas consideramos que debe quedar fuera de la manifestación de interés y por ende continuar con la oferta que sí cumplió con los requisitos”, dictaminó la comisión receptora.
La comisión se integra por los funcionarios del IGM, Claudia Michelle de León, José Eduardo Alejos Rodas y Álvaro Orlando Lemus Castillo.
Proceso
El proceso de compra se realiza bajo la modalidad de proveedor único, que aplica cuando un bien o servicio solo lo ofrece una empresa en el mercado. Cuando en estos eventos se presenta más de una oferta, deben realizar una licitación o cotización, dependiendo del monto a adjudicar.
Sin embargo, como en esta ocasión se rechazó una de las ofertas, el proceso podría continuarse bajo la modalidad de proveedor único, explica el economista Erick Coyoy.
En Guatecompras constan dos inconformidades de GSI contra la resolución de la comisión receptora. Entre los argumentos está que se calificó las ofertas como si se tratara de un proceso de licitación, el cual es distinto a una adquisición bajo la modalidad de proveedor único.
“En este caso la junta receptora, contraviniendo la ley, procedió a abrir las manifestaciones y calificarlas como si se tratasen de ofertas de una licitación lo cual no se ajusta a ninguna normativa legal. Por lo tanto, el actuar de la junta receptora vulnera el principio de legalidad (…)”, expuso la empresa.
La primera inconformidad fue rechazada, mientras que la segunda que se presentó el pasado 24 de junio se encuentra bajo análisis.
Se consultó con el IGM qué proceso seguirían. Por medio de la oficina de comunicación social únicamente indicaron que el expediente está bajo análisis del despacho superior. “Hasta que no finalice el proceso establecido en ley, no se puede indicar el tiempo para la adjudicación. Debemos de ser respetuosos y cumplir con los procedimientos de ley”, respondió la institución.
Competencia restringida
La compra de las cartillas se caracterizó porque los requisitos de los términos de referencia limitaron la posibilidad de que más empresas ofertaran. El IGM pedía que el oferente debía acreditar que tenía la representación de una fabricante de pasaportes, cuya capital sea cien por ciento estatal durante los últimos 20 años y tener experiencia en la emisión de estos documentos por la misma cantidad de tiempo.
Ello motivó a las entidades Desincal, Sociedad Anónima y GSI a presentar dos inconformidades contra los requisitos de las bases, pero las dos fueron rechazadas.
Coyoy explica que la Contraloría General de Cuentas podría intervenir en este caso, como lo hizo en las primeras dos licitaciones que se lanzaron, pero es difícil que lo haga debido a la poca eficiencia que ha mostrado últimamente.
“Es muy difícil que la contraloría de oficio intervenga, sobre todo por lo pasiva que se ha mostrado. Hace unos años tenía una delegación en la oficina de Guatecompras para tener cercanía con las instituciones y poder ver estos eventos que pudieran presentar irregularidades, pero luego se retiró”, dijo Coyoy.
Hace dos semanas la contraloría informó que había iniciado una auditoría concurrente sobre el evento en mención. Estos procesos se inician siempre que se lanza una cotización o licitación y el fin es poder detectar si existe alguna anomalía, explicó el subcontralor del gasto público, José Ramírez Crespín.
Cuando se lanzó la manifestación de interés para este nuevo evento, el pasado 8 de junio, el IGM únicamente contaba con 58 mil 197 libretas ordinarias en bodega. Según el dictamen técnico, estas “representan menos de la cantidad necesaria para cubrir la demanda dentro y fuera del país” considerando que cada vez hay más actividad social.
