“D.N. sueña con estar en los equipos deportivos de la escuela secundaria, ya sea en futbol o voleibol. No puede imaginar la vida sin estas experiencias y siente que sería cruel quitarle esta oportunidad. D.N. ha vivido como una niña durante años y esta es su verdadera identidad”, argumentan sus abogados.
Según los demandantes, la ley SB 1028 es inconstitucional y va en contra de una ley federal, conocida como Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en las escuelas o programas educativos que reciben dinero federal, informaron medios locales.
Cuando firmó esta ley un acto público en Jacksonville (norte de Florida), DeSantis resaltó que ahora en Florida “las chicas van a jugar con las chicas y los chicos van a jugar con los chicos”.
De la prohibición solo se salvan las niñas transgénero de escuelas elementales. En el resto de competiciones escolares y deportivas femeninas patrocinadas por centros de enseñanza solo podrán participar deportistas que hayan nacido mujeres.
La ley se aprobó a pesar de las objeciones de sus opositores en el trámite parlamentario.
Las dos cámaras del Congreso floridano están dominadas por el Partido Republicano, al que pertenece DeSantis, quien es un seguidor del expresidente Donald Trump y en esta legislatura ha sacado adelante una batería de leyes de talante ultraconservador.
En la demanda presentada el martes en el Distrito Sur de Florida con el fin de lograr que la ley sea bloqueada, los abogados dicen que D.N. sería “marginada y condenada al ostracismo únicamente por su identidad de género” si no se le permitiera jugar en equipos femeninos.
Los contrarios a esta ley aducen que no solo es discriminatoria sino innecesaria y advierten de que va a alienar más a una comunidad, la transgénero, que ya está marginada.
Antes de esta ley existían en Florida normas de las asociaciones de deportes escolares para la participación de atletas transgénero.
Florida siguió los pasos de Idaho, Tennessee, Arkansas y Mississipi, donde ya se han aprobado legislaciones semejantes, en varios casos cuestionadas ante la Justicia, como va a pasar con la SB 1208, según anunció la organización Human Rights Campaign, la mayor organización de cabildeo político de la comunidad LGBTQ+.
